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Una cosa parece estar clara incluso después del escrito del fiscal: el alerta rojo emitido en 2007 por Interpol para la detención de los sospechosos no cayó ni siquiera durante y después de la firma y la ratificación parlamentaria del acuerdo con Irán.

El alerta otorgado a los pedidos de captura de sospechosos por el atentado a la AMIA fue resuelto por 78 votos a favor, 14 en contra y 26 abstenciones. No fue una decisión jurídica sino política tomada en la conferencia de Interpol en Marruecos el 6 de noviembre de 2007, tras el esfuerzo de Néstor Kirchner, de la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y de sus funcionarios. Las órdenes de captura emitidas por el juez Rodolfo Canicoba Corral por pedido del fiscal Nisman ya circulaban. El alerta rojo votado por los delegados de cada país en el ente que coordina a las policías del mundo significaba una jerarquización del pedido de captura. La medida había estado vigente hasta 2005. Cayó cuando Interpol interpretó que la salida del juez Juan José Galeano y el comienzo de la causa por encubrimiento contra Carlos Menem y funcionarios de su gobierno ponía en duda la investigación que la Argentina había desplegado en los once años anteriores.

En 2007 el cuadro de situación en torno del tema incluía estos puntos:

- Kirchner, con la colaboración estrecha de Cristina como senadora y asesora virtual, había impulsado las medidas para desplazar a Galeano e ir contra Menem.

- Tanto el desplazamiento como la causa avanzaban en una de las pocas cosas que un gobierno podía hacer tantos años después del atentado, es decir transparentar una parte de la Justicia y buscar la penalización del encubrimiento y el armado de causas anteriores o, al menos, la liviandad para construirlas.

- En foros como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Argentina empezó a redoblar su pedido de que Irán concediera las extradiciones reclamadas por la Justicia.

- Ni el presidente ni la futura presidenta, que continuaría por el mismo camino hasta el 2012, repitieron, sin embargo, la narrativa sobre el atentado que incluía la culpabilidad de Irán como un dato probado. Tampoco lo contrariaron.

- De este modo, el kirchnerismo en el Gobierno logró algo que parecía imposible. Por un lado, se acercó a las entidades dominantes del sector organizado de la comunidad judía, la DAIA y la AMIA, y a todo el espectro de los familiares de las víctimas en el atentado de 1994. Por otro lado, no se desdijo de la política hacia Galeano, el juez que terminó su vida en tribunales sin haber investigado a fondo el atentado.

- La narrativa no era un simple relato sino la cara externa de una articulación de poder que tenía un vértice importante en el comisario Jorge “Fino” Palacios, director del área antiterrorista de la Policía Federal y candidato permanente a jefe de la fuerza de seguridad hasta que Kirchner le cortó la carrera en 2004, y otro vértice en funcionarios de Inteligencia cuya influencia al parecer fue respetada.

- La posición oficial argentina reforzó la colaboración antiterrorista con los Estados Unidos, pero el Gobierno no cambió sus posturas internacionales. Por ejemplo, no impidió la bolilla negra al ALCA en Mar del Plata en noviembre de 2005.

El cuadro de situación en el 2007 reflejaba lo que un funcionario definió una vez de esta manera ante directivos del Congreso Judío Mundial: “Con dos atentados tremendos en pocos años, la Argentina es una gran víctima, pero ser una gran víctima no convierte a un país en gran jugador global ni en potencia, y no es poca contribución a la causa humanitaria internacional respaldar las medidas de la Justicia y a la vez haber mejorado el comportamiento de una parte del fuero federal”.

Al impulsar un tratado con Irán que era de cumplimiento imposible –lo cual está probado por los hechos–, el Gobierno modificó acaso la única combinación sensata de realismo y de justicia que el propio kirchnerismo había ayudado a madurar. El acuerdo, con la centralidad política de la cuestión iraní otra vez en escena y un Nisman otra vez en condiciones de polarizar, significaba entrar en un territorio envenenado sin que el Estado argentino, el Gobierno y la mayoría del propio kirchnerismo tuvieran nada que ganar.

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