El ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani cumple años. Hoy celebrará 61 otoños y solicitó al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, que autorice una visita de acercamiento familiar para pasarlo con sus hijos, en la localidad misionera de Jardín América, distante a 800 kilómetros de su lugar de detención. El pedido generó preocupación entre los organismos de derechos humanos, que ya en ocasiones anteriores han manifestado su oposición a este tipo de traslados, aunque ahora con el agregado de que hace unos días recibieron una información advirtiendo que el represor habría montado una logística para fugarse mientras dure su permanencia en Misiones. El dato proviene de ex detenidos políticos misioneros, quienes aseguran que el plan de Appiani es “un secreto a voces” en Jardín América, donde viven los hijos del represor desde 1998. Se trata de una localidad cuyo motor económico es la actividad forestal y de cultivo de yerba mate, erigida a orillas del río Paraná y a ambos márgenes de la Ruta Nacional 12, la carretera que extiende su traza hasta la triple frontera.

El abogado querellante Marcelo Boeykens admitió a Página/12 que, “por tratarse de un secreto a voces, no existen pruebas que certifiquen la denuncia”, pero aseguró que “no hay dudas de la información que nos hicieron llegar los organismos de derechos humanos de Misiones respecto de que Appiani tiene aceitados todos los mecanismos para concretar su fuga”. En esa línea recordó que Appiani era socio de Jorge Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad en San Juan y prófugo desde hace casi un año cuando se escapó del Hospital Militar Central. “Appiani posee medios económicos por demás suficientes como para preparar y sostener una eventual fuga”, enfatizó Boeykens.

Las visitas de acercamiento familiar están previstas en la ley de ejecución de penas como medida para el mantenimiento y reforzamiento de los vínculos familiares y sociales de la persona privada de libertad. Con ese fundamento, el juez Ríos autorizó hace tres meses a Appiani a visitar a sus hijos. Ese fue su último viaje. Aquella vez, el magistrado dispuso que el traslado se realice “bajo segura custodia y estrictas medidas de seguridad” y que, mientras dure su permanencia en Misiones, el represor sea alojado en la Colonia Penal Nº 17 de La Candelaria, a 74 kilómetros al sur de Jardín América.

En un escrito presentado esta semana ante el juez Ríos, los querellantes cuestionaron que Appiani permanezca en una cárcel “que no cuenta con medidas de seguridad que permitan el alojamiento de un imputado por delitos de lesa humanidad”, puesto que se trata de “una unidad de mediana seguridad, y cuya concepción ha sido pensada para condenados en fases previas a la libertad y no para reos que aún no han sido condenados”. Asimismo advirtieron que tanto la cárcel como la localidad donde viven los hijos de Appiani se encuentran emplazadas a orillas del río Paraná, que constituye un límite natural con el Paraguay, “acrecentando aún más el peligro de fuga, justamente cuando en ese país, y otros de la región, aún se debate sobre la prescripción o no de los delitos de lesa humanidad, lo que tornaría en imposible una eventual extradición”.

Appiani está detenido en la cárcel de Paraná desde el 4 de junio de 2009 e imputado por delitos de lesa humanidad en la megacausa Area Paraná, que se tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, que prevé actuaciones escritas. Está acusado como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, vejaciones y apremios ilegales contra 8 víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos de la capital entrerriana. En 1976 y 1977 tenía el grado de teniente primero y se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. En esas parodias de juicios era quien confeccionaba las declaraciones autoincriminatorias que luego les hacían firmar a las víctimas del terrorismo de Estado.

Ese aspecto también fue puesto de resalto por los querellantes en su escrito, al señalar que el proceso “está entrando en la última etapa del juicio por el cual se encuentra imputado (Appiani), lo que lleva a que se extremen las medidas de seguridad”, e insistió en que esa circunstancia “no sólo no desvirtúa la presunción legal de fuga sino que la incrementa por el momento en que la solicita y por el lugar al que la solicita”.

La causa Area Paraná es la que concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de la última dictadura en Entre Ríos: tiene 52 víctimas, se investigan 5 desapariciones y hay 8 represores procesados. Appiani, en ejercicio de su autodefensa, fue en gran parte responsable de las dilaciones que sufrió una investigación que ya lleva más de una década. La semana pasada fue autorizado a concurrir durante seis días, entre las 8 y las 12, al Juzgado Federal para revisar el expediente a fin de poder elaborar su descargo a las acusaciones que le formularon los fiscales y querellantes, y también se le permitió acceder en horario vespertino a la biblioteca de la cárcel, donde hay una computadora con conexión a Internet, impresora y discos extraíbles.

El antiguo Código de Procedimientos prevé que tras los descargos de las defensas se abra una etapa de producción de prueba, en la cual las víctimas esperan poder dar testimonio en instancias públicas; luego las partes realizarán el pedido concreto de pena y el juez estará en condiciones de dictar sentencia, algo que se espera ocurra este año.