Las tres sedes de la fiscalía general bonaerense de San Isidro, en las calles Ituzaingó, Acasusso y Tres de Febrero, fueron allanadas el 30 de diciembre por la jueza federal de esa misma ciudad, Sandra Arroyo Salgado, en la causa judicial más importante hasta hoy sobre la comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido por las autoridades sanitarias y sus ramificaciones. Esa causa, N 3468/13, caratulada “Novo y otros s/ encubrimiento” vincula, entre sí los expedientes más resonantes en la materia: los crímenes de Unicenter, San Fernando y General Rodríguez, el tráfico de efedrina, la detención del narco colombiano Mi Sangre, el lavado de dinero del narcotráfico con fideicomisos en barrios privados del Tigre y el contrabando de casi una tonelada de cocaína a España, por el que fueron detenidos y condenados en Barcelona los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos del ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem, brigadier José Antonio Juliá.

Encubrimiento agravado

En un giro sorprendente que pone en evidencia la complicidad del Ministerio Público con esos graves delitos, el titular de esa fiscalía general, Julio Alberto Novo, fue imputado por encubrimiento, agravado por la seriedad del delito previo cometido por Gustavo Adolfo Juliá y por su calidad de funcionario público, atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional, abuso de autoridad y violación de sus deberes oficiales. Como parte de la investigación se determinó que la abogada defensora y la cuñada y socia de Gustavo Adolfo Juliá son próximas colaboradoras de Novo, en cargos de alta responsabilidad en las fiscalías bonaerenses dependientes del fiscal general de San Isidro. Además, la secretaria privada y pareja del fiscal Novo estaba en contacto con el defensor de uno de los sicarios que intervinieron en el crimen de Unicenter y con la madre de ese abogado. El día del crimen se presentó en Unicenter acompañado por un grupo de policías otro de los colaboradores de Novo, Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas, “sin ningún motivo claro que justificase su presencia en el lugar”.

La causa por el homicidio de Unicenter había sido archivada en junio de 2012 por Arroyo Salgado. Su reapertura fue solicitada por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y por el fiscal Félix Crous, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, y concedida por la misma jueza en marzo de 2014. Esa causa fue acumulada a la que se inició por la denuncia del fiscal provincial Luis Manuel Angelini contra Novo. Domínguez participó en el allanamiento junto con el querellante Angelini. Los mismos delitos fueron imputados a los fiscales adjuntos de Novo, Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaiani, y a las secretarias de la fiscalía Mariana Busse y Melisa Fernanda Rey. En la resolución del 30 de diciembre por la que dispuso los allanamientos, Arroyo Salgado citó en forma textual un tramo impactante del dictamen del fiscal Domínguez: “Se debe saber que el fiscal general Novo es superior jerárquico de la cuñada de Gustavo Adolfo Juliá, la fiscal María Inés Domínguez –quien además fue socia y apoderada de la empresa que luego terminó operando bajo la razón social Federal Aviation SA–; que tiene amigos con grados de parentesco con los cónyuges Gustavo Adolfo Juliá y Amelia del Carmen Domínguez; que es superior jerárquico también de Mariana Busse, pareja del abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá, el abogado Carlos Alberto Broitman; y que registra con la mayoría de los nombrados fluidos contactos telefónicos”.

Mariana Busse es algo más que subordinada de Novo y pareja del defensor de Gustavo Adolfo Juliá: ella misma actuó como codefensora de Juliá. En un clamoroso ejemplo de puerta giratoria, Busse fue secretaria de la fiscalía de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, luego de renunciar actuó como abogada de Juliá y en 2011, después de la detención de su cliente en España con casi una tonelada de cocaína, volvió a la fiscalía, esta vez como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando, donde su actividad principal fue averiguar cuánto y en qué dirección había avanzado en su pesquisa el fiscal Angelini y obstruir en todo lo posible su tarea. A propuesta de Novo, ya había otro funcionario designado para cubrir esa secretaría pero cuando los Juliá cayeron en Barcelona, Novo pidió a la Procuración que anulara ese nombramiento y en su lugar recomendó a la abogada de Juliá. La Procuradora provincial María Falbo aceptó el cambio y tal como solicitaba Novo designó a Mariana Busse. El dictamen del fiscal Fernando Domínguez señala que Novo propuso a Busse el 13 de mayo de 2011. Esa noche, a la hora de la cena, se produjo una conversación de 25 minutos entre su teléfono y el de la casa de Falbo. El llamado fue devuelto desde el conmutador de la Procuración General un día antes de que Falbo firmara la designación pedida. Esta vez la comunicación apenas duró un minuto, tiempo suficiente para comunicar una decisión.

La defensa de los narcos

El estudio que Busse compartió con Broitman también defendió al prófugo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, Ibar Esteban Pérez Corradi; a Manuel Kleiman, condenado en la causa Merluza Blanca; a los colombianos Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, detenido en 2013 en el barrio Marinas Golf del Tigre, a quien el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, procesó como integrante y posible cabecilla de “una organización vinculada a la obtención, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes dotada de una estructura organizada en estamentos y con una clara división de funciones”.

El fiscal Fernando Domínguez sostiene en su dictamen que en los procedimientos contra la banda que integraba el colombiano Sánchez Gálvez y que invertía el dinero del narcotráfico en fideicomisos edilicios “se secuestró una carta en la que se menciona que el alcalde de Tigre habría alertado sobre la producción de unos allanamientos y a su vez habría mandado a investigar los motivos de los mismos a un fiscal prestigioso”. Agrega que “casualmente” en la causa “se verifican casi cien comunicaciones entre el imputado Novo y Federico y Malena Galmarini”.

En cambio no fue imputada, aunque el dictamen la menciona con abundancia, la fiscal de primera instancia, dependiente de Novo, María Inés Domínguez, cuñada de Gustavo Adolfo Juliá, quien además del parentesco fue socia y apoderada de Federal Aviation.

Luis Manuel Angelini es el fiscal que denunció por narcotráfico a los Juliá antes de que fueran detenidos en España, pero el juez de garantías Esteban Rossignoli rechazó su solicitud de que se allanara la empresa Federal Aviation. Luego Angelini investigó el crimen de los colombianos en Unicenter y San Fernando. Como se informó en estas páginas en 2013, Angelini denunció que Novo y sus colaboradores hicieron todo lo posible por frustrar su investigación y averiguar detalles que pudieran ser de utilidad para los delincuentes. Vaiani le aconsejó que archivara la causa de Unicenter con una frase sugestiva: “Si no pudieron los Marines, no vas a poder vos”. Para instruir esas causas, Angelini no tenía ni escritorio, ni computadora, ni conexión al sistema de información judicial, ni personal ni teléfono celular. Pero sí una abrumadora tarea: Novo le asignó además la fiscalía de San Fernando y le fijó un plazo perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas pendientes que se tramitaban allí. En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras tenebrosas” y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales que dependían de él. En octubre de 2009, trece de esos fiscales imputaron irregularidades y delitos a Novo, como la obstrucción al avance de aquellas causas. En 2013, un nuevo pedido de juicio político a Novo fue presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, quien durante su desempeño previo al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria también había puesto la vista sobre los hermanos Juliá. Como ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una denuncia penal contra su superior, que se tramitó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declaró incompetente y la remitió a su colega de San Isidro Arroyo Salgado. Lo que Angelini no conocía entonces era el motivo por el que toda la maquinaria de poder dependiente de Novo actuó de ese modo.

Por teléfono

Según el dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez, Novo y los demás imputados serían responsables del “entorpecimiento y la frustración dolosa del legal desarrollo de los procesos donde se investigaron los crímenes”, actos que se acentuaron cuando Angelini “lograba avances significativos o bien se acercaba al entorno de Gustavo Adolfo Juliá, con el propósito único de brindar cobertura a la red narcocriminal que conforma el contexto y motivo de aquellos crímenes; ello no sin la aquiescencia de altos funcionarios de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires”. Agregó que durante la investigación por los crímenes de Unicenter, la secretaria Melisa Fernández Rey mantuvo “reiteradas comunicaciones telefónicas” con el número del abogado Gustavo Manuel González, defensor del uno de los principales imputados, Víctor Hugo Ovejero Olmedo, pero también con el teléfono de la madre del abogado. Rey actuaba como secretaria privada de Novo, pero además se les detectaron distintos viajes juntos al exterior, incluso cruceros, de lo que el fiscal Fernando Domínguez infiere que “entre ambos existía, además de una relación laboral una relación extremadamente cercana, que bien podría ser de pareja”.

El fiscal Fernando Domínguez sostuvo que la acción de Novo y sus colaboradores intentó “ocultar la red de narcotráfico que subyacía a los crímenes” y la participación en ellos de Juliá, de Carlos Gustavo Luaces y de Madero Office Center SRL, empresa relacionada tanto con el triple crimen de General Rodríguez como con la causa Granero por el tráfico ilegal de efedrina. A partir de la designación de Mariana Busse, “toda la información, llamados telefónicos, efectos, testigos, etc. relacionados con la causa que tenía como imputados entre otros a Gustavo Adolfo Juliá y Carlos Gustavo Luaces pasaron a ser monitoreadas directamente por la pareja del abogado defensor de estos dos sujetos, desde el momento en que el cargo de Busse supone tanto la asistencia administrativa de los fiscales como la materialización de las órdenes que éstos dan, además de su dependencia directa con la Fiscalía General verificada en los registros telefónicos. Sin embargo, el asombro no se limita a esto último: los registros de la Dirección Nacional de Migraciones demuestran que el desparpajo de la maniobra no reparó en límite alguno: para finales de noviembre y principio de diciembre de 2012, Mariana Busse, Carlos Alberto Broitman y Amelia del Carmen Domínguez se encontraban todos y al mismo tiempo en España, lugar donde cumple condena Gustavo Adolfo Juliá”.

Amelia del Carmen Domínguez es esposa de Juliá y hermana de la fiscal María Inés Domínguez. Según los registros de la Inspección General de Justicia, la fiscal María Inés Domínguez fue accionista junto con su hermana Amelia y con Juliá de Aeropuerto Video Comunicación, que fue la denominación anterior de Federal Aviation. Además actuó como abogada apoderada en el cambio de objeto y razón social de la firma. En los meses subsiguientes a los crímenes de Unicenter se registraron insistentes llamados telefónicos entre los números de la fiscal María Inés Domínguez y los de Gustavo Adolfo Juliá, Novo y sus adjuntos.

Una rosa negra

Uno de los ataques de Novo contra Angelini fue una demanda por daños y perjuicios. Para obtener el beneficio de litigar sin gastos, Novo presentó como testigo conocedor de sus condiciones personales y medios de vida al propietario del restaurante La Rosa Negra, Alberto Jorge López Segura. “Cabe suponer que ese conocimiento implica una correspondencia de conocimiento en sentido inverso”, escribió el fiscal Fernando Domínguez. Por eso no cree que Novo pudiera ignorar que un sobrino de su testigo, Eduardo Billy López Segura, era el novio de María Eugenia Maiu Juliá, la hija de Gustavo Adolfo Juliá y Amelia del Carmen Domínguez y sobrina de la fiscal María Inés Domínguez. Novo concurría con frecuencia al restaurante de López Segura en Martínez. Tanto Novo como Juliá se comunicaban con el teléfono de López Segura.

El homicidio de los colombianos Héctor Edinson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gartner en el centro comercial Unicenter se produjo el 24 de julio de 2008. El primer fiscal de la causa, Diego Grau, sindicó como autores a Víctor Hugo Ovejero Olmedo, Jorge Daniel Moreyra y Mario Martín López Magallanes. Ovejero propuso como defensor al abogado Gustavo Manuel González y Moreyra y López Magallanes al hermano de aquel, Rodrigo Leandro González. El fiscal Grau los rechazó porque ambos abogados González “mantenían con sus asistidos una relación que excedía el marco profesional según dan cuenta las transcripciones de las intervenciones telefónicas”. “López Magallanes se encuentra ligado al triple crimen de General Rodríguez en tanto dueño de la firma Unifarma SA –su abogado es Rodrigo González– e Ibar Esteban Pérez Corradi –cuyo abogado es Carlos A. Broitman– se encuentra prófugo con pedido de captura”, agrega el fiscal Fernando Domínguez. Pese a la objeción de Grau, el mismo juez Rossignoli que rechazó el allanamiento de Federal Aviation solicitado por Angelini decidió aceptar a los abogados González como defensores. El tercer piloto que acompañó a los Juliá en su último viaje a España fue Matías Miret, a quien la Justicia catalana absolvió. Hasta esa decisión estuvo detenido junto con Ovejero Olmedo, a quien le escuchó decir que participó con Moreyra y López Magallanes en los crímenes de Unicenter. Ovejero Olmedo, declaró Miret, le dijo que había robado joyas y relojes en España, que Juliá y Luaces vendían en la Argentina, pero que no le pagaron su parte. Dada esta vinculación, sigue el fiscal Fernando Domínguez, si la investigación de Unicenter avanzaba sobre Ovejero Olmedo y Moreyra “era sólo cuestión de tiempo establecer –como a la postre lo hicieron los fiscales Grau y Angelini– la consecuente participación que tuvieron Gustavo Adolfo Juliá, Carlos Gustavo Luaces y –quizás el punto neurálgico o más significativo de todo– los responsables de Madero Office Center SRL, gerenciadora de una red de narcotráfico en la Argentina”.

Entre los teléfonos que Novo compartía con Melisa Fernanda Rey y los del abogado Gustavo Manuel González y los de su madre, se verificaron no menos de 60 comunicaciones; las primeras ocurrieron tres semanas antes de los allanamientos a los domicilios de Ovejero Olmedo y Moreyra, de los que la fiscalía estaba al tanto. Los contactos telefónicos posteriores coincidieron con momentos significativos de las causas de Juliá y Luaces y de la actividad procesal del abogado González. El día en que la prensa identificó por primera vez a Moreyra y Ovejero Olmedo como presuntos autores del crimen, el abogado Gustavo Manuel González habló por teléfono con Moreyra. Luego de informarle que venía “del lado de San Isidro”, le dijo “a mí todavía no me dieron nada”. El fiscal Fernando Domínguez señala que recién un año después los abogados González fueron presentados formalmente como defensores. En octubre de 2010, Angelini solicitó el allanamiento del estudio de los González, con un resultado paradójico: ellos se enteraron, pero el allanamiento no fue aceptado por el juez. Angelini pidió al mismo tiempo la declaración testimonial del ciudadano colombiano Julián Andrés Jiménez Jaramillo, quien conducía el auto de Duque Ceballos y Quinteros Gartner cuando los mataron, y que resultó ileso. El abuelo de Jiménez Jaramillo, a quien se menciona como “Don Jaramillo” era “uno de los líderes del cartel del Norte del Valle y para el que traficaba drogas Juliá”, sostiene el fiscal Fernando Domínguez. Su hipótesis es que Jiménez Jaramillo fue el entregador de quienes lo acompañaban en el auto, ultimados “presuntamente por encargo de Gustavo Adolfo Juliá y Carlos Gustavo Luaces”. Así, las interferencias de Novo a la investigación de Angelini procuraban evitar que se estableciera la responsabilidad de Jiménez Jaramillo, cuyas vinculaciones establecidas en la causa también llegan a otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, abatido en 2009 en San Fernando; a López Magallanes (el dueño de la droguería Unifarma) y a Martín Eduardo Lanatta (condenado a prisión perpetua en 2012 por el triple crimen de General Rodríguez). En abril de 2010, Jiménez Jaramillo viajó junto con Gustavo Adolfo Juliá, vuelo que no fue incluido entre los que informó el Centro de Operaciones Especiales Antidroga de la Gendarmería Nacional. Además, la hermana de Galvis Ramírez era la novia de Duque Ceballos. La acción de Novo fue exitosa: Jiménez Jaramillo regresó a Colombia sin que Angelini pudiera interrogarlo. Con la misma finalidad de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron “plantados en el aeropuerto”, denunció Angelini. También con complicidad de un sector de la Procuración, se intentó “obtener información acerca del curso de la investigación” bajo el disfraz de control de gestión, dijo Angelini. La intimidación se extendió a la única colaboradora de Angelini, la instructora judicial Elizabeth Romano. La compañera de Novo, Melisa Fernández Rey, la interrogó acerca del “expediente de los colombianos”, en forma coercitiva e ilegal, fuera del horario de trabajo y sin conocimiento del fiscal.

Borrado

Arroyo Salgado también solicitó al juez federal de turno en la Capital el allanamiento y registro de la sede de Movistar para obtener el registro de llamadas y mensajes de texto de una serie de abonados. Esta decisión fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, debido a que, igual que en la causa que instruye la jueza María Servini contra Granero por tráfico de efedrina, Movistar omitió informar de algunas llamadas telefónicas solicitadas por la jueza, y de las que hay constancia por la respuesta de la compañía del otro abonado que intervino en el enlace. Por ejemplo, Movistar omitió tres llamadas entre el teléfono de Melisa Fernanda Rey y el abogado González. Además, en la respuesta inicial de Movistar aparecieron casi 1500 llamados en seis años, casi uno por día, a un número de Visa, cuando en los resúmenes de cuentas no aparece ninguna irregularidad que lo justifique. Esto hace pensar al fiscal que Movistar adulteró el registro para ocultar a qué número se comunicaban realmente Novo y sus colaboradores. Movistar también respondió que algunos de los números solicitados eran de uso interno y nunca habían sido asignados a ningún cliente. Sin embargo, uno de esos números se comunicó a teléfonos fijos y móviles de Novo e incluso a uno secuestrado en la causa por contrabando de estupefacientes iniciada a raíz de la detención de los Juliá. Peor aún, junto al número 1144447777, de Federal Aviation, que usaba Gustavo Adolfo Juliá, aparece la leyenda “borrar”.