La reunión entre representantes del gobierno de San Pablo y del sindicato de trabajadores del subte de la capital terminó sin acuerdo. Con eso, muchos habitantes de la ciudad más poblada y rica de Sudamérica se acostaron ayer sin saber si hoy habría subte. A las nueve de la noche, el sindicato decidió que se suspende la huelga por dos días. Si las nuevas exigencias no son atendidas, es decir, si los cesanteados no son readmitidos, el servicio se suspenderá otra vez, y será el mismo día del partido inaugural.

Pasado mañana el Mundial tiene su partido de estreno precisamente en San Pablo, en un estadio donde o se llega en subte o se enfrenta el caos absoluto en el tránsito. Si la huelga sigue, será un desastre. Los huelguistas lo saben. Con cada día de huelga, y van cinco, son perjudicados alrededor de cuatro millones de personas. Es verdad que ayer el movimiento se había vaciado considerablemente, pero aun así el caos volvió a imperar y por lo menos dos millones de usuarios del subte tuvieron que buscar otros medios de transporte. Al comienzo de la noche, la mayoría de las estaciones de subte estaban abiertas, pero el número de formaciones circulando todavía era inferior al 30 por ciento de lo normal. El gobierno provincial tomó una medida de fuerza: 42 (primero, se dijo que eran 61; luego, y sin explicaciones, se corrigió) trabajadores fueron cesados de forma inmediata. Hubo enfrentamientos duros entre piqueteros y policías y 13 personas fueron detenidas.

La Justicia laboral, a su vez, determinó que la huelga es ilegal y abusiva, y aplicó al sindicato multas que, sumadas, ya alcanzan los 400 mil dólares. Validó, además, el ajuste salarial ofrecido por el gobierno, de 8,7 por ciento (frente a una inflación de 5,81 por ciento). Los huelguistas exigían 12,2 por ciento.

En la reunión de la tarde de ayer con la secretaría provincial de Transportes, los dirigentes sindicales señalaron que podrían aceptar el ajuste determinado por la Justicia, pero dijeron que sólo suspenderían la huelga si los despidos de empleados fuesen revertidos. El gobierno se negó.

De las cuatro líneas de subte de San Pablo, una es privada (opera bajo sistema de concesión) y las demás son públicas. La huelga afectó solamente a las líneas públicas, administradas por el gobierno provincial. El sindicato de la categoría es controlado por un minúsculo partido de la izquierda radical, de ínfima representatividad parlamentaria, PSTU.

El presidente del sindicato de trabajadores del subte, Altino Prazeres, asegura que la huelga no es política, y que el gremio quiere que el Mundial se realice de manera tranquila. Cómo, si las personas no tendrán el subte para llegar al estadio, Prazeres no lo explicó.

Mientras, el gobierno conservador de la provincia entendió que la inmensa mayoría de la población reprocha las exigencias de los huelguistas, consideradas abusivas, y optó por endurecer las negociaciones. Cualquier muestra de debilidad tendrá reflejos en la disputa electoral de octubre, cuando el actual gobernador, Geraldo Alckmin, vinculado con el Opus Dei, buscará mantenerse en su puesto.

También ayer, al final de la tarde, los trabajadores del subte de Río convocaron una asamblea para decidir si declaran la huelga hoy. Si se deciden por suspender los servicios del subte carioca, se sumarán a la fuerte oleada de huelgas y movilizaciones de protesta en las vísperas del Mundial de Fútbol. En Río, sin embargo, el subte tiene un peso mucho menor, en lo que se refiere al transporte urbano, que en San Pablo.

Faltando pocos días para el partido inaugural, existe la tensa expectativa de que nuevas huelgas sean declaradas en las ciudades que serán sedes del Mundial. Pero mientras paralizaciones como las de los funcionarios del Ministerio de Cultura significan solamente museos cerrados, suspender el transporte público podrá tener consecuencias drásticas para la población y los turistas que llegaron para acompañar a sus equipos nacionales. Y esa es la principal herramienta de que los sindicatos o, como ocurrió con los colectivos de Río, sus disidencias internas, disponen para imponer exigencias que, en la casi totalidad de los casos, carecen de motivos razonables.

El principal temor de las autoridades es que se registren actos de violencia, con enfrentamientos entre manifestantes y huelguistas de un lado, y las fuerzas de seguridad (policía militar e integrantes de las Fuerzas Armadas) de otro.

Hubo, sin embargo, una nota de alivio: ayer, los integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que ocupan edificios públicos y privados abandonados exigiendo viviendas, y que actúan principalmente en San Pablo, anunciaron que no harán ningún acto mientras dure el Mundial. La presidenta Dilma Rousseff, por su parte, anunció que incluirá la construcción de al menos dos mil viviendas populares, dentro del programa nacional Mi casa, mi vida, especialmente destinadas a integrantes de ese movimiento social.