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Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

Fue un trámite largo. Un debate con chicanas y con posiciones enfrentadas. La voluntad mayoritaria de los senadores se encolumnó por la anulación de las leyes que garantizaron la impunidad a los crímenes de la dictadura. Claro que no faltaron los radicales que, tras enmarañados argumentos jurídicos, reivindicaron al extremo la sanción de las dos leyes de las que hoy el ex presidente Raúl Alfonsín supo decir que “no se sentiría ofendido si fueran anuladas”. Tampoco faltaron voces que hicieron acordar a lo que años atrás se conoció como el Partido Militar. Al cierre de esta edición el Senado se aprestaba a votar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Faltaban varios oradores, incluida la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, quien debía cerrar el debate.
La sesión empezó alrededor de las cuatro de la tarde. Fue maratónica y con una poblada agenda. Primero se aprobó (no sin debate ni sin ripios) darle rango constitucional a la Convención sobre los crímenes de lesa humanidad. Los senadores también prestaron su juramento como tribunal para enjuiciar al cortesano Eduardo Moliné O`Connor (ver nota aparte).
Luego comenzó a debatirse la nulidad definitiva de las leyes de la impunidad, dictadas durante el gobierno de Alfonsín.
Un día de furia
Hubo varios momentos propios de una comedia de enredos. “Pida un cuarto intermedio de 5 minutos en las bancas”, le señaló el titular del bloque del PJ, Miguel Pichetto al vicepresidente Daniel Scioli cuando este intentaba someter a votación la orden del día. Acababa de jurar la senadora cordobesa Norma Bermejo de García y los saludos dominaban el recinto. La confusión continuó cuando llegó el momento de votar los acuerdos al nuevo embajador en Bolivia, a un director del Banco Central y otros funcionarios. El dictamen no estaba en Secretaría y ante las dudas de Scioli, las principales espadas del peronismo le pidieron votarlo sobre tablas o bien que “lo fuera a buscar”. Los equívocos continuaron cuando se votó darle rango constitucional a la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”. Era necesario contar con el respaldo de 48 senadores. La primera votación fue a mano alzada y se logró la mayoría necesaria. Obstinado, el radical mendocino Raúl Baglini pidió que se reabriera el debate. Los peronistas se negaron pero cedieron ante la insistencia del radical. Baglini demostró que la buena oratoria puede estar al servicio de diversas causas. En esta ocasión la utilizó para atemorizar a sus colegas con “las sorpresas que podrían derivarse de la apertura de la caja de Pandora”. El mendocino también demostró que es un fiel lector del diario La Nación, ya que sus citas recurrentemente remitían a artículos del diario de los Mitre. Baglini hizo un panegírico de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y desde el fondo del arcón resucitó la teoría de los tres niveles de responsabilidad y de los “excesos en el cumplimiento de las ordenes”. Baglini intentó sin éxito, en nombre del bloque radical, que amén del convenio, se aprobara un proyecto que le negaba efectos retroactivos. Claro que a la hora de la votación ni Baglini, ni el santacruceño Carlos Prades, ni el santafesino Horacio Usandizaga, estuvieron en el recinto. Así, en la nueva votación, la Convención obtuvo rango constitucional por el voto unánime de los senadores presentes.
La nulidad
A diferencia de lo que hicieron sus correligionarios Diputados, los senadores radicales se mostraron dispuestos a votar contra la anulación deambas leyes. La voz cantante la llevó Baglini quien no pudo arrastrar a todos sus correligionarios. Varios legisladores que reportan a la UCR pero que suelen mostrar diferencias con la línea del bloque, volvieron a disentir con sus colegas al dar su voto positivo para anular el Punto Final y la Obediencia Debida. Tal el caso del pampeano Juan Carlos Passo, el porteño Rodolfo Terragno y los jujeños Gerardo Morales y Mónica Arancio. Todos ellos defendieron el contenido del Tratado y de la anulación de ambas leyes.
Los principales argumentos en contra de la nulidad los expuso Baglini. El mendocino no dudó en cuestionar la actitud del justicialismo frente a estas normas. “El oficialismo nos tiene acostumbrado a un movimiento pendular. En los años 90 privatizó la economía cuando tiempo atrás la había nacionalizado. Después apoyó los indultos, luego acompañó la derogación de estas normas y ahora quiere anularla. Por eso considero que hoy estamos frente a un acto brutalidad institucional a sabiendas que no lo permite la Constitución”. El voluminoso legislador terminó su discurso sin que ni uno de sus colegas de bancada se animara a aplaudir.
La provocación del radical no pasó desapercibida para el justicialista Pichetto. El rionegrino sostuvo que el mensaje de Baglini daba cuenta de “la fuerte frustración e impotencia que tiene el partido radical en la ejecución de la tarea de gobierno que los llevó a anticiparse a los plazos de los mandatos electorales”. Los radicales reaccionaron airadamente y para que no peligrara la continuidad de la sesión, el jefe del bloque del PJ prefirió abandonar la polémica y se concentró en la nulidad de las normas. “Aunque esta sanción pueda ser tachada de inconstitucional y hasta que tenga vicio de naturaleza política al momento de la sanción, no se puede negar que es una manifestación política del Congreso. Es un mensaje que tiene como destinatario fundamental el Poder Judicial”, confesó.
Duhalde también
Luego de Pichetto uno a uno los senadores de diferentes bancadas fueron enunciando sus posiciones. La mayoría estaba a favor de la nulidad. La porteña Vilma Ibarra, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos señaló que “un diputado que votó contra la nulidad de estas leyes dijo que nos estábamos metiendo en un berenjenal jurídico y procesal. Yo quiero decir que hoy, al sancionar la nulidad absoluta e insanable de estas leyes, estamos saliendo de un berenjenal ético, moral, político y jurídico y estamos construyendo una sociedad más justa para nuestros hijos”.
Cerca de la medianoche todavía había una decena de oradores esperando su turno, entre ellos la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, para el oficialismo la votación no peligraba y se animaban a asegurar que en la madrugada de hoy la nulidad de las leyes de impunidad serían un hecho. Un grano de arena había aportado durante la mañana Eduardo Duhalde, cuando se comunicó telefónicamente con Mabel Müller para pedirle que los duhaldistas acompañaran al gobierno en esta votación. Antes de esa llamada, tanto ella como Antonio Cafiero se oponían a la nulidad de las normas.