Con una protesta en el Salón de los Pasos Perdidos, los trabajadores legislativos lograron frenar el despido y la anulación de recategorizaciones de 500 personas en el Congreso Nacional. Los gremios denunciaron que la nueva administración de la Cámara de Diputados, que conduce Emilio Monzó, pidió las resoluciones firmadas desde julio a diciembre por la gestión del kirchnerista Julián Domínguez y ordenó darlas a todas de baja. La medida afectaba a 200 empleados de planta permanente y 300 transitorios. El conflicto en defensa del empleo se suma al que atraviesan las cooperativas que trabajan en la puesta en valor de la ex ESMA, que luego de un corte de la avenida Del Libertador lograron la promesa de que volverán a trabajar a partir del 18 de enero, aunque todavía no está claro por cuánto tiempo.

El alerta en el Congreso se activó el martes a la noche. Según contó una fuente gremial a Página/12, Recursos Humanos de la Cámara recibió cuando el día terminaba una orden de dejar sin efecto los pases a planta permanente y recategorizaciones dispuestas en los últimos seis meses. Las autoridades de la Cámara aseguraron después que nunca hubo telegramas de despido, pero según el vocero sindical consultado sí hubo orden, que se topó con la negativa a concretarla del funcionario administrativo que la recibió.

Por la mañana y en estado de alerta, trabajadores afiliados a la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), ingresaron con bombos al Salón de los Pasos Perdidos y otros espacios de la Cámara para reclamar por su continuidad laboral.

Con la ruidosa protesta resonando en el edificio, el secretario general de la Presidencia de Diputados, Guillermo Bardón, se reunió con Norberto Di Próspero, titular de APL, el gremio mayoritario en el Congreso. En principio, según dijo el dirigente, los funcionarios dieron su palabra de no avanzar con las cesantías.

“No vamos a permitir de ninguna manera que se despida a ningún compañero y vamos a defender los derechos adquiridos”, sostuvo Di Próspero al salir de la entrevista.

La intención de mandar telegramas de despido en el Congreso –que en rigor, ayer no llegaron a enviarse– había sido anticipada por la titular del Senado, Gabriela Michetti. “Si de las auditorías surge que hay 2 mil ñoquis, se van a tener que ir”, advirtió días atrás la vicepresidenta.

En la reunión con APL, las autoridades de Diputados aseguraron que “nunca habían hablado de echar gente” y que todo se debió a que “hubo medios que malinformaron e interpretaron que podría haber despidos”.

Una de las lecturas que hacían ayer los dirigentes gremiales es que la movida del PRO pudo haber sido hecha para la tribuna, para seguir instalando el discurso sobre la existencia de ñoquis que justifique el avance sobre los estatales precarizados, que según las estimaciones de ATE llegan a 90 mil en todo el país, entre contratados, tercerizados y precarizados bajo otras modalidades como las becas.

Una fuente de la Cámara baja explicó que en Diputados, Domínguez dio de baja antes de concluir su mandato a 1700 contrataciones transitorias. Esta es la práctica cada vez que cambia la gestión presidencial. Sin embargo, la medida de ayer no afectaba a los transitorios, continuó el consultado, sino a personal con funciones técnicas. “Al discurso de que hay ñoquis hay que contestar que quisieron tomar una decisión sin conocer a quiénes estaban afectando. Cuando (Julián) Domínguez llegó, los primeros 20 días recorrió área por área la Cámara para entender cómo funcionaba y ver sus necesidades. Ellos llegaron hace seis días al gobierno e intentaron dar de baja a todas las resoluciones tomadas desde julio, sin conocer quién hace qué trabajo.”

En cuanto a los mil cooperativistas que trabajan en la puesta en valor de la ex ESMA, hoy habrá una reunión en el Ministerio de Desarrollo para tratar su continuidad laboral. El conflicto comenzó cuando los trabajadores fueron notificados de que “culminarían las actividades del año el 18 de diciembre” y que los llamarían en enero “en caso” de que se aprobara la continuidad de las obras. Si bien, luego de denunciar la situación y cortar la avenida Del Libertador, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que existía el compromiso de mantener los puestos de trabajo, las cooperativas pidieron la reunión con el ministerio de Desarrollo para llegar a una definición concreta sobre cómo seguirán y por cuánto tiempo. Por ahora, les confirmaron que el 18 de enero se reintegrarán.