El avance de la investigación sobre la actuación del empresario Vicente Massot durante el terrorismo de Estado genera resistencias cada vez menos sutiles de la corporación judicial de Bahía Blanca. Los fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia denunciaron el lunes una “burda maniobra” que “tiene por fin último” impedir que el juez federal subrogante Alvaro Coleffi se pronuncie sobre la situación procesal del dueño y director del diario La Nueva Provincia, a quien indagó en dos oportunidades. Las caras visibles de la jugada denunciada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, que enviaron copia al Consejo de la Magistratura, son el secretario del juzgado penal Mario Fernández y el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, ambos con antecedentes en la materia. El próximo paso correría por cuenta del abogado de Massot, Rubén Diskin, quien necesita imperiosamente un argumento para recusar a Coleffi.

Palazzani y Nebbia llegaron a Bahía Blanca el año pasado en reemplazo de Abel Córdoba, actual titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A diferencia de quienes operaron en distintas épocas a favor de la impunidad, los tres fiscales son foráneos en la ciudad de Massot, igual que los jueces del Tribunal Oral que en su sentencia ordenaron investigar a los directivos del multimedio por su “campaña de desinformación y propaganda negra” antes, durante y después de la dictadura.

El avance de las causas sobre civiles vinculados con el Estado terrorista generó resistencias desde el comienzo y en todo el país. Ocurrió con los jueces de Mendoza que hoy están en el banquillo, con los abogados de la CNU de Mar del Plata y con el empresario Pedro Blaquier, entre otros. En Bahía Blanca, el antecedente más lejano es el del ex juez Guillermo Madueño, que primero se fugó y luego murió sin ser procesado gracias a los oficios de varios colegas. Sus ex secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti dan pelea con relativo éxito. El ex capellán Aldo Vara se benefició por la vista gorda de Martínez, que no encontró elementos para imputarlo, y cuando la Cámara Federal revirtió esa decisión ya estaba escondido en una parroquia de Paraguay, donde murió días después de ser detenido. Si Vara contaba con hospedaje y financiamiento de la Iglesia Católica, servicios por los que fue procesado el obispo bahiense Guillermo Garlatti, ningún caso inquieta tanto como el de Massot, dueño del diario centenario de Bahía Blanca y eterno operador político en las sombras.

Las primeras negativas al intento de investigar a La Nueva Provincia (LNP) las recibió el fiscal Córdoba: el entonces juez Alcindo Alvarez Canale y el subrogante Eduardo Tentoni no se animaron a allanar la empresa. Cuando Palazzani y Nebbia tomaron la posta de Córdoba, tras la sentencia que ordenó avanzar sobre el rol criminal de LNP, se toparon otra vez con Martínez, que en una carilla y sin mayores fundamentos rechazó la imputación de Massot. Igual que en el caso de Vara, la Cámara revirtió esa resolución. Entonces asumió como juez subrogante Coleffi, quien primero se animó a allanar el diario y luego a indagar al empresario.

El viernes pasado, horas después de que los fiscales presentaran un documento de 600 páginas para reforzar la acusación contra Massot, entró en escena el secretario Fernández. Se trata del hijo de Augusto Fernández, un ex camarista que antes de jubilarse excarceló a 36 represores y que llegó a marchar por las calles bahienses con una bandera argentina y un cartel que imploraba “¡Basta de Kdenas!”, no en 1976 sino en 2012. La propia Cámara, tras la partida del padre, le llamó la atención al hijo por hacer tareas de inteligencia sobre víctimas de la dictadura en el contexto de una frustrada operación para ensuciar al fiscal Córdoba. “Indebido escrutinio e individualización de personas”, le advirtieron entonces los camaristas Pablo Candisano y Angel Argañaraz.

En su escrito, Fernández no denunció nada: sólo dijo que le produce “violencia anímica y moral” que Coleffi haya recibido a los fiscales en su despacho, un modo de prepararle el terreno al defensor formal de Massot. Palazzani y Nebbia, obligados a pronunciarse, advirtieron que no están “para contestar cinismos ni hipocresías”, recordaron que por cuestiones operativas esas reuniones son normales y destacaron que la “preocupación” del secretario es “la evidencia más cabal –ahora visibilizada por no quedarles otro remedio– de una estrategia defensista de Vicente Massot y Hugo Sierra”. Agregaron que Martínez es “parte de la maniobra” aunque “desde las sombras” (porque fue apartado en la causa Massot y se excusó en la de Sierra porque es su amigo) y recordaron que Fernández es su secretario. “¿Fernández actúa de igual manera en todas las causas donde ve o se entera de que algún defensor, fiscal o juez de otra instancia dialogan entre sí?”, plantearon. La respuesta es no. La evidencia es que Martínez “ha vacacionado con un juez de Cámara y un fiscal en Europa” (en referencia a Candisano y a Alejandro Cantaro, que difunden en las redes sociales fotos de sus viajes) y esos tours entre íntimos que son jueces y partes “no le han movido un pelo”. Calificaron a Fernández como “un simple alfil, seguramente movido por otros designios”, y llamaron la atención sobre la Cámara, que dejó de asignarle causas a Coleffi desde que procesó al obispo Garlatti por encubrimiento. Concluyeron con una sugerencia a Fernández: que “para salvaguardar algo de su dignidad” se excuse y “deje de ser parte de las urdimbres defensivas de los imputados”.