Tras una semana de críticas y estrategias judiciales en contra de las designaciones que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció al filo del fin de 2014, un numeroso grupo de fiscales salió a defender la decisión, el Ministerio Público Fiscal y el sistema acusatorio plasmado en la reforma del Código Procesal Penal. En un comunicado que avalaron con su firma, más de 80 funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial consideraron que las críticas vertidas por entidades judiciales, como las asociaciones de fiscales y magistrados, “enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros” que “se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales” y “constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una moderna forma de persecución penal”.

El comunicado, que se convertirá en solicitada mañana, es la expresión del rechazo generalizado al que llegó un amplio grupo de fiscales y funcionarios judiciales por la reacción que generó la decisión de Gils Carbó de cubrir desde febrero una serie de puestos creados a partir del nuevo Código Procesal Penal.

“El intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población”, señala el texto.

La reacción se fue generando a partir de que algunos colegas cruzaran comentarios sobre la denuncia que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal hizo pública en La Nación hace una semana. Allí, la institución advertía sobre “los peligros” de las designaciones de Gils Carbó. Un día antes, la Asociación de Magistrados había hecho lo suyo. La situación encendió la alarma en propios y ajenos: muchos de quienes respaldan el texto en defensa del Ministerio Público y el accionar de la procuradora integran estas asociaciones.

Con el avance de las denuncias penales, medidas cautelares y la siempre acompañante difusión mediática, el consenso en torno de activar un gesto que despegara a quienes no opinaban igual fue creciendo.

“Nos proponemos responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando solo enuncian intereses particulares de algunos miembros”, introduce la toma de postura colectiva en la que confluyeron los fiscales Daniel Adler, Dante Vega, Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois, entre más de 80 colegas. A nivel general, entienden que las reacciones que repelen en su texto constituyen una “resistencia” al sistema acusatorio, la columna vertebral del flamante Código Procesal Penal, vigente a partir del próximo agosto y que no a todos les agrada.

El texto asegura que en ese sistema de administración de justicia “las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos, con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad”.

Desde el sector que plantea la postura defensiva llegan más fundamentos. “Los magistrados pierden poder, los fiscales que critican pierden privilegios, porque los obliga a salir de la cueva. Nadie que crea que el sistema actual lo beneficia porque trabaja poco y gana mucho ve el nuevo Código con buenos ojos”.

Los firmantes, que provienen de jurisdicciones de casi todo el país, defienden y contextualizan dentro del sistema acusatorio que instalará el flamante Código Procesal Penal –vigente desde agosto próximo– las designaciones realizadas por Gils Carbó el 30 de diciembre de 2014 y que desde el viernes permanecen suspendidas luego de que el juez Enrique Lavié Pico otorgara la medida precautelar solicitada por el diputado massista Mauricio D’Alessandro.

La decisión de la procuradora “cumple la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”, explican en el texto, antes de sentenciar que a la ausencia de las designaciones “el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”.