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Las negociaciones siguen, la impresión predominante es que no se llegará a un acuerdo. Nada es seguro, entre otros factores porque si hubiera avances parciales éstos serían ocultados por las partes. A medida que se acerca el 30 de julio, se empiojan más las perspectivas del stay que pide la Argentina para habilitar el pago a los bonistas que aceptaron reestructurar sus créditos. Los fondos buitre, las calificadoras de riesgo y sus abundantes portavoces autóctonos anuncian que habrá default.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner les recomendó buscar otro vocablo, porque no existe default cuando el deudor tiene voluntad y capacidad de pago. Más aún, cuando ha depositado en tiempo y forma la cuota de los canjes de deuda soberana.

La cuestión no es sólo semántica: hay derivaciones legales en torno de la palabra. Lo prioritario va más allá: existen un designio político y un afán económico en agitar el espantajo de 2001. Pongamos entre paréntesis, por un rato, los legalismos y tecnicismos. Es un disparate homologar a la actualidad con el momento en que el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá anunció, con excesiva estridencia, la cesación de pagos.

Los estados, en sentido estricto, no quiebran aunque sí pueden atravesar contingencias de insolvencia extrema. La declaración respectiva no es una innovación absoluta, sino la confirmación de una situación de hecho preexistente. El default vino cuando era avasallante la tendencia a la cesación general de pagos, a la ruptura de los contratos por impotencia de los variados deudores. Cuando Adolfo clamó y el Congreso lo ovacionó hacía largo rato que la mayoría de las provincias no les pagaban a sus empleados o proveedores con pesos convertibles, sino con las piadosamente apodadas “cuasi monedas”. El desempleo se incrementaba de modo exponencial. El gobierno de la Alianza bloqueó los depósitos bancarios de todos los argentinos. Los ejemplos pueden multiplicarse, quienes leen este diario los recuerdan y padecieron.

Muchas de las secuelas dañinas del default de 2001 ya se habían “pagado” colectiva y previamente. De cualquier manera, dista de ser irrelevante que el Estado, principal jugador de la economía, suspenda de jure sus pagos.

La prolongación del status actual sin ser una catástrofe, sería un problema. En parte porque el contexto favorecería la ofensiva de jugadores interesados en desestabilizar a la economía y al Gobierno si eso encaja con sus intereses. En parte porque los bonistas seguirían sin cobrar y porque el escenario ulterior depende de decisiones de inversores, organismos de crédito y otros jugadores de gran tamaño.

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Incertezas: La política económica del Gobierno durante este año se orientó a reabrir la perspectiva del financiamiento externo, sin disminuir la inversión social. Al primero de esos objetivos apuntaron los acuerdos con el Club de París y Repsol. No ha sido ésa la constante de los gobiernos kirchneristas, pero sí su táctica ante la coyuntura signada por la devaluación, el parate del crecimiento (al terminar el año se sabrá si ha sido mínimo, nulo o si hubo recesión), la alta inflación y la creciente dificultad para generar trabajo formal. Esos pilares son, parafraseando libremente al maestro Aldo Ferrer, los principales escollos para la reactivación, por ahí más que las vicisitudes de la deuda. Pero nada positivo puede esperarse si se prolonga la incertidumbre y si los bonistas incluidos no se juntan con su cuota.

Volvamos al principio. Hay muchos factores inéditos en danza. La cláusula pari passu sentenciada por el juez Thomas Griesa es, tal y como está formulada, la primera en la historia. La forma en que exorbita su competencia decidiendo sobre cuestiones ajenas al pleito y a su jurisdicción territorial (sobre la que se volverá) es otra. Tampoco hay precedentes de un Estado que abone lo que debe y un magistrado norteamericano anule, contra derecho, esos pagos en todo el planeta. De ahí que la indeterminación sea casi un dato.

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Prioridades y alineamientos: El Gobierno prioriza a los bonistas que canjearon sobre los buitres, le asisten sobradas razones reconocidas por intérpretes calificados y surtidos. No hablamos, más vale, de los medios dominantes ni de la mayoría de la dirigencia opositora, cuyos discursos son lineales y berretas.

Es sensato conceder prelación al 93 por ciento ya ordenado y honrar los compromisos estatales. El ex ministro Roberto Lavagna concordó en un artículo publicado en el diario Clarín. Explicó que a veces hay que optar por el mal menor. Que el mal mayor potencial es que se dispare la cláusula RUFO, que compara con un tsunami. Dejar latente un acuerdo con los buitres y sus consecuencias sistémica es para Lavagna un tifón, mal menor en comparación.

El ex ministro no escatimó reproches al oficialismo, abarcando al “mini canje” de 2010, en el que él no participó. En un texto memorable, un personaje de Mario Vargas Llosa pregunta “cuándo se jodió el Perú”. Lavagna, sin mentarlo, formula el mismo interrogante respecto del kirchnerismo. Ubica el momento en un día preciso, que fue el de su salida del Gobierno. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández discurre de modo casi idéntico, con una diferencia cronológica: “el día D” fue el de su propia eyección y no la de Lavagna. Esas simpáticas discrepancias no obstan a que militen en un mismo espacio político.

Hay otros ex funcionarios duhaldistas que concuerdan, sin renegar de su condición de adversarios, con los lineamientos generales del oficialismo. El ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov también suscribió las movidas de estos meses y hasta minimizó bastante las consecuencias del default, default técnico o como se lo bautice. “¿Llámeme Dick”, como dicen los gringos cuando quieren generar confianza? ¿O le ponemos “Cacho” como, según la narrativa PRO, se apodan todos los vecinos que hablan con Mauricio Macri?

Lavagna es uno de los gestores de la cláusula RUFO, su reputación puede estar en juego si ésta eclosiona. Pero también tiene memoria que desgrana, cosas veredes, en el gran diario argentino. Rememora las embestidas que hubo contra el primer canje, las maniobras arteras de grupos de acreedores y de actores vernáculos. En ese momento, por ejemplo, algunos jueces habilitaron medidas cautelares contra el corralito equivalentes a sentencias. Los ahorristas se reencontraron con su dinero sin necesidad de proseguir todo el juicio. Fue una jauja cautelar, un anticipo micro de las del Grupo Clarín. Un puñado de magistrados ganó fama y quién sabe algo más. Alguno se tentó con la política, sin mayor fortuna, en ese aspecto. Una página patética del Poder Judicial, para nada la única ni la última.

La irresponsabilidad y el cipayismo de los gurúes económicos fue constante entre 2002 y 2006, Lavagna en su proporción la padeció en cuero propio. Hoy la evoca, en un arrebato de responsabilidad que no comparte el grueso de la dirigencia opositora.

El diputado Ricardo Alfonsín es otro que se aparta del rebaño: conserva coherencia con valiosas banderas tradicionales del radicalismo, a la vez (¿por eso?) es muy minoritario dentro del radicalismo que analiza cómo atarse al carro triunfal del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.

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Responsabilidades: “Mauricio” predica que hay que ponerse con los buitres, sin más. Gurúes económicos rejunados piensan parecido. Sería redundante recordar sus consejos y profecías del pasado, baste consignar que los deslegitiman. La Presidenta y el ministro Axel Kicillof cargan con responsabilidades presentes y futuras y exploran soluciones en consecuencia.

El mejor desenlace sería conseguir que Griesa habilitara los pagos del canje. El peor, explica el economista Guido Sandleris, pagarles y que se desencadenara la cláusula RUFO. Sandleris es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, ambos insospechables de kirchnerismo. Para él pagar ahora y exponerse a peligros futuros sería una salida “populista”. Populista no es una alabanza, en su jerga: es “plata para hoy y problemas para los hijos”. Si Cristina adoptara el consejo de la derecha nativa, concuerda por una vez el cronista, los costos virtuales no recaerían durante su mandato. Posiblemente mejoraría la reputación internacional, conseguiría financiamientos, tendría un fin de período aliviado. Lo que incitan sus oponentes es un escenario que le redituaría en el corto plazo. La ambición de la mandataria, aunque sus oponentes no puedan creerlo, es dejar un legado de gobernabilidad y estabilidad. Eso no la releva de haber cometido errores o inconsecuencias pero explica (y justifica) el sesgo general de los movimientos en este tablero.

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Senior Juez, juez Senior: Las redes sociales ironizan: el juez supremo argentino Carlos Fayt atribuye los errores de Griesa a la inexperiencia. Apenas más en serio, la edad no afecta por igual a todas las personas, togadas o no. La conducta del magistrado neoyorquino no sólo es contraria a derecho, también rezuma incoherencia y hasta despierta sospechas sobre su lucidez. Seguimos, ojo al piojo López, transitando la ancha alameda no kirchnerista. The New York Times, que según investigaciones recientes sigue sin formar parte de la prensa oficialista argentina, publica un artículo lapidario sobre Griesa. Hay cronistas argentinos que lo ensalzan o le escriben cartitas obsecuentes. Para la gran prensa estadounidense el hombre es errático, no comprende el caso que tiene a su cargo desde hace más de una década, desconoce los rudimentos de la estructura de la deuda pública argentina.

Silvia Pisani, corresponsal del no menos insospechable diario La Nación, informó ayer que un calificado blog jurídico gringo, Credit slips, calificó como “patético” y “deprimente” el desempeño del juez. Nada indica que Carlos Kunkel o Luis D’Elía operen ese blog.

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Bancas que no quieren ser punto: De poder hablamos, no de derecho en estado puro, de laboratorio.

Griesa es incompetente en dos acepciones. En su saber real y en el ámbito geográfico al que extiende su poder. No se ciñó, como marcan los manuales de derecho de todo el planeta, al pleito que le fue sometido. Tampoco a los límites territoriales de su jurisdicción. Yanqui al fin, invadió terceros países.

Bancos de variadas comarcas alimentaron su tendencia a exorbitar. Lo consultaron sobre qué hacer con los depósitos realizados en terceros países a favor de bonistas que aceptaron los canjes. Son acuerdos que se cumplen fuera de las fronteras americanas y sujetos a otras legislaciones locales. La conducta de los bancos sería bastante asombrosa si se ciñera a lo que prescribe el derecho internacional. Pero tiene su lógica en el mundo financiero, con reglas propias. O que, como le dijo Humpty Dumpty a Alicia, porque la cuestión es, sencillamente, quién manda.

A esta altura del partido, los bancos están sumidos en un berenjenal. Griesa no les da respuesta o la varía en cada audiencia. Un poco más rigurosos que Su Señoría, los abogados le comentan que tienen responsabilidades con los bonistas, cuya plata está depositada.

La filial del City Bank en Argentina que consultó al juez en forma superflua y vergonzosa ahora chapotea en un pantano en el que se metió solito. Trata de hacer entender a Griesa que los bonos de la deuda presuntamente embargados son idénticos a los emitidos para pagarles a Repsol. Son fungibles, señor juez, no podemos discernir entre unos y otros. El suspenso crece: ¿entenderá el tozudo Griesa un argumento tan sofisticado si, según la prensa independiente del centro del mundo, su capacidad está por debajo del standard mínimo necesario?

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Imperium y otras yerbas: Las limitaciones o parcialidad de Griesa hablan de sus calidades pero no le restan imperium a sus resoluciones, cuanto menos por ahora.

El mundo real, aquel en el que se mueven los representantes del pueblo y los decisores en general, es cualquier cosa menos fragante y sencillo. Vaya un ejemplo más, referido al caso. Es habitual hablar del 93 por ciento y de los buitres como dos universos diferentes. Buen abordaje en trazos generales que podría fallar si se mira en detalle, explican especialistas en cuestiones financieras. Los buitres contratan seguros para ganar si llega el default que los dejaría “sin cobrar”. Habituados a poner fichas en varios tableros nada impide que cuenten con bonos reestructurados y que pudieran hacerlos valer demandando en base a la cláusula RUFO si hay un acuerdo en Nueva York. El Estado, se supone, tiene un listado de los acreedores pero (como es razonable) se reserva su contenido y su grado de actualización.

El facilitador Daniel Pollack factura fortunas a diario, no cobra por resultados, sino por laburar nomás. No es un criterio capitalista schumpeteriano, pero lo suyo no es alardear por la coherencia, sino ganar mucho.

Hacer vaticinios cuando quedan pocos días es tan ocioso como fatuo. Las reacciones que se van viendo pintan un panorama del cuadro político actual, a un año de las elecciones. Sin ser la totalidad, sobreabundan dirigentes opositores, líderes empresarios (con el impresentable y primitivo Héctor Méndez a la cabeza) o “formadores de opinión” que creen que cuanto peor, mejor... y operan en ese sentido. En fin.

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