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Aguas Argentinas ingresó en la kirchneriana categoría de empresa privatizada susceptible de perder la concesión. Contrariamente a lo que pudiera creerse, el corte del suministro de la víspera, criticado casi con ferocidad por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, no es el motivo central de esta “recategorización”. La causa se encuentra en la evaluación que de la empresa hiciera el Gobierno en una reunión realizada el pasado 21 de agosto en el Ministerio de Economía, encabezada por el jefe del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, y De Vido, y en la que también participaron secretarios de ambas carteras y titulares de organismos de control de algunas privatizadas. Allí se recalificó a la concesionaria del suministro de agua y saneamiento con la misma nota que consiguieran en la ponderación oficial el Correo Argentino y Aeropuertos, verbigracia, una compañía al borde de la rescisión del contrato.
Desde el miércoles a la noche, el suministro de agua se cortó por varias horas afectando a gran parte de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y a varios partidos del Conurbano (ver nota aparte). El corte en sí mismo y la calidad de las respuestas de la empresa fueron severamente fustigadas por De Vido. El ministro, uno de los hombres de máxima confianza del presidente Néstor Kirchner, expuso su fastidio por “el procedimiento adoptado en el manejo de la emergencia”, dijo que un adecuado procedimiento de información a través de los organismos de control “hubiera permitido evitar la falta de agua en hospitales y escuelas” y criticó duramente al gerente general de Aguas Argentinas, Jean Bertrand Lemir, por “la ausencia de procedimientos para informar al Gobierno, a Defensa Civil, al ente regulador y fundamentalmente a la población sobre el inconveniente, ya que su detección se había registrado, según propia información de la empresa, a las 8.30 de la mañana del miércoles”. De Vido ofreció sus lapidarias declaraciones al regresar de la planta San Martín, en la Costanera, de la empresa de capitales franceses, adonde había ido a exigir explicaciones sobre el episodio. “Me causa mucha preocupación –dijo el ministro– el hecho de que el concesionario haya tomado una decisión de esta magnitud sin dar aviso oportuno a los organismos gubernamentales que podrían haber mitigado el problema” causado por el corte.
Junto con Lavagna, el ministro de Planificación está encargado de revisar los contratos de licitación de las empresas privatizadas para verificar su cumplimiento, amén de considerar si es pertinente o no que las mismas obtengan un aumento de sus tarifas. Dicho incremento viene siendo pedido por todas las compañías en una sordina que ha encontrado eco en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Kirchner fue el encargado de responderles, en público y altavoz, que los incrementos solicitados se evaluarán sólo tras el arqueo de cumplimiento de las obligaciones de las empresas que harán De Vido y sus muchachos.
El enojo expresado ayer por De Vido, más que entendible per se, atesora sin embargo una génesis distinta al corte del suministro. El pasado jueves 21 de agosto, ambos ministros, con un grupo de secretarios y subsecretarios de sus carteras y representantes de organismos de control, se reunieron en el edificio de la calle Hipólito Yrigoyen –precisamente en el Salón de Cuadros, a las 10 de la mañana– con un temario definido por los hombres de Lavagna. La lectura de la agenda es, por sí misma, un anuncio de lo que deberán esperar las privatizadas del Gobierno. Si bien el tema sigue en discusión –no está cerrado–, no andará caminos demasiado diferentes que los expuestos en el non paper de convocatoria a la reunión de marras, al que tuvo acceso exclusivo Página/12.
El meeting
El temario básico de convocatoria a la reunión de comité sectorial –así se la llamó– es una nómina de 11 puntos, que dice lo siguiente:
1. Estrategia general de renegociación de contratos.
2. Grado de cumplimiento de los contratos - Obligaciones de los entes reguladores.
3. Información adicional - AGN - Sigen.
4. Estrategia sectorial.
5. Cronogramas de trabajo.
6. Agenda de renegociación por sectores.
7. Contratos susceptibles de ser renegociados sin aumento de tarifas.
8. Contratos a renegociar con aumento de tarifas.
9. Situaciones especiales.
10. Situaciones de alta complejidad.
11. Audiencias públicas - Documentos de consulta - Casos excluidos.
Este temario fue el que se comenzó a analizar sobre cada una de las empresas, agrupadas según los siguientes criterios que se reproducen textualmente a continuación:
- Contratos susceptibles de ser renegociados sin aumento de tarifas:
–Ferrocarriles de carga.
–Ferrocarriles de pasajeros y Subterráneos.
–Terminal de Omnibus de Buenos Aires.
- Contratos a renegociar con aumento de tarifas:
–Transporte y distribución de energía eléctrica.
–Transporte y distribución de gas.
–Accesos a Buenos Aires.
–Agua y saneamiento - Si se opta por la continuidad del contrato.
Este último punto es lo suficientemente claro. Aguas Argentinas está en la mira del Gobierno como una compañía que podría perder su concesión. Más adelante, el texto de la convocatoria a la reunión explicita cuán bajo cayó la empresa de capitales franceses en la estima oficial.
El punto del non paper denominado “situaciones especiales” involucra a las terminales portuarias, de las que dice que su tarifa “es cara”, a la Hidrovía, cuya tarifa el Gobierno evalúa como “muy cara”, y a la telefonía básica, sobre la que no hace especificaciones en el documento citado.
Finalmente, y como “Situaciones de Alta Complejidad”, el texto de marras emparienta a los peores del grado:
–Aeropuertos
–Correo
–Agua y saneamiento.
El Gobierno dejó explícito en varias oportunidades y sin eufemismos su deseo de rescindir los contratos del Correo Argentino, en manos de Franco Macri, y de Aeropuertos Argentina 2000, regenteados por Eduardo Eurnekian. En la Casa Rosada y en el palacio de la calle Hipólito Yrigoyen sostienen que hay motivos de sobra para relicitar ambos contratos, sin costos para el erario, debido a varios incumplimientos de las concesionarias respectivas, como la falta de pago del canon que le corresponde al Estado, entre otras irregularidades.
El ingreso a este grupo –los peores calificados por la administración del Estado– no presagia nada bueno para Aguas Argentinas. Sus lobbistas deberán esforzarse si no quieren perder el manejo del servicio público y seguir obteniendo ganancias, como hasta ahora. El corte de la antevíspera poco los ha ayudado, aunque les sirvió para comprobar el estado de ánimo del Gobierno.