Juan Olivero y Hugo Cardozo, ambos de 56 años, recuerdan con nitidez la misma escena en la que junto con otros presos de la cárcel de Devoto empezaron a arrimar las camas contra las rejas de las celdas y a poner los colchones lo más alto posible porque no encontraban otra forma de frenar la balacera de los agentes penitenciarios y complicarles la visión. El preámbulo del ataque había sido una razzia más violenta que de costumbre, entre golpes e insultos. Bajo la lluvia de proyectiles, los colchones se convirtieron en llamas y todo se llenó de humo. Hubo por lo menos 64 muertos en aquella masacre, ejecutada el 14 de marzo de 1978, la Masacre del Pabellón Séptimo. Sobrevivientes y familiares de víctimas, representados por la abogada Claudia Cesaroni, reclamarán hoy en una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal que aquellos hechos sean considerados como delitos de lesa humanidad y que, como tales, se investiguen en el fuero federal. “Hasta ahora nos lo han negado con el argumento de que éramos presos comunes, no presos políticos. Esperamos que no nos cataloguen como seres inferiores, la dictadura ejecutaba al que se le antojaba”, dice Cardozo.

Las muertes de la Masacre del Pabellón Séptimo nunca tuvieron responsables penales. Cuando se conocieron los hechos, en plena dictadura, fueron presentados como un motín. Inicialmente los jueces que tuvieron a cargo la causa tomaron la versión del Servicio Penitenciario Federal, que lo describía como un alzamiento. El caso quedó cerrado.

En una investigación sobre los puntos de contacto entre los presos comunes y políticos en la última dictadura, Cesaroni dio con algunos sobrevivientes. Cardozo fue el primero en pedir la reapertura del caso, a comienzos de 2013. El 21 de marzo último, el juez federal Daniel Rafecas ordenó reabrir el expediente en una resolución en la que sostuvo que los hechos fueron graves violaciones a los derechos humanos (que no prescriben), pero rechazó calificarlos como crímenes de lesa humanidad. Sostuvo, además, que deben ser investigados por la Justicia ordinaria, no por los tribunales federales. Para las víctimas y familiares fue un avance, pero no los dejó satisfechos y decidieron apelar. En la audiencia que se hará hoy en la Cámara tendrán la posibilidad de dar sus razones.

Cesaroni explicó a Página/12: “Entendemos que este hecho cumple con los requisitos del Estatuto de Roma para decir que es un delito de lesa humanidad, ya que la definición incluye torturas y asesinatos cometidos en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, y además se basó en la certeza de impunidad con que contaban el Servicio Penitenciario”. “El juez Rafecas entendió que el objetivo de la dictadura era perseguir por las ideas políticas, pero para nosotros es una mirada restringida. No perseguía sólo militantes políticos, sino cualquier gesto de rebeldía”, argumentó. La abogada explicó también que el juez no tuvo en cuenta los testimonios de cinco sobrevivientes, otros dos presos, familiares y las diez presas políticas que se encontraban en un pabellón vecino, que declararon ante el fiscal Federico Delgado.

La especialista recuerda que el primer tribunal en decir que el caso no era federal sino ordinario fue la Corte Suprema de la dictadura. Sin embargo, acota, “la Corte actual ha tenido otro criterio en casos aplicables: dijo que una muerte por falta de atención médica en el complejo federal 1 de Ezeiza debía ser investigada en el fuero federal por tratarse de un establecimiento penitenciario federal y porque hay una ley que establece que lo prevé ante hechos que podrían corromper el buen servicio de funcionarios de la Nación. Si matar o dejar morir quemadas a 64 personas no es corromper ese buen servicio ¿qué lo es?”. Por último, Cesaroni recuerda que junto con el colectivo jurídico que promueve la investigación, presentaron una denuncia por un posible desaparecido que estaba preso en Devoto en el momento de la masacre pero se perdieron rastros de él, un militante uruguayo llamado Jorge Hernández Rodríguez. Antes había estado secuestrado tras una protesta en una fábrica de Dock Sud.

Juan Olivero contó a este diario cómo veía a sus compañeros caer heridos o asfixiados el día de la masacre. “A uno de ellos directamente recuerdo que le dispararon en la cabeza”, dice. “Todo había empezado con una requisa donde no eran cincuenta como siempre, eran como ochenta. Puteaban y tiraban patadas. En un momento nos tiraban desde un sector de arriba con ametralladoras y lanzagases”, cuenta. El estaba preso desde 1975 y salió en libertad en 1983. Hoy trabaja de albañil y pintor. La noche anterior habían tenido una discusión con los guardiacárceles por el horario de ver televisión. Así lo recuerda también Cardozo, quien contextualiza los hechos: “Justo estábamos cerca del Mundial, que mostraría a la Argentina como un país glorioso; seguramente querían disciplinar a las presas políticas de los pabellones cercanos. A ellas, después de la masacre, les decían ‘quédense piolas, miren lo que les pasó a los del séptimo”. Cardozo estaba preso desde 1977 y lo habían llevado por un robo en Capital a la cárcel de Devoto, de donde salió seis años después.