Desde Olavarría

Diez testigos declararon durante horas y empezaron a desentrañar el rompecabezas represivo de la zona centro bonaerense, a partir de 5 de los 21 casos que se imputan a 4 represores que actuaron en el centro clandestino Monte Peloni, en Olavarría. “Nosotros por dentro llorábamos sangre”, se escuchó en la voz de María del Carmen Fernández, que hablaba de su hermano Oscarcito, al que hicieron figurar como “muerto en enfrentamiento” en un certificado fechado el 25 de septiembre de 1977, en días en que Jorge Oscar Fernández estaba desnudo en una parrilla de Monte Peloni.

Hasta ahora los tres militares claramente comprometidos a través de los testimonios de sobrevivientes y familiares son Ignacio Aníbal Verdura, jefe de regimiento de Olavarría entre diciembre del ’75 y diciembre del ’77; Walter Jorge “el Vikingo” Grosse, hombre de Inteligencia que llegó a ser interventor de la radio AM de la ciudad; y Omar Antonio “Pájaro” Ferreyra, aquel sargento retirado al que un cargo público en democracia lo colocó en una vidriera que le desmanteló la impunidad.

En cambio, el otro acusado, Horacio Rubén Leites, con la doble defensa en manos del tandilense Claudio Castaño y del ex militar devenido abogado Pedro Mercado, que –según declaró a Página/12– se sumó a la causa “por pedidos familiares”, goza hasta ahora de cierta tranquilidad. De hecho, no ha sido reconocido aún, aunque restan todavía varias semanas de audiencias y muchos testigos por hablar.

Si la jornada de ayer tuvo la conmoción y la emotividad de historias familiares atravesadas por el dolor y las marcas de la tragedia, la gran sorpresa llegó cuando después de los relatos de varios integrantes de la familia Fernández, Walter Grosse –a través del abogado Gerardo Ibáñez– quiso declarar, advirtiendo que no respondería preguntas. Con una voz de mando que Osvaldo Fernández definió como la del “gran interrogador” dijo: “Yo entregué el cadáver de Jorge Fernández; lo entregué porque recibí la orden del jefe del Regimiento que había recibido la orden del general Calvi, que debía pasar a retirarlo de la morgue de Banfield y entregarlo a Olavarría. Nada más”. Se amparó sin nombrarla en la “obediencia debida”, apuntando a la responsabilidad de Verdura primero y, más arriba, a Edgardo Néstor Calvi, jefe del Estado Mayor del Ejército en los últimos tramos de la dictadura.

Las tres audiencias que lleva el juicio estuvieron atravesadas por el constante contrapunto entre el presidente del Tribunal, Roberto Falcone, y uno de los integrantes de la defensa de Leites, Claudio Castaño. El histriónico abogado (asociado con el ex carapintada Pedro Edgardo Mercado) se dedicó a cuestionar los símbolos: puso en tela de juicio las fotos de las víctimas que los familiares mostraban y pidió que Pura Puentes de Villeres, de 85 años, madre de Rubén Villeres (desaparecido), se quitara el pañuelo blanco para testimoniar. “Sólo deben permitirse la bandera y el crucifijo”, determinó el abogado que les preguntó a todos los declarantes si habían cobrado indemnización por parte del Estado, en qué fechas y qué montos.

Los impactantes testimonios de la familia Fernández involucraron fuertemente a Ferreyra, internado anoche en terapia intensiva del Hospital de Olavarría. El ex militar, ya con problemas digestivos, no entró a la sala con el resto de los imputados. Pero pidió estar presente durante la declaración de Osvaldo Roberto Fernández, periodista, secuestrado el 16 de septiembre de 1977 junto a Jorge Oscar, quien fue asesinado días después. Tres hermanos de ambos señalaron a Ferreyra e incluso lo ubicaron en el cementerio el día de la entrega del cadáver. Ferreyra se retiró y vomitó en la sala contigua después del testimonio al que quiso asistir. Se le detectó una hemorragia digestiva y se desconoce si podrá volver a incorporarse a las audiencias.

Grosse, por su parte, suministraba cada gesto en modo planificado. Ante la certeza de que una cámara fotográfica lo apuntaba movió paulatinamente la enorme carpeta con papeles y documentos para que el disparo congelara la imagen sobre una adaptación de una obra de El Greco. Cristo de los presos políticos del siglo XXI en la República Argentina, se alcanzaba a leer. Y luego: “Campo de prisioneros Módulo Federal II, Marcos Paz”.

La sala de audiencias estaba repleta de estudiantes secundarios y universitarios que llevaban pancartas con las fotos de los desaparecidos de la ciudad. Apenas pocos años mayores que todos ellos.

Fue Carmelo Vinci quien abrió las testimoniales. El suyo y del de Osvaldo Fernández fueron los únicos relatos directos del martirio en Monte Peloni, donde 21 jóvenes fueron sometidos a la picana eléctrica en camastros de metal, encapuchados, hambrientos, golpeados y en estado de sopor y delirio. Tanto ellos dos como todos sus familiares dejaron al desnudo el rol preponderante de Verdura como el que manejaba los hilos de la represión en la zona y era dueño de vidas y destinos.

Juan Pablo Villeres y su abuela Pura cerraron una jornada intensa, que vio llegar a la justicia “37 años y ocho días” después, según la cuenta precisa de Juan Pablo, que tenía apenas seis años cuando una patota irrumpió en la casa donde vivía con sus padres. Y todavía espera, “a pesar de la convicción de que están muertos, cada vez que suena el teléfono, que alguien nos diga por qué se los llevaron, por qué los torturaron y dónde están, para que tengan cristiana sepultura”.