Domingo, 8 de junio de 2014 | Hoy
EL PAíS › MAÑANA VA A DECLARAR EN PERSONA Y NO POR ESCRITO ANTE EL JUEZ LIJO
En una audiencia que puede ser record de duración y que el vicepresidente quiere que sea lo más pública posible, va a refutar punto por punto las acusaciones en el caso Ciccone. Los videos que no existen, las llamadas a cuestionar y la rara situación procesal de los imprenteros.
Por Raúl Kollmann
Amado Boudou no presentará un escrito contestando las acusaciones: lo hará con su propia voz, punto por punto, y responderá todas las preguntas que le hagan. En su entorno dicen que “si en esta causa hubo testimoniales que llevaron seis horas, no es descabellado que esta declaración dure doce”. Así se presenta la indagatoria del vicepresidente mañana a las once en el despacho del juez Ariel Lijo. El magistrado le dirá al vicepresidente que fue dueño oculto del fondo, The Old Fund y, por esa vía de la Calcográfica Ciccone. Para sostenerlo, le exhibirá evidencias originadas en algunos testimonios y en un entrecruzamiento telefónico. Lijo afirma que Boudou fue parte de una sociedad, también oculta, con su amigo y socio José María Núñez Carmona y con Alejandro Vandenbroele, quien figuró como titular de The Old Fund y de Ciccone. El vicepresidente reiterará que no conoce a Vandenbroele, que jamás habló con él, que no tuvo comunicaciones de ninguna naturaleza ni con Vandenbroele ni con The Old Fund, que no es propietario de nada y que Lijo interpreta equivocadamente las llamadas.
Quien está a cargo de la organización de la llegada y partida del vicepresidente es el titular de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, responsable del funcionamiento del edificio. Está previsto que Boudou entre y salga con el auto directamente al edificio. Habrá un estricto control de quienes transiten por los pisos y la idea es que los periodistas tampoco puedan ingresar, sino que esperen afuera y el vicepresidente se acerque si así lo desea. Está previsto que haya algún tipo de movilización afuera, por lo que también se dispuso un operativo policial para evitar cualquier incidente. Será, obviamente, sin portación de ningún tipo de armas.
No es obligatorio desde el punto de vista legal, pero se supone que Lijo les indicará a Boudou y a sus abogados –Diego Pirota, Eduardo Durañona y Déborah Lichtman– cuáles son los delitos que se le imputan. La lógica es que le impute negociaciones incompatibles con la función pública, lo que consiste en que Boudou hizo gestiones por una empresa en la que tenía intereses. Sin embargo, en las últimas semanas, el juez hizo trascender que también contemplaba el delito de cohecho, es decir coima. El razonamiento es que para salvar a Ciccone, que estaba quebrada, Boudou habría pedido el 70 por ciento de la empresa. El juez asocia esa maniobra a una coima. Un dato extraño del comportamiento de Lijo es que, al menos por ahora, dejó a un costado todo lo que tiene que ver con el movimiento de dinero en el caso Ciccone, algo estrechamente ligado a quien fue su propietario. Además, de por medio podría estar el delito de lavado dinero.
El propio Boudou deja entrever que Lijo no quiere tocar el punto del origen del dinero porque sabe que el vicepresidente no aportó esos fondos y que, por lo tanto, no es el dueño. En el expediente por la expropiación posterior de la imprenta, quien dice que puso el dinero es el financista Raúl Moneta.
Cuando Lijo citó a la indagatoria, detalló algunas de las evidencias, aunque se supone que mañana exhibirá más. Una de las claves es que dio por probado que Boudou se reunió con los Ciccone al menos en dos oportunidades para redondear el acuerdo. Boudou sostiene que uno de los encuentros, en un estudio de Telefe, consistió en un saludo y que él ni siquiera sabía quién lo saludaba. Gabriel Bianco, el empleado de Telefe que llevó a los Ciccone al estudio, ya testimonió y más bien le da la razón al vicepresidente. “Yo no lo conocía a Boudou lo suficiente para hacer esa presentación”, dijo Bianco. La otra reunión, en el restaurante I-Market de Puerto Madero, según el vicepresidente nunca existió. Quienes aseguran que los encuentros se concretaron son los Ciccone, pero ahora el juez los pasó de testigos a imputados, por lo que es muy dudoso que el magistrado pueda usar esos testimonios, entre otras cosas porque están cuestionados en la Justicia. De forma extraña, Lijo se apuró a convocar la indagatoria –según Boudou lo hizo por presión mediática para tapar el efecto del acuerdo con el Club de París– cuando la Cámara de Apelaciones estaba por resolver sobre las declaraciones de los Ciccone. No sólo el vicepresidente, sino el fiscal Jorge Di Lello cuestionaron la actuación del juez: sucesivamente pasó a los Ciccone de imputados a testigos, luego los aceptó como querellantes, luego revocó el papel de querellantes, pero consideró que eran víctimas y ahora los volvió a imputar.
Este diario consultó con varios juristas sobre la utilización del testimonio de los Ciccone en la indagatoria de mañana. Todos coincidieron en que no debería usar lo declarado bajo juramento cuando ahora están imputados. Y corre el riesgo de que las instancias superiores terminen anulando las declaraciones, como pidieron el fiscal y la defensa. Habrá que ver cómo prueba Lijo la existencia de un acuerdo de Boudou con los Ciccone sin el dudosísimo testimonio de los propios Ciccone.
Una de las cartas que tendría el juez, según hizo trascender, es un entrecruzamiento de llamadas. Lo que se dice es que habría al menos dos llamadas del secretario de Boudou a Vandenbroele y otras a un celular que está a nombre de The Old Fund. La defensa de Boudou afirma que las dos comunicaciones fueron a un departamento que era de Boudou y que las llamadas son de unos pocos segundos. El secretario tenía registrado ese número en su celular como perteneciente al vicepresidente –porque antes vivió allí– pero las comunicaciones no se establecieron. Cortó al darse cuenta de que estaba llamando equivocado. Respecto de un celular de The Old Fund, los abogados sostienen que no lo usaba Vandenbroele sino un abogado de Mar del Plata con el que el vicepresidente tenía trato.
El elemento clave es que Boudou reafirma que no conoce ni tuvo trato nunca con Vandenbroele o con The Old Fund. Y lo cierto es que pese a que la ex esposa de Vandenbroele afirma que su marido era testaferro de Boudou, no se ha encontrado ningún vínculo sólido: ni testigos que los hayan visto juntos, ni fotos ni llamadas. Un video que se mencionaba como cierto, de un almuerzo en el Palacio Duhau, resultó inexistente.
A esto se agrega que la defensa de Boudou va a insistir en cinco documentos firmados por los Ciccone, incluso ante escribano, en el que hacen acuerdos con Vandenbroele sobre la imprenta. Los Ciccone afirman que los firmaron por temor, porque estaban amenazados, pero nunca hicieron ninguna denuncia. Los letrados del vicepresidente afirman que la operación de rescate de la imprenta se hizo por acuerdo entre los Ciccone y Vandenbroele y que éste consiguió los inversores, que no son amigos de Boudou ni Boudou mismo como piensa el juez.
Cuando imputa el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Lijo alude a que Boudou hizo gestiones para que se levantara la quiebra de Ciccone y, de esa manera, concretar el traspaso a la sociedad que –según el juez– él mismo integraba con Vandenbroele y Núñez Carmona. Boudou, por entonces ministro de Economía, firmó un dictamen a raíz de una consulta de la AFIP. En un escrito en el que contestó al llamado a indagatoria, el vicepresidente reiteró que él no le dijo a la AFIP que debía otorgar el plan de pagos, sino que contestó que tenía que resolver el propio ente recaudador. Pero, además, la AFIP ni siquiera otorgó ese plan de pagos, sino que lo rechazó. Después le concedió otro a Ciccone, muy parecido al que se otorgó a muchas otras empresas, entre ellas Frávega. Todo esto será materia de controversia.
Nada será sencillo en Comodoro Py este lunes. Boudou insistirá en que se filme o se grabe la indagatoria. Quiere que el proceso sea lo más público posible. El juez ya denegó la televisación y habrá que ver qué dice respecto de estos planteos. En principio está previsto que no entren cámaras ni haya fotógrafos en los pasillos. Es seguro que habrá una intensa batalla por la imagen: estarán los que aceptan la decisión de Borinsky y los que van a tratar de tomar imágenes.
Si, además, como presagia la defensa, la declaración bate records de extensión, la jornada promete ser de las más tortuosas que se recuerden en Tribunales.
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