Grindetti es uno de los hombres de confianza de Mauricio Macri, a quien Santoro también pedirá que investiguen.

La pregunta quedó planteada cuando se hizo la operación: por qué, siendo jefe de Gobierno, Mauricio Macri apresuró en 2010 la emisión de los bonos Tango Serie 8 para financiar obras que entonces la ciudad no estaba lista para poner en marcha y por qué pagó por ello al Credit Suisse y a KBR Corporate Finance comisiones ocho veces más caras que las que pedían otros agentes financieros. La respuesta podría llegar ahora de la mano de los Panama Papers. De allí surgió que fue entonces que Héctor Grindetti, en ese momento ministro de Hacienda porteño y hombre de confianza del actual Presidente, quedó a cargo del manejo de Mercier Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panamá, y también de una cuenta en un banco suizo vinculado con esa colocación de deuda. El dato reavivó las sospechas de que detrás de aquel endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO, como señala el ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el Frente para la Victoria Leandro Santoro en una denuncia que mañana presentará ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que Macri y Grindetti sean investigados.

Según los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, Grindetti tuvo un poder para manejar la firma Mercier Internacional SA entre 2010 y 2013. En ese lapso el ahora intendente de Lanús también figura como apoderado de la empresa para el manejo de una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en la ciudad suiza de Zurich.

La vinculación de Grindetti con una offshore quedó en parte eclipsada por la revelación sobre la participación del propio Macri en dos empresas radicadas en paraísos fiscales: Fleg Trading, la firma creada en Bahamas en 1998 en la que el Presidente fue director, y Kagemusha, constituida en Panamá en 1981, y que según el Registro Público de ese país tiene a Macri como vicepresidente.

La deuda

Grindetti no dio hasta ahora explicaciones sobre su relación con Mercier Internacional SA y la cuenta en Suiza, pero su aparición en los Panama Papers vuelve a poner el foco sobre la emisión de los bonos Tango Serie 8. Esa colocación de deuda se realizó entre marzo y abril de 2010 y estuvo envuelta en sospechas. El gobierno de Macri justificó la emisión de los títulos en la necesidad de financiar las obras de extensión de las líneas de subterráneo A, B y H, pero cuando obtuvo los 475 millones de dólares la mitad de las obras no habían sido licitadas y terminó utilizando el dinero para otros fines.

Los agentes financieros fueron el Credit Suisse y KBR Corporate Finance, una firma sin mayor trayectoria en la materia. La administración PRO los contrató de manera directa y a cambio de la colocación de los títulos a una tasa del 12,5 por ciento les pagó el equivalente al 2 por ciento de la operación. El Credit Suisse cargó con la mayor parte de la tarea, pero del total de nueve millones y medio de dólares de la comisión se llevó el 0,75 por ciento. La mayor tajada, 1,25 por ciento, se la quedó KBR Corporate Finance. Entre los directores de esa empresa estaba Edgardo Srodek, quien fue jefe de campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005, aportó a la campaña del macrismo en 2007, y cuyo hermano Jorge era entonces diputado provincial por ese espacio político.

“La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente”, denunció entonces Ricardo López Murphy. Martín Hourest, por aquellos días legislador porteño por Igualdad Social, también advirtió sobre el pago de “una comisión absolutamente desproporcionada”. Otras provincias que se endeudaron en la misma época consiguieron hacerlo a menores tasas de interés. Y, según se supo, hubo bancos que ofrecieron hacer la operación por una comisión ocho veces menor a la que se finalmente se pagó.

El gobierno de Macri no sólo tuvo que lidiar con las denuncias políticas: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevó el tema al terreno judicial, donde acusó a Grindetti y también al entonces director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros cargos.

Entre las presuntas irregularidades de la operación que la ACIJ denunció ante la Justicia, además de lo excesivo de la tasa de interés y las comisiones, citó el hecho de que el gobierno porteño no hizo con los fondos lo que había sido autorizado por la Legislatura. Los 475 millones de dólares que se consiguieron por la colocación de deuda fueron pesificados y se convirtieron en 1843 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos fueron destinados a la compra de Letras del Banco Central (Lebacs) y 1243 millones de pesos quedaron depositados en el Banco Ciudad con un rendimiento anual del 6,5 por ciento. Según se calculó, ambas decisiones habrían significado una pérdida para la ciudad superior a los 30 millones de pesos en virtud de la diferencia entre la tasa de 12,5 por ciento pagada a los inversores del bono y el rendimiento obtenido por las Lebacs y el plazo fijo.

Las sospechas sobre aquella operación financiera ahora cobran más fuerza. Santoro destaca en la presentación que hará en la Procelac que si bien el juez Mauricio Zamudio sobreseyó a Grindetti y Semhan, los datos que surgen de los Panama Papers ameritan abrir una investigación porque dan cuenta de la posible comisión de otros delitos diferentes a los que se investigaron en su momento. Hay coincidencias temporales y hechos que respaldan esa suposición.

Las coincidencias

La emisión de los bonos Tango Serie 8 concluyó en abril de 2010. Los documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) revelan que Grindetti recibió menos de tres meses después, el 2 de julio de ese año, el “poder especial” que le confirió Mossack Fonseca para manejar Mercier Internacional SA. Ese instrumento legal le dio al entonces ministro de Hacienda porteño la atribución de “administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y descripción y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación”.

El estudio de abogados panameño dedicado a la creación de empresas fantasma le cedió a Grindetti el manejo de Mercier Internacional SA a partir de instrucciones que vía mail recibió del Estudio Chadicov, que desde Uruguay se ocupa también de brindar servicios a clientes que buscan constituir sociedades offshore. Diez días más tarde, Grindetti obtuvo el poder para operar la cuenta del Clariden Leu AG en Zurich. Según consigna Alejandro Giuffrida en el sitio web Artepolítica, Mercier Internacional SA había sido creada poco tiempo antes, el 19 de mayo de 2010, y los directores de Mercier Internacional SA que firmaron el poder en favor de Grindetti fueron José Jaime Melendez, quien también participa en la dirección de otras 802 sociedades, y Jaqueline Alexander, director también en 8627 empresas más.

En su denuncia ante la Procelac, Santoro destaca de los datos conocidos ahora se desprendería que las acciones de la Mercier Internacional SA “son al portador y que se dividen en dos mitades”. “Ello –agrega– es un dato relevante ya que el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño de las mismas.”

A la coincidencia temporal entre la emisión de los bonos Tango Serie 8 y el surgimiento del vínculo entre Grindetti y Mercier Internacional SA se suma el hecho de que el banco suizo donde estaba radicada la cuenta que el intendente de Lanús fue autorizado a operar haya sido el Clariden Leu AG. Esa entidad bancaria fue creada en el año 2007 a partir de una asociación entre el Clariden Bank y el Credit Suisse. Cinco años después, el Credit Suisse anunció la fusión definitiva de ambos bancos bajo su nombre.

El gobierno de Macri eligió contratar al Credit Suisse a pesar de que, asociado con KBR Corporate Finance, pedía comisiones mucho más caras de las que ofrecían cobrar otros agentes financieros, y a pesar también de que a esa altura ese banco ya había aparecido involucrado en maniobras de lavado de dinero. Uno de esos casos tuvo lugar en Brasil en 2007 y derivó en la detención de un empleado del Clariden Leu AG, el banco con el que justamente Grindetti terminaría operando en Zurich. Dos años después, el Banco Central brasileño estableció reglas bancarias más estrictas y obligó a varios grandes grupos internacionales a cerrar oficinas que ofrecían ilegalmente servicios de banca privada. La medida se produjo tras el arresto de ejecutivos de Credit Suisse y otras entidades. El Credit Suisse y su unidad Clariden Leu AG cerraron entonces sus sucursales representativas en ese país.

La denuncia

Más allá de considerar “relevante la relación que une a Grindetti con el Credit Suisse”, Santoro pone también énfasis “la relación directa del mismo con Macri y el Grupo Socma”. Al respecto señala que no sólo los une el hecho de que haya sido ministro de Hacienda porteño, sino que “son varias las situaciones que permiten sospechar la sociedad o el vínculo de dependencia entre ambos”. Recuerda que Grindetti fue “uno de los funcionarios de mayor confianza de Macri” durante su gestión en la ciudad. “Su amistad con el actual Presidente es públicamente conocida, pero además también es de público conocimiento su intervención en el Grupo Socma”, añade Santoro, sin pasar por alto que el actual intendente de Lanús “arrancó a trabajar como cadete y llegó al directorio” del holding de empresas de la familia Macri.

Santoro sostiene que al margen de que en el caso de la emisión de los bonos Tango Serie 8 “existió un apartamiento de la administración porteña de aquel entonces que habría respondido a alguna motivación ajena al interés general”, ahora hay indicios de la posible “existencia de lavado de activos” y que Grindetti actuó “en ambos lados del mostrador”. “Por un lado, era Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma, por el otro apoderado de una empresa para operar en un banco que llamativamente antes de otorgarse el poder había cobrado un porcentaje importante en una operación. En otras palabras, era el funcionario competente con poder de decisión en la emisión de deuda y, tiempo después, actuaba como apoderado para actuar en el mismo banco que cobraba la comisión de tal operación”, explica.

El ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el FpV subraya, además, que “existen elementos para suponer que parte del producido por las maniobras de lavado sospechadas pudo haber sido destinado a la campaña electoral”. En este punto, se detiene en un dato “que –afirma– no puede sino generar sospechas sobre el financiamiento de campaña de 2013 por parte del PRO”: que “el 14 de marzo de 2013 Macri, junto con Grindetti, viajan a Panamá. Sin perjuicio de que dicho viaje se hizo con los fines de obtener un crédito, no debe perderse de vista que se realiza meses antes de las elecciones nacionales, ya que las PASO legislativas se realizaron en agosto y las elecciones definitivas en octubre del mismo año”. Macri informó que aquel viaje, del cual participó también Rogelio Frigerio se hizo para pactar préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar obras en la ciudad. Eso fue a mediados de marzo de 2013 y los tres estuvieron en Panamá poco más de dos días. El poder de Grindetti para manejar la offshore radicada allí expiró en junio de ese año.

En relación con el posible financiamiento ilegal de la campaña del macrismo, el referente de la agrupación Los irrompibles recuerda también en su denuncia la participación de Srodek en la operación de emisión de los bonos Tango Serie 8 y manifiesta: “Se trata de una hipótesis que cobra más relevancia, entre otras circunstancias, por el aporte económico que algunos de los implicados en las maniobras efectuaron también en la campaña electoral del espacio político PRO en las elecciones legislativas de 2015, como lo es el caso de Grindetti que si bien llamativamente no figura como aportante directo, si sospechosamente sus empleados.” Al respecto, precisa que los colaboradores del entonces funcionario porteño “contribuyeron con 700.000 pesos; y eligieron hacerlo con 30.000 pesos 13 de ellos; y tres trabajadores con 25.000, 45.000 y 50.000 pesos”.

“La aparición del poder otorgado a Néstor Grindetti, un hecho nuevo que no se conocía allá por el 2010, pone de manifiesto su vinculación con operaciones dudosas de las que Macri no puede ser ajeno”, afirma en su denuncia Santoro, tras advertir que la creación de sociedades offshore no tiene otro fin que cometer alguna actividad ilícita, para hacerse luego una pregunta: ¿Por qué el ocultamiento por parte de los involucrados?

Grindetti hasta ahora no ha respondido. Santoro tiene su explicación: “Porque el ocultamiento es la base de todas las maniobras que tienen que ver con el lavado de activos o la evasión fiscal.” Desde mañana será tarea de la Justicia encontrar la respuesta definitiva.