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“Quienes traban los cambios tienen miedo de que se cumpla la Constitución. El Ministerio Público, por mandato constitucional tiene que tener autonomía y después de viente años en estado neonato está empezando a tener manifestaciones de autonomía clara. La reforma del Código Procesal Penal la refuerza, va a implicar dotarlo de recursos y de contenido, va a permitir emprender investigaciones más complejas, hay un catálogo de responsables de criminalidad a quienes no se alcanzó y a quienes se les va a llegar. Eso es lo que está en juego. Hoy a un prostíbulo, por ejemplo, se lo investiga desde diferentes ejes: se salva a la persona de la explotación, se investiga lavado de activos y también si hay funcionarios policiales implicados, como pasó en el caso Aramayo, en Jujuy. Este enfoque complejo es superador de lo que había y lo hacemos un poco a voluntad, adaptando una herramienta como el Ministerio Público al sistema inquisitivo. El sistema acusatorio implica institucionalizar un modo de trabajo que va a permitir que esa línea sea permanente, tener políticas de trabajo estables. Esa es la discusión de fondo.”

“Quienes objetan saben que el cambio es inexorable y lo único que hacen es retrasarlo. Un Ministerio Público fuerte y dotado de recursos obviamente supera el estado de situación actual y eso afecta el reparto de atribuciones actual, donde cada uno maneja su investigación, no hay coordinación, cada juez investiga lo que le parece y no hay ningún criterio unificado. Con la Procuración teniendo en la cabeza la dirección de las investigaciones, va a ser posible tener políticas públicas, no es un dato menor porque materializa la autonomía. También es importante para las causas a funcionarios públicos, que son necesariamente complejas porque se necesitan contadores, peritos, fuerzas de seguridad que hagan diligencias, allanamientos simultáneos, tareas que un Ministerio Público sin recursos no puede hacer o lo hace de modo defectuoso. Hasta hace poco el Ministerio Público no estaba dotado de un cuerpo de contadores como los que investigaron y aportaron para mostrar cómo empresas como Loma Negra o el diario La Nueva Provincia se beneficiaron con la dictadura.

Si esos cambios se profundizan, todos los fiscales van a tener más herramientas para investigar.”

“Es llamativo que en Chile, Brasil o Centroamérica todos marcan que las reformas procesales las hicieron argentinos, con lecturas de Zaffaroni o de Alberto Binder, y se preguntan por qué los argentinos son inspiradores de reformas y no tienen esos sistemas. Es una materia pendiente, que se aplica en Córdoba hace veinte años, en Buenos Aires hace quince, y eso no implicó ninguna afectación institucional.”