El oficialismo en la Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley el próximo miércoles la modificación y unificación de los códigos Civil y Comercial que ya tiene media sanción del Senado. La decisión se terminó de acordar ayer por la noche en una reunión que el bloque del Frente para la Victoria realizó en el Palacio Legislativo. El arco opositor se abroqueló detrás de una cuestión reglamentaria, lo que obligaría al oficialismo a avanzar solo con la iniciativa. La convocatoria formal a la sesión ordinaria se realizará recién hoy.

Desde el Frente para la Victoria consideraron avanzar con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial para “ratificar la ampliación de derechos” que el Congreso sancionó a través de distintas leyes en los últimos años. Un amplio listado que va desde el matrimonio igualitario hasta las recientemente sancionadas leyes sobre derechos del consumidor, que ahora estarían apuntaladas por el nuevo código que comenzaría a regir a partir del primero de enero de 2016.

De esta manera culminaría el proceso iniciado por la comisión de juristas que elaboró el texto original del anteproyecto, que el Ejecutivo envió en marzo de 2012 al Congreso, en donde se creó una Comisión Bicameral especial para discutir el tema. El debate continuó con 14 audiencias públicas a lo largo de todo el país, desde agosto a noviembre de 2012, donde se abordaron distintas realidades regionales –con centenares de expositores–, muchas de las cuales fueron incorporadas al dictamen que la Bicameral elaboró casi un año después, en noviembre de 2013 y a la que el Senado le dio media sanción durante ese mismo mes.

El nuevo código incorpora nuevas regulaciones en materia de matrimonio, divorcio y contratos prenupciales hasta fertilización asistida, derechos de consumidores y pesificación de contratos, entre muchos otros. En el encuentro de ayer en el bloque de diputados oficialistas, también se dividieron las tareas entre quienes argumentarán a favor de cada uno de los extensos capítulos del nuevo y unificado texto.

Incluso, el encuentro ayudó a limar diferencias sobre el artículo 19, que cruzó transversalmente a todos los bloques y que establece la vida a partir de la concepción, incorporado tras los reclamos de la Iglesia Católica. Un tema que complicó la regulación sobre implante de embriones, en cuya ley complementaria el oficialismo ya trabaja en la Comisión de Salud.

En tanto, todo el arco opositor (excepto los puntanos que responden a Rodríguez Saá y los cordobeses delasotistas) se abroqueló detrás de una cuestión reglamentaria que esgrimió el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri. Allí plantean que el Senado modificó el dictamen original de la Bicameral y que, por lo tanto, debe ser tratada nuevamente en comisión o ser aprobada por dos tercios de los votos en el recinto de la Cámara baja, número con el que no cuenta el kirchnerismo. Además, insisten en que el trabajo de la Bicameral atravesó por recambio parlamentario (el de 2013) y que el dictamen que se tratará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados se realizará con una composición diferente a la que trabajó en la Bicameral que elaboró el dictamen.

La postura unificada de la oposición quedó plasmada en una carta dirigida al presidente del cuerpo, Julián Domínguez, y que firman los presidentes de sus respectivos bloques: Negri (UCR), Federico Pinedo (PRO), Elisa Carrió (CC-ARI), Carlos Brown (FE), Néstor Pitrola (FIT-PO), Victoria Donda (LdS), Rubén Giustozzi (FR), Juan Carlos Zabalza (PS), Claudio Lozano (UP), Martín Lousteau (Suma+), Graciela Villata (juecismo), Margarita Stolbizer (GEN) y Nicolás del Caño (FIT-PTS).

Desde el oficialismo insisten en que la creación de la Bicameral ya establece un procedimiento extraordinario que no está sujeto a las cuestiones reglamentarias que cada Cámara tiene para sus comisiones permanentes. “La Bicameral realiza un dictamen común para ambas Cámaras, que luego continúa el procedimiento parlamentario tradicional de una Cámara iniciadora (en este caso el Senado) y una revisora (Diputados), argumentaron.

Además, esgrimieron la experiencia de la Bicameral de Digesto Jurídico, que realizó el proceso inverso que el código: fue aprobado en Diputados en noviembre de 2012 y convertido en ley por el Senado este año. “Allí nadie dijo nada”, sentenciaron algunos oficialistas.

También desempolvaron la llamada Ley Olmedo, que establece la vigencia de los proyectos parlamentarios por dos años, y entre cuyos artículos también se especifica que los que tengan media sanción de una de las Cámaras se extenderá un año más. Además de establecer la no caducidad de los proyectos sobre códigos y tratados internacionales, entre otros.

“La sensación es que (los opositores) no quieren participar del debate del código en serio, como ya lo hicieron en el Senado cuando se trató el artículo 19 y se levantaron del recinto, incluso hasta los que propusieron el cambio que se introdujo, para no participar de su tratamiento y dejarnos solos”, sentenció ante Página/12 un integrante de la conducción del bloque del FpV, tras ratificar su decisión de avanzar y convertir en ley el nuevo código aun sin el acompañamiento opositor.