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La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si el represor Alfredo Astiz es extraditado o no a París, donde fue condenado por el asesinato de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet durante la última dictadura militar. El juez de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale aceptó las apelaciones de la fiscalía y el gobierno de Francia, que por primera vez se presentó como querellante en la causa.
El embajador francés en Argentina, Francis Lott, nombró como apoderado a Mauricio De Núñez, quien se presentó ayer ante Alvarez Canale. La primera acción del abogado fue entregar un escrito con el que apeló la decisión del juez de rechazar la extradición de Astiz, quien está preso en una base naval por disposición del juez federal Sergio Torres.
La semana pasada los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón habían recurrido la resolución que impedía que Astiz fuera encarcelado en Francia. “No existe certeza de que pueda desarrollarse la persecución penal del condenado por los delitos de lesa humanidad de los que resultaron víctimas las monjas francesas”, escribieron los fiscales al recordar que, si bien jueces de primera instancia y tribunales de alzada declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aún resta que se pronuncie sobre el tema la Corte Suprema. Castaño y Cañón también rechazaron que la audiencia en la que se informó a Astiz que no se le concedía la extradición “no fuera pública”, tal como lo prevé la ley, “lo que podría declarar nulo el trámite”.
Cañón se reunirá con el procurador, Nicolás Becerra, que representaráa al Estado francés ante la Corte.