Como parte de la reparación a tres juezas que habían sido exoneradas por el ex gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá, el Estado nacional comenzó con una serie de medidas y publicó un pedido de disculpas en El diario de la República, de esa provincia. “En función del reconocimiento de responsabilidad internacional formulado en este caso, el Estado argentino considera oportuno formular sus más sinceras disculpas a Adriana Beatriz Gallo, Ana María Careaga y Silvia Susana Maluf de Christin por los hechos sufridos a raíz del proceso tramitado en la provincia de San Luis, que derivó en sus destituciones como juezas, en noviembre y diciembre de 1998, y en noviembre de 2002, que fue conducido de un modo contrario a los estándares nacionales e internacionales que rigen en la materia”, reza el texto de la solicitada que se publicó el 26 de diciembre pasado.

“En 1997, Rodríguez Saá adoptó una serie de medidas legales vinculadas con el Poder Judicial para garantizarse su tercer período con tranquilidad y por oponernos sufrimos esa consecuencia”, dijo Gallo a Página/12. “Es una caricia al alma, pero faltan muchos puntos más, esto no puede volver a pasar. Con esto habían logrado amedrentar a los jueces débiles y alinearon al resto, por eso esto es un mensaje muy importante para las camadas de jóvenes abogados. Hay que tener el coraje de cambiar las cosas que hay que cambiar”, dijo Gallo.

La solicitada mencionó que en los procesos por los cuales las juezas habían sido destituidas “fueron vulnerados los derechos y garantías consagrados constitucionalmente y por el derecho internacional de los derechos humanos, por lo tanto se impone la presente disculpa como parte del compromiso que asume el Estado nacional”.

En agosto de 2013 salió el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que homologó el acuerdo internacional al que habían llegado las partes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tribunal al que las juezas habían acudido en 2007. El arreglo incluye varios puntos, algunos de índole pecuniaria, que deberán ser implementados por un tribunal arbitral conformado ad hoc, y otros como la disculpa recién publicada.

Según relató Gallo a Página/12, ante el avasallamiento del Poder Judicial que estaba cometiendo Rodríguez Saá, el Colegio Público de Abogados planteó determinadas acciones judiciales, y los miembros de ese poder del Estado plantearon también otras medidas. “A los colegios los disolvió por ley porque habían pedido la intervención de la provincia, fue entonces que seis mujeres, tres juezas, una defensora de menores y dos secretarias, presentamos al Colegio de Abogados una nota de adhesión a los fundamentos del pedido de intervención porque estaba siendo avasallado el estado republicano de derecho, y por esa razón vinieron las represalias”, contó para referirse al pedido de juicio político y a la recusación de las juezas en todas las causas en las que actuaba el Estado provincial. Y recordó que el Superior Tribunal dijo que la actitud de las funcionarias había sido “un acto de subversión”.

En el jury le imputaron a Gallo y Careaga hechos falsos y no les permitieron ofrecer pruebas. Cuatro años más tarde, la jueza Maluf de Christin fue destituida por firmar aquella adhesión al pedido de intervención provincial. La CIDH evaluó que habían sido removidas de sus cargos sólo por esa razón. “No se puede coartar la libertad de expresión que tenemos los jueces –dijo Gallo–, ellos fraguaron los juicios pero el verdadero motivo era disciplinarnos, a nosotras y al resto.”