Los fiscales de San Martín Miguel Angel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti pidieron elevar a juicio oral la causa por los trabajadores secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz Argentina, que investiga a ocho integrantes de las Fuerzas Armadas. El requerimiento incluyó un pedido para que el juzgado de Alicia Vence resuelva de forma “urgente” una solicitud más vieja, para que el juicio pueda avanzar también sobre dos ex directivos civiles de la automotriz imputados en esta causa: Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción de la época, y Rubén Pablo Cuevas, entonces jefe de Asuntos Jurídicos. Los fiscales hicieron el primer pedido en noviembre. El juzgado de Vence les respondió con un “téngase presente”. Ellos insistieron. Vence agregó que había que continuar la investigación antes de decidirlo. Ellos insistireron. Y ayer, finalmente, la jueza se pronunció: volvió a decir “téngase presente” sobre el pedido de indagatoria a los civiles, pero ordenó un listado concreto de medidas de prueba.

En Mercedes-Benz fueron secuestrados 18 trabajadores; 17 obreros y un supervisor. Todos habían integrado la comisión interna, enfrentada a la dirección de la empresa y a la dirección del sindicato (Smata). Sin embargo, la causa original quedó dividida en dos partes según el lugar de detención ilegal de las víctimas. En San Martín quedaron sólo siete “casos” de detenidos desaparecidos, trabajadores que fueron llevados a Campo de Mayo –entre ellos está uno de los tres únicos sobrevivientes y testigo clave desde la Conadep, Hector Aníbal Ratto–.

La jueza federal Alicia Vence es la persona que tiene a cargo las causas de lesa humanidad de San Martín. En diciembre del año pasado, los fiscales frenaron la elevación a juicio de la causa para pedir que se incluyera a los civiles. La jueza primero rechazó el pedido, pero después respondió con el “téngase presente”, que es la figura que volvieron a cuestionar los fiscales en su última presentación.

“Requerimos a Vuestra Señoría en carácter urgente que conforme surge de la prueba acumulada en el caso de referencia, existe de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación mérito suficiente para legitimar pasivamente (llamar a indagatoria) a Rubén Pablo Cuevas y Juan Ronaldo Tasselkraut, a lo que nos remitimos en un todo a los argumentos vertidos en la solicitud efectuada por este Ministerio Público Fiscal” en noviembre de 2014.

En el escrito le recuerdan que ellos hicieron “reiterados pedidos” para que la jueza “adopte un criterio definitivo de la imputación” para los dos ex directivos. Y también que la jueza había dicho que era prematuro convocarlos porque había que llevar a cabo más medidas de prueba, como “individualizar al personal militar y policial que habría tomado la fábrica en aquellos tiempos, así como también (ubicar a) quienes fueron todos los directivos de la compañía y qué rol desempeñó cada uno, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades penales”.

Los fiscales pidieron el 30 de marzo una definición: o que investigue con la “premura necesaria” o “que resuelva en definitiva la situación procesal” de los civiles, conforme fuera resuelto por la Cámara. Eso es lo que finalmente acaba de resolverse ayer. La jueza elaboró un largo listado de medidas de prueba.

Tasselkraut nació el 5 de abril de 1941 en Buenos Aires. Según señala la periodista y querellante en los inicios de esta causa Gabriela Weber, “su familia vivía en condiciones humildes, pero su ingreso a MB le abrió un camino prometedor. En 1975, la empresa le asigna el cargo de gerente de Producción en la fábrica de González Catán”. Los obreros lo describen, según señala Weber, como muy autoritario y hombre de confianza del Ejército.

En noviembre pasado, la fiscalía pidió la indagatoria para él y Cuevas por “haber arbitrado los medios necesarios para indicar y señalar al personal militar (...) a los delegados y empleados de la ex firma Mercedes-Benz para que pudieran ser privados de la libertad y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno de facto”. Precisaron que los secuestros fueron posibles “en el marco del ataque cívico-militar generalizado y sistemático contra un sector de la población”, que incluyó a “las comisiones internas de empresa, empleados y delegados gremiales, opositores al plan que fuera diseñado por el Estado represor”.

Tanto la fiscalía como el CELS analizaron con detalle algunos antecedentes a los secuestros: la huelga de 1975 con 115 despidos, la lucha por las reincorporaciones, el rol del Smata, y el dato de que varios de los despedidos fueron secuestrados en ’76. También el dato de que era una de las 20 empresas de mayor facturación nacional y que tenía como cliente principal al Ejército, al que le vendía los camiones Unimog, los mismos que van a aparecer en los relatos de los colimbas de Campo de Mayo: los veían llegar cargados con personas que iban rumbo a los “vuelos de la muerte”.