La participación del presidente Mauricio Macri en la Cumbre de Seguridad Nuclear que se lleva adelante en Washington es presentada por el Gobierno como un espacio clave para coordinar acciones multilaterales ante la hipótesis de un ataque terrorista a instalaciones atómicas. De hecho, hace tiempo Estados Unidos viene agitando el fantasma de un posible atentado de Al Qaeda y/o el Estado Islámico, ya sea con una bomba sucia que disperse radioactividad, algún otro tipo de artefacto improvisado o por medio de un sabotaje. El objetivo de garantizar la seguridad aparece como una acción loable en ese contexto. Sin embargo, fuentes del sector nuclear advirtieron a Página/12 que la amenaza terrorista viene siendo utilizada por las potencias para forzar a los países periféricos a firmar un Protocolo Adicional a los Acuerdos de Salvaguardias sellados con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que habilita controles invasivos, lo que pone en riesgo un desarrollo nuclear independiente. Hasta ahora, Argentina resistió la firma de ese Protocolo en una acción coordinada con Brasil, pero aún no está claro qué posición tomará Mauricio Macri, quien designó como su “sherpa” en la cumbre al diplomático Roberto García Moritán, un activo promotor del Protocolo Adicional. Un grupo de intelectuales rechazó la posible firma de ese acuerdo (ver aparte).

A partir de 1993, luego de descubrirse que Irak había mantenido un programa de desarrollo nuclear clandestino pese a haber firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la OIEA emprendió un amplio plan para fortalecer la eficacia de su sistema de controles, que se conoció como “Programa 93+2”. El objetivo fue ampliar el centro de atención de su sistema de salvaguardias para tratar de detectar materiales y actividades nucleares no declaradas. La primera parte incluyó una serie de medidas adicionales que se comenzaron a aplicar de inmediato sobre la base de sus facultades legales vigentes. El listado incluyó el acceso a información adicional sobre instalaciones que contienen o habían mantenido materiales nucleares, la ejecución de muestreos ambientales en puntos estratégicos de esas instalaciones y la intensificación de inspecciones no anunciadas, entre otras medidas.

La segunda parte del “Programa 93+2” requería, en cambio, una autorización legal adicional por parte de los países de la OIEA y la negociación derivó en 1997 en la aprobación de un Protocolo Adicional a los Acuerdos de Salvaguardias, que implicó un cambio sustancial respecto del sistema tradicional, pues a partir de entonces el propósito dejó de ser solo inspeccionar las instalaciones nucleares declaradas y sino también tratar de detectar las no declaradas, lo que amplió el radio de búsqueda a todo el país. Así fue como el artículo 2 del Protocolo Adicional incluyó una larga serie de exigencias de información, entre las cuales se destacan la necesidad de suministrar una descripción detallada de las instalaciones nucleares y sus zonas aledañas, producción, exportación e importación de equipos específicos y de materiales no nucleares que puedan ser indispensables para la operación de una central y la información sobre actividades de investigación y desarrollo que pudieran tener algún tipo de vinculación con el ciclo del combustible nuclear.

Las fuentes consultadas por Página/12 destacaron, por ejemplo, que la firma de este Protocolo Adicional, podría habilitar a la OIEA, y por extensión a los países centrales que la controlan, a acceder al listado de todos los proyectos de investigación universitarios y al nombre de los investigadores que los llevan adelante si es que esos proyectos focalizan en temas que pudieran tener algún tipo de vinculación, aunque sea indirecta, con el sector nuclear. “De ese modo, potencias nucleares como Estados Unidos o Francia pueden tener acceso a las líneas de investigación que una universidad recién está iniciando y replicarla con más recursos humanos y financieros”, aseguró a este diario un especialista con amplia trayectoria en el sector nuclear. Los inspectores internacionales también podrían tener acceso, en caso de solicitarlo, a industrias privadas que controlen el know-how de una tecnología que signifique un riesgo potencial para la OIEA, aunque esas industrias no manejen materiales nucleares.

Hasta el momento, Argentina y Brasil han venido resistiendo, del modo más diplomático posible, la firma de dicho Protocolo Adicional con el argumento de que las exigencias que les imponen a los países nucleares no corren para todos por igual, ya que no hay señales claras de que las potencias centrales hayan reducido su armamento atómico. El caso de Estados Unidos es más llamativo aún porque firmó el Protocolo y lo promueve abiertamente para mejorar la seguridad en un contexto internacional con crecientes amenazas terroristas, pero solo permite inspecciones de la OIEA en un sector muy reducido, dejando afuera a todas aquellas instalaciones vinculadas a su sistema de defensa.

La llegada de Macri genera dudas en el sector sobre la continuidad de esta política nuclear de autonomía relativa, sobre todo por el interés oficial de alinearse con Estados Unidos. Página/12 reveló el domingo pasado que el incremento de la cooperación nuclear fue uno de los temas analizados durante la visita de Barack Obama al país. Expertos del sector nuclear sostienen que en caso de que Argentina decidiera firmar el Protocolo Adicional no sólo vería reducida sus posibilidades de llevar adelante un desarrollo nuclear propio sino que afectaría también la relación bilateral con Brasil, país con el que en 1991 creó la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (Abbac), la cual desde entonces se ha encargado de garantizar inspecciones mutuas a las instalaciones atómicas de cada país, contribuyendo a la paz en la región.