La Corte Suprema reconoció la indemnización para víctimas del atentado a la AMIA. Lo hizo al admitir el reclamo de cuatro víctimas del ataque, al que consideró imprescriptible. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda aceptaron las demandas civiles de los familiares de dos muertos y dos heridos, y la acordada fue firmada a pesar de que estos planteos fueron presentados después del plazo ordinario establecido para tal reclamo judicial. La medida alcanza a los pedidos de indemnización de Elena Schreiber, una comerciante que sufrió lesiones y destrozos en su local; de Ariel Toer, por la muerte de su madre y su hermana; de Rolando Villaverde y Dolly Berón de Estrada, por la muerte de su hijo Norberto; y de Humberto Chiesa, que fue herido cuando estaba en su taller gráfico frente al lugar del siniestro. Según el máximo tribunal, el Estado argentino ha “renunciado tácitamente a la prescripción el 4 de marzo de 2005, al suscribir un acta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la petición presentada por diversos organismos no gubernamentales a raíz de ese atentado”. Por ello se “generó la obligación del Estado de indemnizar a quienes hubieran sufrido daños como consecuencia del atentado”, explicaron fuentes de la Corte al recordar que los reclamos se efectuaron entre 2005 y 2007, más de una década después del ataque a la sede de la mutual judía. En marzo, la Corte ya había fallado a favor de una demanda similar, un pedido de indemnización de la esposa e hijas de un hombre fallecido en el atentado. Para el Estado estaba prescripto pero la Corte lo rechazó. Además de los tratados internacionales, los supremos recordaron que el Poder Ejecutivo había admitido la necesidad de indemnizar a las víctimas al enviar un proyecto de ley al Congreso, con este objetivo, pero que no fue tratado.