Favorecer el uso de sociedades comerciales offshore en el ámbito porteño estuvo en el centro de las preocupaciones de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. A punto tal que a poco de asumir impulsó la creación de un registro de inscripción y fiscalización paralelo a la Inspección General de Justicia (IGJ). Una medida cautelar presentada por la entonces fiscal general Alejandra Gils Carbó frenó la iniciativa que ahora, con Macri en la Casa Rosada, una jueza subrogante después de ocho años desestimó. Página/12 informó la semana pasada sobre la oportunidad del fallo que da vía libre al nuevo organismo y está apelado por la fiscalía. Haciendo caso omiso de esa instancia judicial y con la idea de ganar tiempo, el Gobierno de la Ciudad presentó el jueves 14 un recurso para que se levante la medida cautelar y así poder concretar su objetivo. Los Panama Papers pusieron en evidencia que Macri y gran parte de sus colaboradores son afectos a los emprendimientos offshore. El escándalo internacional no parece hacerles mella en su estrategia.

La IGJ dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación estableció normas rigurosas para habilitar y fiscalizar sociedades comerciales nacionales y extranjeras, incluidas las offshores, durante la gestión de Ricardo Nissen (2003-2005). “Esas normas implican una limitación reglamentaria para los negocios realizados en el país a través de offshore, pagarían un costo alto sacándolas, les es más útil crear un nuevo organismo a medida de los negocios que quieren hacer”, explica un experto en los artilugios de ingeniería financiera usados para evadir impuestos, responsabilidades y ocultar manejos non sanctos.

El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Gils Carbó, entonces fiscal general ante la Cámara Comercial, cuestionó la constitucionalidad de la norma que avanzaba sobre la ley de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que reserva la jurisdicción del Registro Inmobiliario y de la IGJ en la Nación. La actual Procuradora que desde entonces acumula desencuentros frontales con Macri presentó además una medida cautelar para impedir la puesta en práctica del nuevo organismo. Durante ocho años, el expediente se demoró en distintas instancias hasta que a fines de febrero la jueza subrogante Nacional de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo Federal Número 12, Macarena Marra Giménez, consideró que la Fiscalía no tiene legitimidad para cuestionar la vigencia de la ley sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad de la norma porteña. La actual fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda apelaron el fallo.

Una línea de conducta

Antes de que los fiscales presenten los argumentos de la apelación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del letrado apoderado Fernando José Conti reclamó ante el juzgado que se deje sin efecto la medida cautelar. De esa forma, entraría en vigencia la ley que permite la creación del nuevo organismo. El escrito, al que accedió Página/12, funda su urgencia en que “el Estado Nacional no ha apelado, quedando firme la sentencia”. En la demanda original la IGJ también había cuestionado la ley porteña, pero el cambio de signo político que puso en ambas jurisdicciones a los dirigentes de Cambiemos hizo que el Estado se desentendiera del caso.

El argumento encendió el alarma entre los fiscales que consideran que es obligación de ese poder apelar un fallo que le recorta competencias a la IGJ sin que se haya sancionado una ley nacional que delegue esas facultades en la comuna.

La presentación del Gobierno porteño se anexó al expediente que se tramita en el 5 piso de Carlos Pellegrini 681 pero desde el juzgado no informaron a los fiscales. Este diario pudo saber que se abrió un trámite aparte. De pronto, empezó una carrera contrarreloj para agilizar la puesta en marcha del nuevo organismo.

En esa carrera contrarreloj también juegan los tiempos de la jueza Marra Giménez para seguir a cargo de la causa. El 28 de octubre del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, presidida por Jorge Eduardo Moran, le prorrogó la subrogancia a la jueza hasta el 28 de febrero para que resuelva, entre otras, la causa por la creación del registro porteño. Sobre el filo de ese plazo, Marra Giménez fallo por la incompetencia de la Fiscalía. Con la sentencia terminó la vigencia de su subrogancia, es decir de su suplencia a cargo del juzgado. Sin embargo, la jueza no se desprendió del expediente apelado y ahora el Gobierno porteño apura el levantamiento de la cautelar para allanarle el camino al registro local.

“La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”, escribió Gils Carbó en 2009. Los Panamá Papers resignificaron esa descripción y los riesgos de la renovada urgencia con que el macrismo aspira a fijar los criterios de creación y control de las sociedades que se radiquen para operar en territorio porteño.