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La idea se le ocurrió a un miembro del gabinete nada menos que en diciembre de 2001. El presidente Fernando de la Rúa tenía que ser un jefe. Un Jefe con mayúsculas. Y los jefes mandan. A los jefes, por ejemplo, no les importan tonterías que al resto de los mortales sí. Para eso son jefes. La mortalidad ajena, sin ir más lejos.

Imbuido de su jefatura plena, De la Rúa tomó dos decisiones sin vacilar. Una fue por comisión. Ordenó reprimir en Plaza de Mayo y todo el microcentro. Otra fue por omisión. No dijo cuáles debían ser los límites de la represión. Así fue que la Policía Federal mató. Mientras, otras policías mataban fuera de la Capital.

Más allá de que en términos penales la Justicia le pruebe o no a De la Rúa que cometió delito, políticamente no hay dudas de qué ocurrió y por qué. Porque incluso en esos momentos de confusión siempre hay mentes más lúcidas que alcanzan a ver cuál es el abanico de posibilidades que se abre y sacar la conclusión de que, por si acaso, conviene no tentar al demonio. Hubo por lo menos dos. Dentro del gobierno el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini no estuvo de acuerdo con que, para ser jefe, hubiera que ser temerario. Intuyó que podría ser muy peligroso. Fuera del gobierno el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, también entrevió que reprimir de cualquier modo en Plaza de Mayo también podría ser un camino de ida.

La decisión de Mauricio Macri de mandar a la Corte Suprema dos jueces en comisión ya provocó polémicas. La más seria es constitucional y política. Como saben los lectores de este diario, sólo el Poder Ejecutivo, el PRO y una parte de sus aliados en Cambiemos, entre ellos Ernesto Sanz y Elisa Carrió, respaldaron que el Presidente no convocara a sesiones extraordinarias ni utilizara el decreto 222, que permite la opinión sobre un candidato y el examen previo de sus antecedentes por parte de la sociedad entera. En 2003 la candidatura de Raúl Zaffaroni para la Corte fue una interesante experiencia de discusión. Desde que Macri comisionó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para el tribunal supremo, uno de los argumentos a favor es que Macri ni los conoce. Suena a poco. Zaffaroni había sido un duro crítico del gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. No se definían a sí mismos como kirchneristas ni Ricardo Lorenzetti ni Elena Highton ni Carmen Argibay. Al margen del currículum vitae de Rosenkrantz y Rosatti o de sus ideas políticas, lo cierto es que llegan a la Corte en medio de una crítica política o legal que va desde miembros de Cambiemos como Ricardo Gil Lavedra hasta dirigentes del Frente para la Victoria como Héctor Recalde, pasando por opositores hasta ahora amigables como Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Y llegan sin el debate que precedió la designación de Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay y Highton.

Imposible saber a ciencia cierta por qué, en el fondo, Macri decidió lo que decidió. Pero si lo hizo para demostrar que es un jefe de veras, será mejor recordar que las sobreactuaciones siempre acaban mal. El 19 y el 20 de diciembre de 2001 hubo 36 muertos.

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