El fiscal general federal de La Rioja, Horacio Salman, negó haber pedido el sobreseimiento del jefe del Ejército, César Milani y, aunque afirmó que hasta ahora “no hay pruebas” en contra del militar, sostuvo que pidió al juez que “se siga investigando” la causa que involucra a Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales y su presidente, Horacio Verbitsky, habían criticado que Salman solicitara la “nulidad del requerimiento” de instrucción que había presentado otro fiscal. Ayer, el organismo de derechos humanos le respondió al jefe del Ejército, quien había difundido un comunicado con sus argumentos sobre el expediente judicial. Señaló que Milani invocó la “obediencia debida” y que “es necesario que la causa avance”.

Desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que “nadie obstaculiza” la investigación judicial sobre el jefe del Ejército.

Milani afirmó el domingo que no es cierto que goce de “impunidad” por su cargo y dijo que en la causa que se tramita en La Rioja no pudo “ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa”.

En una entrevista publicada en el diario El Independiente, de La Rioja, Salman afirmó que el requerimiento es nulo porque no tiene imputado (figura como NN) y que, como no hay imputado, no pudo pedir el sobreseimiento de Milani, pero que él solicitó que la causa se siguiera investigando y que de todas formas queda la instancia de la Cámara federal de Córdoba y la Corte Suprema.

“Todos los planteos defensistas del jefe del Ejército son la evidencia de que hay mérito para continuar la investigación. Milani afirma que su versión de los hechos está probada. Eso no es así, ya que la Justicia no ha determinado ni la verdad ni la falsedad de la denuncia por violaciones a los derechos humanos en La Rioja que involucra a Milani. Por eso es necesario que la investigación judicial avance”, señaló el CELS en un nuevo comunicado difundido ayer.

El organismo de derechos humanos afirmó que “el jefe del Ejército sostiene que en el momento del secuestro de Pedro y Ramón Olivera tenía 21 años y no ocupaba un cargo de mando, y que esos dos hechos lo eximen de responsabilidad. Estos argumentos reproducen, sin mencionarla explícitamente, la noción de obediencia debida. Ni la edad que tenían los integrantes de las Fuerzas Armadas ni su rango en ese momento son atenuantes reconocidos en las sentencias confirmadas por la Cámara de Casación y oportunamente por la Corte Suprema”.

“Dice que desconocía que el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja y el juzgado federal eran parte del circuito represivo. Milani sostiene que no existe privación ilegítima de la libertad porque el hecho que denuncia Ramón Olivera fue un traslado de una cárcel provincial a un juzgado federal y que él desconocía la ilegalidad de esas acciones. La jurisprudencia sostiene que el Instituto de Rehabilitación Social funcionó como centro clandestino de detención en el que convivían detenidos legales con detenidos-desaparecidos. Está documentado que tanto las víctimas como las Fuerzas Armadas sabían que el IRS era parte del circuito represivo de la provincia”, sostuvo el CELS.