“En vez de investigar a los sospechosos, se dedicó clandestinamente a investigar a la presidenta de la República Argentina”, acusó ayer el canciller Héctor Timerman al fiscal Alberto Nisman, quien un día antes había imputado a Cristina Fernández de Kirchner y al mismo Timerman, entre otros, por el presunto encubrimiento de los iraníes señalados por la Justicia como participantes de la trama que culminó con la explosión de la sede de la AMIA. Por la mañana, el juez que entiende en la causa que investiga el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, había criticado la actuación del fiscal, que basó su imputación en escuchas telefónicas no comunicadas al magistrado. En tanto, María Servini de Cubría, en cuyo juzgado recayó la denuncia de Nisman, no habilitó la feria judicial para hacer lugar al pedido de indagatoria contra la jefa de Estado y los otros acusados (ver aparte).

En una conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada por la tarde, el ministro de Relaciones Exteriores leyó un comunicado en el que deslizó que “la denuncia contra la Presidenta tiene relación con la reciente decisión de separar a Jaime Stiuso” de su cargo como director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) y destacó el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de la causa, que llevaba ya casi una década cuando el ex presidente Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Timerman también mostró un intercambio de cartas que hizo con Interpol en el que queda claro que el memorando de entendimiento que firmó el Gobierno con Irán, en el que Nisman basa su acusación, nunca implicó la caída de los alertas rojos para su arresto internacional que pesaban sobre los ciudadanos de ese país acusados por el ataque.

Minutos después de la exposición del canciller, el fiscal Nisman volvió a otorgar una entrevista al canal de noticias TN, en el que ya había expuesto su denuncia horas antes. En esta segunda nota intentó responder ante los traspiés de su versión que significaron las declaraciones del juez Canicoba Corral, la decisión judicial de la magistrada Servini de Cubría y las desmentidas que realizó Timerman sobre la denuncia de fondo, aunque no logró justificar el origen de las escuchas telefónicas que cita en su imputación. Además confirmó que acudirá el lunes al Congreso, adonde fue convocado por legisladores opositores para que amplíe su imputación sobre la mandataria y su canciller (ver página 4).

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“La denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizada por el fiscal Alberto Nisman muestra el grado de confusión y parálisis en el que se encuentra la causa AMIA. Luego de años de contar con el respaldo político de Néstor Kirchner y de la actual Presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista”, comienza el comunicado de la Cancillería, que recuerda que “desde su época de legisladora” la mandataria “trabajó en forma permanente para lograr el esclarecimiento” de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, como parte de la comisión bilateral conformada ad hoc en 1996.

“En los dos últimos informes de la Comisión de Seguimiento, especialmente en el último, debió firmar en soledad su opinión sobre el nefasto rol del entonces juez Juan José Galeano y de los Servicios de Inteligencia del Estado a cargo de la causa AMIA. Hoy, el ex juez Galeano está acusado por encubrimiento junto a sus fiscales. Desgraciadamente, Cristina Kirchner tenía razón. Comenzaba a frustrarse la búsqueda de verdad y justicia”, continúa el texto leído por Timerman.

“Nisman debería aclarar si la denuncia contra la Presidenta tiene alguna relación con la reciente decisión de separar a Stiuso de los Servicios de Inteligencia o con la cercanía del inicio del juicio por encubrimiento”, fue más allá el canciller, recordando las declaraciones del secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien un día antes había contado cómo, durante su gestión como ministro del Interior, “debió convencer a Nisman para que acompañe a la delegación argentina a la sede central de Interpol” y “solicitar que se emitan órdenes de arresto” contra los iraníes.

“Que los Servicios de Inteligencia conduzcan al Poder Judicial nos remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en el resto del mundo”, manifestó Timerman. “¿Por qué se negaba y por qué sólo aceptó viajar luego de pedirle al agente del Servicio de Inteligencia, Jaime Stiuso, que lo acompañe a hablar con Aníbal Fernández?”, se preguntó.

Alertas rojos

El canciller descartó en otro pasaje que detrás del memorando con Irán estuviera la intención de hacer caer los “alertas rojos”, es decir, el pedido de arresto internacional sobre los sospechosos, tal como denunció Nisman. “Si hoy existen los alertas rojos, solicitando el arresto de los sospechosos iraníes, se debe a la decisión y acción política de Néstor Kirchner; no de Menem ni de De la Rúa, ni de Duhalde. Y mucho menos del fiscal Alberto Nisman”, aseguró Timerman, que mostró un intercambio epistolar que prueba este punto.

Allí se puede leer una carta enviada por la Cancillería al secretario de Interpol, Ronald Noble, el 15 de febrero de 2013, donde dice que “de acuerdo con las normas aplicables, cualquier cambio en los requerimientos de captura oportunamente formulados por Interpol desde la Argentina, en relación con los graves crímenes investigados en la causa AMIA, sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, el Dr. Rodolfo Canicoba Corral”. En la respuesta, el consejero jurídico de Interpol, Joel Sollier, contesta que “la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún cambio en el status de las notificaciones rojas publicadas en relación con los crímenes investigados en la causa AMIA”.

El memorando

Además recordó que “la actual Presidenta exigió una y otra vez que Irán coopere con la investigación, ya sea extraditando a los sospechosos o permitiendo sean juzgados en un tercer país”, y que “buscó distintas fórmulas legales, pero jamás dejó de denunciar la actitud negacionista de Irán”. La única instrucción de Cristina Kirchner al respecto fue “que haya un juicio en la Argentina o en un tercer país”, algo que ya había expresado ante la Asamblea General de la ONU. “Sin embargo –aclaró Timerman–, la opción preferida era, y lo sigue siendo, que sea el propio juez de la causa quien lleve adelante las indagatorias, utilizando las sospechas recolectadas por el fiscal Nisman.” Eso es lo que se buscaba con el memorándum, que “se firmó y lo aprobó el Congreso nacional tal como indica la Constitución argentina”, agregó.

“Si este mecanismo de cooperación judicial, que permitiría el inicio del juicio no está en vigencia es porque fue paralizado por una Cámara de Apelaciones a pedido, entre otros, del fiscal Alberto Nisman. Llama la atención que quien investigó el atentado solicite se impida que el juez argentino utilice sus propias pruebas para llegar a poder indagar a los sospechosos, sin lo cual la causa no puede avanzar”, continuó el canciller, quien recordó que “desde 2003 hasta la fecha, los presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner firmaron nueve decretos” que “tenían por objeto desclasificar toda la documentación vinculada con el atentado de la AMIA en todos los ámbitos”, por lo que “si el fiscal Nisman no realizó con eficiencia su trabajo, no puede aducir que fue por falta de instrumentos legales”.

Por último, el canciller le pidió a Nisman que “dé a conocer los nombres de los testigos que le aportaron las pruebas” y que explique cómo el Gobierno pensaba desviar la investigación lejos de los sospechosos iraníes, “siendo el fiscal Nisman el único responsable de la investigación de la causa AMIA” desde hace una década. “Que no termine el fiscal Nisman acusando a la Presidenta como lo solía hacer el senador Joseph McCarthy, aquel siniestro político estadounidense que acusaba desde los medios lo que jamás pudo probar en sede judicial. Su accionar se conoce como macartismo”, concluyó.