Hugo Anzorreguy, Carlos Menem, Juan José Galeano y Jorge “el Fino” Palacios.

Se habla de marzo 2015. Para esa fecha, con 15 años de demora, se iniciaría el juicio oral contra quienes el juez Ariel Lijo, con confirmación de Cámara, considera responsables de las irregularidades, desvíos y pistas falsas de la causa AMIA. Entre los imputados están el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los fiscales que actuaron en el caso, Eamon Mullen y José Barbaccia, los dos policías federales que más intervinieron en la investigación, Jorge “el Fino” Palacios y Carlos Castañeda; el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y varios de los integrantes de esa secretaría; el armador de autos truchos Carlos Telleldín; su esposa, Ana Boragni, y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. En el fondo, el juicio tratará de responder por qué nunca se supo la verdad sobre el atentado, quiénes y cómo desviaron la investigación.

El juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que hoy encabeza el proceso por las muertes en Once, pondrá bajo la lupa numerosas movidas sospechosas que hubo en la investigación AMIA:

- El freno a los allanamientos que se estaban por hacer a un ciudadano de origen sirio-libanés, Alberto Kanoore Edul. Hay llamadas del padre de Kanoore Edul, amigo de Menem, y una visita a la Casa Rosada para detener los allanamientos que iban a estar a cargo del Fino Palacios.

- El pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que declare contra policías bonaerenses, responsabilizándolos de haber entregado la camioneta para hacer el atentado. Lo más serio en esta imputación es que hay un video donde, presuntamente, el juez Galeano le indica a Telleldín qué fotos debe marcar, es decir a qué policías apuntar como los que recibieron la Trafic ocho días antes del ataque.

- Al juez, a los fiscales y a Beraja se les adjudica haber dado su acuerdo para ésta y otras maniobras. En el juicio oral del caso AMIA se detallaron otras ilegalidades que incluyen hasta privaciones ilegales de la libertad de algunos testigos.

- Al comisario inspector Castañeda, de la Policía Federal, se le imputa la desaparición de 66 casetes de grabaciones del teléfono de Telleldín. Y, además, se esfumaron otras evidencias.

En las últimas semanas se conoció la existencia de un agente de inteligencia de la Policía Federal que le confesó a dos periodistas –Miriam Lewin y Horacio Lutzky– que estuvo infiltrado en la comunidad judía durante casi dos décadas. Después que la historia se publicara en un libro del periodista Gabriel Levinas, el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, le tomó declaración. Iossi Pérez –el nombre del agente– afirmó que la Federal tenía los planos de la AMIA y que seguramente sabía del atentado, porque sus dos hombres de custodia no estaban en sus puestos en el momento de la explosión. También manifestó sus dudas sobre la existencia del coche-bomba. Por ahora, Nisman les ve poca entidad a los dichos de Pérez, a los que ve como especulaciones, pero el sujeto reportaba a Castañeda, imputado en el juicio que se viene. Tal vez pueda aportar sobre lo que tiene que ver con el desvío de la causa AMIA. La infiltración en sí misma es investigada por el juez Sebastián Ramos.

La cuestión de Kanoore Edul tiene su importancia, más allá de que nunca se pudo determinar su responsabilidad. En la puerta de la AMIA se colocó un volquete que, según la hoja de ruta del camión que lo dejó allí, había pasado antes por un terreno lindero con una propiedad de Kanoore. Además, el hombre registra una de las pruebas más asombrosas de toda la causa: una semana antes del atentado, llamó por teléfono a Carlos Telleldín. Kanoore primero negó la comunicación y después no la pudo explicar.

La mayoría de los familiares de las víctimas afirman que nunca se investigó como correspondía la llamada pista siria por los intereses del gobierno de Carlos Menem y los servicios de inteligencia.

Tampoco se pudo ahondar en la trama de grupos más locales, argentinos o brasileños, al estilo de los que perpetraron los atentados contra las Torres Gemelas en 1993 (no el de 2001), en Londres al año siguiente o mucho más tarde en la estación de trenes de Atocha en Madrid y nuevamente en Londres.

Tal vez el juicio de 2015 eche luz sobre algunos de los episodios más oscuros del expediente.