El 80 por ciento de los integrantes del colectivo de la diversidad sexual percibe que mejoró la mirada que la sociedad tiene sobre sus integrantes. Más del 65 por ciento sostiene que el gobierno nacional se ha ocupado mucho o bastante de sus necesidades y demandas. El 58 por ciento cree que el mayor logro alcanzado por la comunidad en estos diez años ha sido la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, el 78 por ciento manifiesta que ha sufrido actos de discriminación y más del 80 por ciento que ha sido objeto de algún tipo de agresión vinculada a su orientación sexual.

Estos son algunos de los resultados registrados por la encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Para tal fin, un equipo de investigadores y graduados de la facultad dio el presente durante la Marcha del Orgullo Lgbtiq (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer) efectuada el día 15 de noviembre en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria se constituyó en la marcha número veintitrés, cuyos orígenes se deben rastrear en el año 1992. Estas manifestaciones, hijas dilectas de la democracia, han buscado denunciar situaciones de violencia y discriminación, dotar de una mayor visibilidad pública al colectivo y también reclamar la sanción de leyes específicas, así como la eliminación de los Códigos de Faltas, entre otros.

Las Marchas del Orgullo comparten con otras movilizaciones la demanda hacia el Estado y son a la vez un acto de protesta; sin embargo, también tienen como característica la festividad, la expresión artística y la generación de una atmósfera de libertad.

Esta alegría fue “suspendida” por unos minutos para brindar la colaboración de los participantes en la encuesta realizada por el Copes, que logró reunir la palabra de 358 participantes de la marcha y miembros del colectivo que se contactaron en forma coincidental.

Un rasgo a destacar de gran parte de los participantes es su perseverancia, envidia de muchos políticos: el 61 por ciento ya había participado en otras ediciones y un 12 por ciento concurrió a todas. Las razones para concurrir a una marcha de estas características son múltiples. La principal es de orden político. Más de la tercera parte de los presentes manifestaron que su principal razón es la ampliación de horizontes de derechos del colectivo. A este argumento se le puede agregar otros dos: apoyar la causa, y la militancia en sus organizaciones, lo que suma el 40,2 por ciento. Pero existen otros motivos no menos válidos como la diversión (21,8 por ciento) o simplemente la curiosidad (9 por ciento). También es el escenario propicio para que algunas personas afirmen su orientación y conocer gente con las que se comparten gustos e inquietudes (24 por ciento).

Como parte central del trabajo se preguntó sobre situaciones de discriminación sufridas en la vida cotidiana por las personas consultadas. El 78 por ciento manifestó haber vivido estas prácticas negativas. Sin embargo, lo sorprendente es que la mayoría de estos sucesos ocurrió en los ámbitos más cercanos. Compañeros de estudios (41,6 por ciento), vecinos (33,8 por ciento) y la propia familia (30,2 por ciento) fueron partícipes de esas vivencias. Contrariamente a lo que se podía prever, las situaciones vinculadas con fuerzas de seguridad públicas (14,8 por ciento) o arbitrariedades laborales (14 por ciento) se han ubicado hacia el final de la tabla. Los más jóvenes sufren con mayor intensidad la discriminación en el entorno de estudios (53,6 por ciento) y en el ambiente familiar (46,4 por ciento). Los mayores de 40 años, en cambio, que han pasado por etapas anteriores de mayor conflicto, han expresado situaciones con vecinos (49 por ciento) y maltratos por parte de fuerzas de seguridad (34 por ciento).

También se consultó por posibles agresiones o situaciones de violencia directa de que hayan sido víctimas los consultados. Sólo un 19 por ciento expresa no haber sufrido agresiones. La forma de violencia más habitual es la verbal, en forma de burlas, insultos o amenazas. Entre quienes declaran haber sido sujeto de provocaciones, casi el 70 por ciento recibió burlas, y casi el 60 por ciento insultos y amenazas (los sujetos pueden haber sufrido múltiples agresiones). Las siguientes situaciones de violencia, como el acoso sexual, fueron señaladas por casi el 25 por ciento, y las agresiones físicas, el 17 por ciento. Sólo el 14 por ciento ha denunciado estas situaciones.

En la última década, la comunidad de diversidad sexual cobró una alta notoriedad despabilando a parte de la sociedad que desconocía estas realidades, a la vez que fueron visibilizando sus demandas y necesidades. En este sentido, el 80 por ciento del colectivo percibe que mejoró la forma en que la sociedad lo mira. En este proceso de re-conocimiento, sin dudas la televisión jugó un papel crucial. Sin embargo, se sigue apreciando que el trato dominante desde este medio masivo es de burla y caricaturización (52,2 por ciento).

Como parte de la sociedad civil, el colectivo ha planteado demandas que le otorgue un pie de igualdad de derechos. No obstante, esos reclamos caerían en saco roto sin eco en la sociedad política. En este sentido, se preguntó en qué medida piensan que el gobierno nacional se ha ocupado de los temas de la comunidad. Las dos terceras partes sostienen que se ha ocupado mucho o bastante. En cuanto a los mayores logros vislumbrados, uno se destaca muy por encima de todos los demás: la Ley 26.618 de Matrimonio Civil más conocido como de Matrimonio Igualitario, valorado por casi el 58 por ciento. La segunda conquista también tiene forma legal y se trata de la Ley 26.743, de Identidad de Género, que en su artículo 2º define en forma amplia el género. Esta ley, sancionada el 9 de mayo de 2012, reúne el 25,4 por ciento de las preferencias.

Los temas pendientes que plantean los miembros de la comunidad son varios y de distinto carácter. La principal demanda es la eliminación del racismo, el sexismo y la xenofobia (14 por ciento), y apunta a la construcción de un cambio cultural que se pueda extender al reconocimiento y protección de los derechos de todas las minorías y grupos vulnerables. La siguiente demanda se refiere a la inclusión social (13,7 por ciento), sobre la necesidad de trabajo, vivienda, educación y salud en espacios que suelen ser relegados. Finalmente, la facilitación de la adopción con una legislación moderna es la tercera demanda (12,6 por ciento).

* Sociólogo y director del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).