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Cuando Jorge Rafael Videla declaró como imputado el 6 de abril de 2011 en la causa por el homicidio del obispo Enrique Angelelli, se limitó a mencionar tres aspectos:

1. Que en audiencia concedida, el nuncio Pío Laghi le dijo: “Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de monseñor Angelelli fue producto (sic) por un accidente. Usted puede dormir tranquilo respecto de este asunto”.

2. Que hacía entrega al juez de documentación recibida de un ex colaborador (69 fojas en fotocopias).

3. Que ese ex colaborador era el coronel (R) Eduardo De Casas.

Lo que no agregó Videla es que el militar retirado había trabajado en la Policía Federal de La Rioja y era enlace con inteligencia del Ejército.

La documentación de Videla, en fotocopias sin firmas, era una recopilación de informes de la inteligencia militar que pretendía instalar la versión del “accidente fatal”. El juez Herrera Piedrabuena desestimó el valor de esos anónimos por no reunir requisitos de prueba indiciaria y calificó la maniobra como “‘operación’ tendiente a desviar la investigación”. Pero esos papeles revelaron el activo rol de la inteligencia militar y su preocupación ante el develamiento de la verdad sobre el asesinato de Angelelli.

La actuación del colaborador de Videla, el coronel Eduardo De Casas, empezó en julio de 1986, poco después de que el juez Aldo Morales resolvió que la muerte del obispo obedecía a un “homicidio fríamente premeditado”. Ante el interés del entonces obispo de La Rioja, Bernardo Witte, elaboró una estrategia para hacerle llegar un supuesto testigo directo que afirmaba la versión del accidente vial. Raúl Antonio Nacuzzi declaró ante el obispo Witte –no ante la Justicia– que el conductor era Arturo Pinto y el obispo Angelelli fue despedido por la puerta del acompañante al volcar. Nacuzzi, fallecido, tuvo vinculaciones con el Batallón de Ingenieros de La Rioja, según declaró su segunda esposa en el juicio Angelelli, el pasado 9 de mayo.

La generosa colaboración de los servicios de inteligencia con el obispo Witte avanzó con un peritaje mecánico extrajudicial realizado en 1988 por el coronel (R) Héctor Maximiliano Payba, Dir. Téc. EMGE (Estado Mayor General del Ejército), quien siguiendo la versión militar dio por supuesto que Angelelli no conducía la camioneta.

La segunda ofensiva de la inteligencia militar fue en 2006, cuando se reactivó la causa por el asesinato, después de anuladas las leyes de impunidad y se conmemoraron los treinta años del crimen. El presidente Néstor Kirchner, con motivo de los homenajes, afirmó en Chamical que lo habían asesinado los militares. Y el cardenal Jorge Bergoglio, revestido con la casulla roja martirial, dijo en la homilía en la catedral riojana ese 4 de agosto que Angelelli “fue testigo de la fe derramando su sangre”.

Un nuevo informe sin firma ni fecha calificó de “marxista-tercermundista” el impulso judicial de los querellantes. En esta nueva etapa, además del coronel De Casas, que mostró poseer un verdadero expediente paralelo, con papeles y fotos de Angelelli, algunos en original –según declaró un testigo en el juicio–, actuó el general (R) Jorge Norberto Apa, detenido y procesado en mayo de este año por 85 desapariciones y 20 secuestros en una investigación judicial a cargo de la jueza federal Alicia Vence, de San Martín. El general Apa fue jefe de Inteligencia Subversiva Terrorista del Departamento Interior de la Jefatura de inteligencia del Estado Mayor del Ejército en los años 1979 y 1980. Y siguió trabajando en su especialidad, aportando en la elaboración de otro informe sobre la investigación efectuada por el fallecimiento de Enrique Angelelli, bastante similar al anterior, según la carta del arzobispo Carmelo Giaquinta al coronel De Casas. Pero además desarrolló una intensa actividad hacia miembros destacados del Episcopado argentino. Y demostrando conocer internas episcopales, el 2 de agosto de 2006, con el epígrafe de “presidente” –sin especificar de qué–, envió una carta al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer: “Nos dirigimos a S.E.R., en cumplimiento de un deber de elemental prioridad ética, ante lo que consideramos una clara maniobra para involucrar a la Iglesia Católica en un hecho de evidente falsedad. Nos referimos a la muerte de monseñor Enrique Angelelli, que se está instrumentando como martirio, ubicando como autores de su muerte a miembros de las FF.AA. Adjuntamos para su conocimiento la información documentada (copia fiel del original) que demuestra que la muerte fue claramente un accidente. Si la jerarquía católica desconociese esa circunstancia, sería víctima de una maniobra perversa y, como tal, plena de injusticia. Hemos considerado que la magnitud y gravedad del hecho en análisis amerita su conocimiento por las más altas autoridades de la Iglesia. En consonancia con esto le hacemos saber que esta información le fue entregada al señor cardenal primado, monseñor Jorge Bergoglio, con fecha 3 del corriente”. Nótese que la carta fechada el 2 de agosto da cuenta de una entrega de documentación aún no enviada. Un nuevo embate de inteligencia para insistir ante la jerarquía eclesiástica en la versión del accidente.

El mismo general Apa se presentó ante otros obispos sin identificarse con rango militar sino como “Sr. Jorge Norberto Apa, presidente del Centro de Estudios Históricos Verdad y Dignidad”, después de la creación de la Comisión Episcopal ad hoc “Monseñor Enrique Angelelli” que presidió Giaquinta hasta su fallecimiento. Y es mencionado por éste en la carta al coronel De Casas. En esa carta, según los papeles de Videla, también le agradeció la visita para reunirse con la mencionada comisión en “El Cenáculo - La Montonera”, previa a la Asamblea Episcopal del 9 de abril de 2008. Esta intensa actividad de inteligencia, además de ser usada ahora por los defensores de los imputados, ha influido sobre la mayoría de los miembros del Episcopado, que hasta el momento soslayó pronunciarse públicamente.

* Querellante en la causa judicial por el asesinato de Angelelli.