EL PAíS › JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN SAN LUIS

Una ex jueza reconoció “presiones”

La ex jueza penal de San Luis Ruth María del Socorro Gutiérrez de Mezano reconoció ante el Tribunal Oral Federal de esa provincia que recibió presiones durante la dictadura militar y que por ese motivo en 1977 presentó su renuncia al cargo. Según declaró, el juez federal Eduardo Allende le avisó por el portero de su casa sobre la muerte de Dante Bodo, acribillado por un comando militar, y le pidió que se presentara en la policía para cumplir con sus funciones, pero que no instruyó causa alguna sobre el hecho.

La abogada dijo que presentó su renuncia al cargo en 1977 “presionada por el gobierno militar de la provincia, que necesitaba alguien más confiable”, pero no pudo explicar al TOF por qué no intervino legalmente como jueza en la muerte del ciudadano villamercedino acribillado por un comando militar en la puerta de su casa, el 11 de abril de 1976. La mujer relató que luego de ser alertada del hecho se dirigió a dependencias de la policía provincial, en Villa Mercedes, donde fue atendida por el capitán Otero, quien le dijo que el juez federal “ya estuvo aquí”, y que como “teníamos claro que todo lo que tenía que ver con la subversión era de competencia federal, me retiré del lugar”.

Tras reconocer que “sí pude haberle autorizado al fiscal el retiro del cuerpo de Bodo para su sepultura por cuestiones humanitarias”, agregó que todo lo que podía aportar sobre ese hecho y el de la muerte del profesor Luis María Frum, ocurrida el 18 de junio de 1976 en la misma ciudad, es porque se enteró por comentarios de amigos y compañeros, ya que no actuó como jueza en ninguna de las dos circunstancias. Gutiérrez de Mezano, quien fuera posteriormente miembro del directorio de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), tampoco logró recordar los lugares señalados en Villa Mercedes como centros clandestinos de detención.

Ayer también declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis Reina Estrella Quintero de Murúa, ex jefa de guardia del servicio penitenciario provincial en 1976, que reconoció no haber recibido en la cárcel a Mirtha Rosales, ex detenida de la dictadura, porque “estaba muy golpeada, tenía la cara desfigurada”.

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