El kirchnerismo rechazó ayer las cuestiones de privilegio contra el vicepresidente Amado Boudou presentadas por los senadores de la oposición. La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Marcelo Fuentes firmó dictamen en contra de los planteos para apartar al titular de la Cámara alta, acusado por la oposición por “desorden de conducta e inhabilidad moral” para ejercer el cargo. “Estamos frente a un tribunal de enjuiciamiento”, denunció el santacruceño Pablo González, quien graficó que varios de sus colegas se encuentran en “una carrera por las praderas hacia los títulos de los diarios”. Buena parte de la discusión en la comisión se centró en determinar si podría aplicarse el artículo 66 de la Constitución, que establece la facultad de sancionar o remover a los miembros de ambas Cámaras. El oficialismo impuso la interpretación por la cual el vicepresidente no es considerado un integrante más del Poder Legislativo y por ende no corresponde pedir su apartamiento por esa vía.

La oposición ha planteado distintos recursos para lograr que Boudou deje su cargo. Realizó un pedido de juicio político en Diputados, en el que no logró conseguir las mayorías para avanzar. “Quieren sustituir lo que no lograron con el juicio político”, aseguró ayer el salteño Rodolfo Urtubey, quien afirmó que “la permanencia en el cargo está dada por el voto popular y no por la decisión administrativa de un superior”.

Con una importante presencia de senadores oficialistas y opositores, el debate arrancó por el radical Gerardo Morales, quien enumeró las once causas judiciales que involucran al vicepresidente. Entre ellas, destacó el caso de la ex Ciccone Calcográfica, donde fue procesado por el juez Ariel Lijo. Y también remarcó el procesamiento dictado por Claudio Bonadio en la causa por la transferencia irregular de un automóvil.

Con un fuerte discurso, el radical Luis Naidenoff hizo hincapié en la contratación de la empresa The Old Fund por parte del gobierno de Formosa, cuando Boudou era ministro de Economía. Según Naidenoff, el entonces ministro habría intervenido para que el gobierno de Gildo Insfrán contratase a la compañía dirigida por Alejandro Vandenbroele para que le brinde asesoramiento en la reestructuración de su deuda. “Se le depositaron a The Old Fund más de siete millones de pesos. De los cuales giró el 30 por ciento al asesor financiero de Insfrán, Martín Cortés”, denunció Naidenoff.

Después de esas exposiciones, el debate se encauzó en una cuestión de tipo jurídico. “Es un abordaje constitucional equivocado. El vicepresidente no es un senador. Boudou preside el Senado, pero no participa de ninguna comisión, no dictamina en ningún proyecto, no vota en ninguna sesión salvo en caso de empate”, afirmó el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, centrándose en la cuestión formal.

La defensa política vino de González, parte del núcleo duro kirchnerista. “El diputado Aguad (UCR), multiprocesado, nunca fue suspendido. En similares circunstancias no se obró de la misma forma. Lo mismo le cabe al diputado del PRO Federico Sturzenegger, también procesado por el megacanje. Todos ellos tenían la presunción de inocencia del Pacto de San José de Costa Rica. Y no se los juzgó”, aseguró González.

El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, recogió las críticas a su correligionario y replicó que Aguad se presentó a elecciones cuando la causa en su contra ya estaba iniciada y aun así recibió el apoyo popular. Incluso, se refirió a la causa contra Fernando de la Rúa, conocida como la Banelco, y señaló que ellos no se escudaron en el principio de inocencia frente las acusaciones políticas del PJ. Utilizando la misma lógica, y para cerrar el debate por parte del oficialismo, Urtubey preguntó qué pasaría si las causas contra Boudou terminan desestimadas, como sucedió con la Banelco. “¿Qué me hace pensar a mí que esto no termine desestimado por la Justicia, luego de un debido proceso como ocurrió con De la Rúa, que fue absuelto? Y si es así nadie devolverá la honra a Boudou”, concluyó. Para terminar de archivar la cuestión de privilegio, el dictamen de rechazo deberá ser tratado en el pleno del Senado. La oposición ya adelantó que buscará otro modo de insistir con el tema.