La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial emitió un fallo que cuestiona en duros términos el acuerdo que firmaron el Banco Privado de Inversiones (BPI) y la asociación de consumidores Adecua para reintegrar cargos presuntamente mal cobrados a los usuarios de la entidad financiera. La saga del convenio, de la que Página/12 viene dando cuenta desde diciembre de 2012, tuvo como principales damnificados a los clientes a quienes supuestamente se buscaba resarcir por haberles cobrado de más durante años el seguro de vida sobre saldos deudores de tarjetas de crédito y préstamos varios. Se vieron afectados por el accionar del banco 135 mil clientes, de los cuales sólo pudieron obtener un resarcimiento 27 personas: es decir, el 0,02 por ciento. Eso fue consecuencia directa del acuerdo que el BPI suscribió con Adecua, según advierte el nuevo fallo de Cámara, el cual da por anulado el convenio, aparta a la asociación de consumidores del caso por haber obrado en contra del interés de los usuarios y ordena reabrir el juicio contra el banco, con un representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la querella.

El fallo de la Cámara de Apelaciones es del 24 de abril pasado, pero recién trascendió ahora. Ratifica el sentido de lo actuado por el juez de Primera Instancia, Jorge Sicoli, quien también había sido muy crítico de la maniobra entre el banco y Adecua en perjuicio de los usuarios, aunque en aquel caso sólo anulaba las cláusulas del convenio que hicieron que la inmensa mayoría de los clientes se quedaran sin recibir lo que les correspondía y dejaba en pie la indemnización para los afectados, que el BPI debía acreditar de manera automática en sus cuentas. Ahora, en cambio, la Cámara resolvió anular todo el acuerdo e instruyó al juez que tenía la causa inicial en contra de la entidad financiera retomar la investigación.

Esa decisión le permite al banco esquivar el pago de unos 65 millones de pesos por cargos mal aplicados a 135 mil clientes y ex clientes. La devolución de ese dinero deberá ordenarla, si así lo considera, el juez que inicialmente había recibido una denuncia de Adecua contra el BPI. La entidad que conduce Sandra González había iniciado ese juicio al constatar que el banco estaba cobrando de más por el seguro de vida sobre saldos deudores de tarjetas y préstamos. Pero en lugar de esperar la resolución del caso, llegó a un acuerdo con el BPI sobre un monto de indemnización a los usuarios. Además homologó ese acuerdo ante la Justicia. Hasta ahí todo hubiera estado perfecto; el problema surgió en las condiciones que pactó para la devolución: en lugar de que fuera de manera automática en las cuentas de los damnificados, como ordena la Ley de Defensa del Consumidor bajo la cual se amparó Adecua para asumir la representación de los usuarios, aceptó darles un plazo de 60 días corridos desde la publicación de dos pequeños edictos en diarios de tirada nacional para que cada uno de ellos fuera a alguna sucursal del banco a pedir el dinero. Vencido ese plazo, ya no tendrían derecho a reclamar nada.

Los edictos se publicaron en la primera semana de enero de 2011 en diarios de tirada nacional. El fallo de la Cámara de Apelaciones cuestiona esa decisión y sugiere que la elección de la fecha pudo haber sido intencional para limitar aun más el alcance de las personas que accedieran a esa información imprescindible. Como ya se indicó, sobre 135 mil afectados sólo concurrieron a pedir la indemnización 27 personas. Es decir, casi nadie se enteró de que tenía derecho a cobrar. El banco les pagó a los 27 que sí supieron un total 13.062 pesos, lo que da un promedio de 483,7 pesos para cada uno. Si se extiende esa cifra a los 135 mil que en rigor tenían derecho a la indemnización, el monto trepa a 65,2 millones de pesos.

El escándalo crece todavía más cuando se analiza la actuación de Adecua, ya que el mismo tipo de acuerdos suscribió con otros cinco bancos y financieras de primera línea. Entre 2010 y 2012 repitió los convenios por causas similares con los bancos Santander Río, Galicia, la financiera GMAC, la tarjeta CMR de Falabella y la Tarjeta Naranja. En total, sumado el BPI, los bancos se ahorraron de pagar 367 millones de pesos a los clientes a quienes les habrían cobrado de más. El 99,1 por ciento de los usuarios no recibió nada, pero los abogados de Adecua se llevaron 15,6 millones de pesos pagados por los bancos y financieras con las que suscribió los acuerdos.

El fallo de la Cámara sobre el caso BPI aparta ahora a Adecua del juicio que se reanuda: “Es claro que no puede ser ella quien continúe la presente acción, dado que los vicios que exhibe el acuerdo de marras demuestran, por lo menos, una falta ostensible de contracción en el cuidado de los intereses de aquellos a quienes adujo representar”. María “Pimpi” Colombo, ex subsecretaria de Defensa del Consumidor, que fue quien reveló la maniobra y llevó el caso a la Justicia, celebró la decisión. “Toda la fundamentación del fallo de la Cámara recoge los planteos que hicimos en su momento”, indicó a este diario. También se esperanzó en que el juez responsable de la causa penal contra Adecua y el BPI por fraude a los consumidores tome en cuenta la resolución de la Cámara en lo Comercial.