El Tribunal Oral Federal 5 rechazó imputar a 39 represores acusados por delitos sexuales. Hace unas semanas, la fiscalía pidió ampliar las acusaciones por las denuncias de seis mujeres que fueron violadas. La intención del Ministerio Público, representado por Mercedes Soiza Reilly, era que el tribunal considerara los delitos sexuales como delitos autónomos. La fiscalía argumentó que no sólo lo entiende de esa manera la actual jurisprudencia en materia de crímenes de lesa humanidad, sino que, además, la ampliación surgía de los testimonios revelados en el curso del juicio. Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia argumentaron que los casos de delitos sexuales los está investigando el juez federal Sergio Torres, a cargo de la instrucción de la causa ESMA. “Entendemos que es este mismo tribunal quien debería incluir la figura de delitos sexuales, que la instrucción de Torres está paralizada y nos parece que dilatará el proceso. Y está el riesgo de la impunidad biológica”, dijo la coordinadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luz Palma Zaldúa. La fiscalía había pedido ampliar las acusaciones contra Ricardo Miguel Cavallo, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vatek y Alfredo Astiz, entre otros. Ninguno de ellos llegó al juicio oral que se está realizando actualmente acusados por los delitos de violencia sexual que, en otros debates, fueron tomados como parte de los tormentos. “Uno de los argumentos de los jueces fue seguir considerando la violencia sexual como un hecho subsumido a otros tormentos, como el del secuestro o la picana. Las querellas rechazamos eso. Creemos que las distintas formas de violencia sexual que existieron en los centros clandestinos fueron reflejo de un accionar autónomo e independiente, que componen uno de los delitos de lesa humanidad más graves dentro del plan sistemático de genocidio”, explicó Palma.