En Argentina, 286 mujeres fueron asesinadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año pasado sólo por ser mujeres. En su mayoría, tenían entre 19 y 50 años, pero también hubo víctimas de entre 51 y 99 años y algunas de hasta 12 años. En el 60 por ciento de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas y ex parejas –en relaciones con distinto grado de formalidad– u otras personas que las conocían. En 5 casos, se trató de travesticidios. El 59 por ciento de las víctimas fue asesinada en el territorio íntimo (su propia casa, o la que compartían con quien terminó por asesinarlas, por ejemplo); el 21 por ciento, en el espacio público (la calle, un baldío, el monte, una ruta); una, fue víctima de muerte violenta en una comisaría. Del total de femicidas, 35 se suicidaron tras cometer el crimen. Por los femicidios, 322 chicas y chicos quedaron sin madre; 214 de ellos son menores de edad. “En los ocho años que van de 2008 a 2015, hubo 2094 femicidios y 1617 chicas y chicos menores de edad quedaron sin madre por esos femicidios. Es una cantidad impresionante, hablamos de números muy importantes”, evaluó en diálogo con este diario Ada Rico, presidenta de la ONG La Casa del Encuentro, cuyo Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” realiza anualmente el informe desde 2008.

La presentación del informe de este año, señaló la entidad, apoya el pedido de que se reglamente y ponga en marcha “los artículos pendientes de la Ley Nº 26.485 –N. de R.: para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres–, incluido el Plan Nacional” de acción y las “estadísticas oficiales integrales y transversales” sobre el tema; que se asigne “presupuesto acorde” para la aplicación integral de la Ley; que las estadísticas de femicidios de la Corte de Suprema incluyan incluya aquellos femicidios tras los cuales el agresor se suicida. Además, entre otras serie de pedidos vinculados a la asistencia a víctimas de violencia pero también a la prevención y la sensibilización sobre el tema, la entidad reclamó que se trate el anteproyecto de Ley “sobre ‘pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado’” y el proyecto de Ley conocido como “Brisa”, que otorga una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidio hasta que alcancen la mayoría de edad.

En diálogo con este diario, Rico señaló que no es ocioso aclarar algo que, de acuerdo con la observación realizada durante el relevamiento, aún pareciera confuso: “el femicidio es algo específico. El homicidio de una mujer en ocasión de robo, por ejemplo, no lo es. Cuando hablamos del asesinato de una mujer en razón de violencia de género, de violencia machista, sí lo es”.

El informe –realizado en base a información publicada por medios de comunicación de todo el país– relevó que a lo largo del año pasado las víctimas fatales de la violencia machista fueron 286. En 121 de los casos, los victimarios fueron esposos, parejas, o novios; en 52, ex esposos, ex parejas o ex novios. El 5 por ciento de los femicidas fueron vecinos y conocidos, y otro tanto, padres o padrastros. En 10 casos, los victimarios fueron “otros familiares”; en 8, “hijos, hijastros”; en un caso, el prostituyente. Las noticias, en 67 casos, refirieron a victimarios “sin vínculo aparente” con las víctimas.

La mayoría de las 286 mujeres asesinadas tenían entre 19 y 50 años, pero las víctimas adolescentes les siguen en número: 95 tenían entre 31 y 50; 86, entre 19 y 30; 39 eran chicas de entre 13 y 18. Las víctimas de entre 51 y 65 años fueron 35; las de entre 66 y 99, 17; 13 niñas de entre 0 y 12 años también resultaron asesinadas sólo por ser niñas (4 de entre 0 y 1 año; 9 de entre 2 y 12). En 5 casos, las víctimas estaban embarazadas.

El 30 por ciento de los victimarios (87) tenía entre 31 y 50 años al momento de cometer el femicidio; el 22 por ciento (62), entre 19 y 30. Los victimarios de entre 51 y 65 años fueron 37 (alrededor del 13 por ciento); los de entre 13 y 18 años, 9; los de entre 66 y 90 años, 8. En 83 casos las noticias no consignaron su edad. En 18 casos, los victimarios fueron o son integrantes de alguna fuerza de seguridad.

El 24,5 por ciento de los femicidas se sirvieron de armas de fuego para cometer el crimen: 70 de las mujeres murieron baleadas. Además, 54 fueron apuñaladas, 44 murieron a golpes, 21 fueron incineradas y 20 estranguladas. Todas las demás muertes de las que dio cuenta la prensa argentina a lo largo del año hablan de escenas dominadas por la violencia física extrema: asfixia, degüello, ahorcamientos, descuartizamiento, ahogamiento, uso de hacha o machete.

En diálogo con este diario, Rico señaló que es preciso “hacer un análisis” en lo que refiere a las modalidades de femicidio. “En 2014 hubo 9 mujeres incineradas, y en 2015 hubo 21. Recuerdo que en su momento, cuando fue el femicidio de Wanda Taddei, se habló acerca de que si los medios publicaban los detalles, generaban un efecto de imitación. Recuerdo que se combatió ese tipo de cobertura. Yo no estoy de acuerdo, porque si el caso está trabajado con seriedad, no sucede. Y estos datos de 2015, cuando los comparamos con los de 2014, muestran que ese mito que se generó no existe: el año pasado no hubo un caso emblemático de una mujer incinerada, y sin embargo esa modalidad se duplica. Eso nos llamó la atención. En todo lo demás, se repiten circunstancias y detalles de otros años: el lugar, los victimarios”.

El registro de espacios revela que los femicidios ocurren en su mayoría en viviendas (el 59 por ciento de las víctimas fueron asesinadas en sus casas, las de sus ex parejas, aquellas en las que habían convivido con quien luego las mató). Sin embargo, el 21 por ciento tuvo lugar o fue descubierto en descampados, caminos, montes, ríos, diques, lugares de trabajo, basurales, zanjas. En un caso, el femicidio se cometió en un prostíbulo; en otro, en una comisaría. Otros lugares recurrentes fueron distintos vehículos, veras de rutas; en 18 casos no hay datos de dónde se cometió el asesinato machista o dónde apareció el cuerpo.

Los contextos en torno a los femicidios registrados hablan, en muchos casos, de agravantes y en otros, de víctimas que intentaron preservarse y en cuyos casos el Estado falló a la hora de cumplir con su parte. En 27 de los 286 casos, las víctimas habían presentado denuncias por violencia contra su agresor y en 15, contaban con orden de prohibición de acercamiento o de exclusión de hogar. En 27 casos se dio cuenta de indicios de abuso sexual; en 6, se presume que la mujer asesinada también fue explotada sexualmente o víctima de trata de personas.