Decidido a seguir dando batalla, el juez federal Claudio Bonadio profundizó su escalada contra el Gobierno con una serie de medidas en el marco de la causa denominada Hotesur SA. A pesar de haber sido denunciado ayer mismo por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura (ver aparte), el magistrado pidió a la AFIP las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández, de su antecesor Néstor Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia y del empresario Lázaro Báez.

Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y recabar la información, en la investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la familia Kirchner. En el caso del ex presidente Kirchner, fallecido hace cuatro años, se trata de sus declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010.

Desde la AFIP, su titular, Ricardo Echegaray, aseguró que “toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados”, y consultado sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo, reiteró “que al juzgado le informamos todo”.

La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bie-nes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de De-sarrollo Social, Alicia Kirchner) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.

Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Báez, sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.

La semana pasada, Bonadio allanó un departamento en la calle Lavalle al 900, donde según los registros funcionó la sede fiscal de Hotesur. Pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo en ese procedimiento. Por esa decisión, el juez fue cuestionado por el kirchnerismo. La avanzada del juez se interpretó desde el oficialismo como una extorsión, dadas las nueve denuncias contra Bonadio que ya tramitaba el Consejo de la Magistratura.

Esta semana, la presidenta Cristina Kirchner reveló que Bonadio tiene el 20 por ciento de una empresa que no presentó sus últimos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Se trata de la firma Mansue SA, que se dedica a la distribución minorista de combustible, y de la cual el hermano del magistrado, Carlos Bonadio, es dueño del 40 por ciento de las acciones.

A partir de esa información, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes denunció a Bonadio por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia fue sorteada ayer y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, dado que ya cuenta con requerimiento por parte del Ministerio Público.

El senador pidió, además, que se investigue si el juez tiene autorización para ejercer el comercio que requieren todos los magistrados que pretendan desempeñar actividades económicas por fuera de su rol institucional. Y solicitó, como medidas de prueba, el allanamiento de los domicilios de las firmas para secuestrar los registros contables.