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El gobierno de Mauricio Macri publicó los antecedentes de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes había nombrado como jueces de la Corte Suprema en comisión (sin acuerdo del Senado) y en paralelo inició el procedimiento para que sean ratificados por el Congreso. La publicación de sus antecedentes es el primer paso para dar cumplimiento al decreto 222 creado por Néstor Kirchner, que dispone un proceso público de confrontación de datos y de impugnaciones antes de la llegada del pliego al Senado. En tanto, un abogado hizo la primera presentación para que se declare inconstitucional la designación de los jueces de la Corte Suprema a través de un decreto.

En medio de las críticas, Macri postergó hasta febrero la asunción de los magistrados del máximo tribunal pero continuó con el procedimiento regular para cubrir las vacantes en la Corte. El mandato de los dos jueces tendrá validez hasta el 30 de noviembre de 2016, si el Senado no los confirma antes con el respaldo de los dos tercios de los votos.

Desde el kirchnerismo, convocaron a una movilización frente al Congreso e incluso analizan la posibilidad de que el Senado se autoconvoque para frenar las designaciones.

En el Boletín Oficial, aparecieron ayer dos publicaciones firmadas por el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques, con los antecedentes de los jueces. A partir de la publicación las distintas organizaciones tienen 15 días para presentar impugnaciones.

La discusión política dio paso, como era de prever, a la judicialización de lo que resolvió Macri. El abogado Denis Pitté Fletcher presentó un pedido de inconstitucionalidad de la medida, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 4, a cargo de la jueza Rita Ailán

El denunciante pidió “que se declare la inconstitucionalidad del decreto 83/2015 en cuanto lesiona gravemente, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”.