El vicepresidente Amado Boudou declaró ayer durante más de seis horas ante el juez Ariel Lijo. En el noventa por ciento de ese tiempo respondió él mismo, punto por punto, la imputación que le formuló el magistrado que investiga si se cometieron ilícitos durante el rescate de la empresa Ciccone. Recién al final le hicieron algunas, pocas, preguntas. A lo largo de su exposición, dijo que era absurdo considerar que él fuera dueño de la calcográfica, que en torno a esa empresa hubo un movimiento de millones de pesos y que el magistrado nunca investigó ese movimiento de fondos. Boudou sostuvo que la imprenta y el fondo que la rescató, The Old Fund, son de los mismos Ciccone, “tal como figura en documentación, firmada ante escribano que consta en la causa”. Los fondos fueron aportados según Boudou por el financista Raúl Moneta “que habitualmente realiza operaciones como esas”. Si no le devolvían el dinero, Moneta se quedaba con Ciccone, de acuerdo a la documentación. El vicepresidente le recordó al juez que no dio opinión ni a favor ni en contra de un plan de pagos pedido por la calcográfica a la AFIP: “usted dice que mi opinión fue determinante. Lo concreto es que la AFIP no le otorgó ese plan de pagos. E hizo bien”.

Según las fuentes consultadas por este diario, la indagatoria no fue hostil ni de altos niveles de tensión. El vicepresidente fue vehemente y él mismo había estudiado el expediente hasta en sus mínimos detalles. En los tres días previos trabajó durante largas horas con sus abogados Diego Pirota, Eduardo Durañona y Deborah Lichtman. A lo largo de la jornada, hubo chances de breves interrupciones. Una vez para comer empanadas de carne y jamón y queso, que –afirman– fueron pagadas por el juzgado. Las otras dos interrupciones fueron para tomar café. Un observador independiente de la indagatoria le contó a este diario que “Boudou contestó a todo. Declaró bien”, fue el resumen. Por supuesto que la defensa del vicepresidente señaló que la declaración fue “demoledora” y coincidieron en que el ambiente fue “amigable”. El acta que resume lo declarado por el vicepresidente tiene 37 páginas.

Dueños

El punto central de la exposición de Boudou fue la propiedad de Ciccone. El juez se la adjudicó al propio vicepresidente, a su amigo José María Núñez Carmona y al abogado Alejandro Vandenbroele. Lijo sostiene que Vandenbroele es conocido de Boudou y Núñez Carmona.

Aunque fue la última pregunta de la jornada, Boudou reiteró que no conoce a Vandenbroele.

Pero lo más significativo es que el vicepresidente hizo eje en la propiedad de The Old Fund, el fondo que rescató a Ciccone. “Esto se ve claramente en la documentación. Dusbel y European Advisory están a nombre de Guillermo Reinwick, integrante de la familia Ciccone. Y hay un contrato entre Reinwick y Vandenbroele para rescatar la imprenta en el que también queda claro de quién es la empresa, porque una vez pagados los préstamos el 100 por ciento de las acciones vuelven a Reinwick, es decir a la familia Ciccone”.

Boudou insiste en que “los Ciccone no pueden decir que los amenazaron para firmar esos papeles. A nadie lo amenazan para quedarse con un activo valioso como era la imprenta. Y ahí firman para quedarse con ese activo”.

El vicepresidente, además, explicó paso por paso cómo fue la operación financiera, con Raúl Moneta como protagonista. “Ya hizo operaciones similares con una distribuidora de YPF, con los medios de comunicación del CEI y en varios otros casos. Pero, además, los Ciccone habían intentado algo similar con el Fondo Fintech, con Aeropuertos Argentina 2000 y con la empresa Boldt. Es decir, operaciones de rescate donde ellos se quedaban con la empresa”.

Boudou cuestionó seriamente que Lijo haya aceptado a la familia Ciccone como testigo: “dicen que tuvieron miedo, que los amenazaban. Ellos que negociaron con la dictadura, con países africanos, son socios de Luis Barrionuevo en el restaurante Osaka, son más de amenazar que de ser víctimas”.

En concreto, la mecánica de la que habló ayer Boudou es que los Ciccone pusieron a un especialista, Vandenbroele, a cargo de rescatar la empresa. El abogado tiene una larguísima experiencia en ese tipo de salvatajes. Se hizo un acuerdo con Moneta –en otro escrito presentado ayer, Boudou también afirma que participó Jorge Brito– que proveyó el dinero para sacar a la empresa de la quiebra, a cambio de intereses del tres por ciento mensual. Si no le devolvían el dinero, Moneta se quedaba con la empresa. Si el salvataje resultaba exitoso, el cien por ciento de las acciones quedarían en poder de los Ciccone. Una prueba clave es que Moneta reclama en dos juzgados los fondos que aportó y que terminaron en la calcográfica que finalmente fue estatizada.

Impuestos

Un punto clave de la imputación de Lijo es que Boudou habría operado a favor del otorgamiento de un plan de pagos por la sideral cifra de impuestos que debía Ciccone. El elemento decisivo para el magistrado es un dictamen que le pide la AFIP al entonces ministro de Economía sobre si otorgar o no el plan de pagos.

Boudou puso como ejemplo que la AFIP pidió y consiguió 513 quiebras en aquella época por deudas impositivas. “Era una estrategia recaudatoria”, recordó el vicepresidente. Y también Boudou recordó que en 30 casos la propia AFIP pidió el levantamiento de la quiebra, a cambio de planes de pago.

“Hubo muchísimos antecedentes, hechos anteriores en el expediente Ciccone: se pidió la quiebra, se pidió el alquiler de las máquinas. No influí ni me interesé en el caso. El propio Guillermo Capdevila (quien preparó el dictamen firmado por Boudou) sostuvo bajo juramento que nadie le dio órdenes ni lo apuraron y que él se expidió de acuerdo a las leyes. Que tuvo en cuenta la cantidad de puestos de trabajo. Yo no influí a favor de ningún plan y, en cualquier caso, si usted, señor juez, dice que mi postura era determinante, lo cierto es que el plan de pagos no se otorgó. Fue rechazado por el titular de la AFIP. Yo apruebo totalmente cómo actuó”.

Política

“Lo que pasa en este juzgado es producto de mi actividad política –dijo Boudou– y no se debe a que yo haya cometido algún delito. Buscan sacarme de la vida política y desprestigiar a este gobierno”. Este fue uno de los tramos en que el vicepresidente evaluó como un linchamiento mediático la causa Ciccone.

Al mismo tiempo, mencionó que los gobiernos anteriores, en especial el de Eduardo Duhalde y el de Fernando De la Rúa fueron los que desmantelaron la Casa de Moneda. Es que buena parte de la causa Ciccone gira alrededor de la idea de que se buscaba desmantelar la Casa de la Moneda para que Ciccone tuviera buenos contratos y fuera un mejor negocio. Boudou señaló, con datos, cómo durante la administración De la Rúa se había puesto al frente de la calcográfica a gerentes de Boldt, una empresa ligada al juego en la Provincia de Buenos Aires. Y cómo luego Duhalde le quitó a la Casa de Moneda la prerrogativa de tener prioridad en las contrataciones del Estado, lo que le produjo una fuerte crisis. Por último, sostuvo que no tuvo nada que ver con el rechazo a una compra de maquinaria para la Casa de la Moneda, supuestamente para beneficiar a Ciccone: “nadie nunca me pidió un aval, que hubiera requerido una ley nacional. Pero además, las máquinas después se compraron sin necesidad de ese aval. Fue durante la gestión de Néstor y Cristina cuando se produjo la recuperación de la Casa de Moneda. Y respecto de los contratos de impresión de billetes, las decisiones eran en aquel momento del Banco Central que, huelga decir, tenía el máximo nivel de autarquía, basado en su famosa carta orgánica”. Al retirarsse, aclaró que solo había hecho una defensa “jurídica” y que pedirá una ampliación de la indagatoria para aclarar los puntos políticos.