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El viernes, 2400 obreros de la construcción de Atucha fueron despedidos. Al llegar a la planta, ubicada en la localidad de Lima –Zárate–, se encontraron con que el portón de ingreso estaba cerrado; en el lugar les notificaron que no seguirían trabajando, con una amarga confirmación de lo más temido: el gobierno nacional decidió discontinuar el proyecto de la cuarta central nuclear, Atucha III. El argumento oficial es que revisará los convenios firmados durante la gestión kirchnerista con China, que aportará el 85 por ciento de los fondos para levantar Atucha III y IV, por lo que las obras comenzarían recién el año próximo. Mientras tanto, 1800 obreros de la Uocra y 600 de Uecara –el gremio de los supervisores– quedan en la calle.

La masividad de los despidos tendrá un efecto de arrastre: inevitablemente, se extenderá a otros empleos asociados: 300 personas de maestranza, 200 de seguridad, 80 gastronómicos y otros tantos del transporte que se ocupaban de llevar y traer diariamente a los trabajadores de la construcción.

Para la comunidad de Zárate es el peor golpe social en años. Las obras paralizadas, vinculadas de manera directa o indirecta al plan de desarrollo nuclear, daban trabajo no sólo a gente de Zárate y Lima, sino también de otras ciudades de la región como Alsina, Baradero, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco.

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Ariel Puebla recibe a Página/12 en el primer piso de la Uocra de Zárate, en una oficina sin cuadros en las paredes, ni papeles sobre el escritorio. En cambio, dos teléfonos celulares no dejan de sacudirse espasmódicamente sobre un modular, junto a un paquete de cigarrillos semivacío y el único intento de decoración de la oficina: la foto de un equipo de fútbol.

Puebla tiene 52 años y es el cargo de secretario adjunto de la seccional. Es miércoles al mediodía y acaba de volver, con el titular del sindicato, Julio González, de una asamblea de mil trabajadores que en el playón de Atucha rechazaron la última propuesta de NASA previa a los despidos. La oferta consistió en escalonar las cesantías como todo paliativo.

“Querían que diéramos el aval para dejar a 700 trabajadores de un total de 2400. ¿Quién iba votar a favor de 1700 despidos, o decidir quiénes son los que quedan? ¿Y dónde va a ir a parar el resto, si afuera está todo parado?”, pregunta.

Las amenazas de despido venían desde mediados de enero, cuando el ministro de Energía de Cambiemos, el ex CEO de Shell Juan José Aranguren, reformuló el presupuesto destinado al plan de desarrollo nuclear y dejó a Atucha sin el 60 por ciento de sus recursos. También nombró un nuevo directorio en Nucleoeléctrica SA (NASA), la empresa estatal operadora de las centrales nucleares.

Puebla dice que las nuevas autoridades de NASA avanzaron con el ajuste sin mostrar una duda. “El presupuesto 2016 para las centrales nucleares estaba aprobado desde el año pasado. Lo que Aranguren decidió es desviarlo para hacer una extensión de vida de la central de Embalse, en Río III (Córdoba). Nosotros no nos oponemos a que se haga esa extensión de vida para Embalse, pero acá nos quedamos con el 40 por ciento de los fondos y ellos argumentan que los trabajadores que puede sostener el Estado con ese dinero son 700. No sólo es Atucha III, sino que no consideran necesario continuar con las obras de complementarias de Atucha II, ni con el plan de mitigación. A Embalse podrían llevar 40 o 50 compañeros como máximo. No hay una decisión del Estado de contener al resto. Ni siquiera de darles una doble liquidación o un período de sostenimiento hasta que la obra privada vaya tomando gente”.

Uno de los celulares consigue captar momentáneamente su atención. Después apunta: “Tampoco hay garantía de que los compañeros encuentren trabajo en otras obras, porque todo el sector privado sacó el pie del acelerador. Acá iban a hacer un centro comercial, que quedó parado; Bayer iba a ampliar la planta, pero después de levantar la perimetral congeló la obra. Lo mismo en todos lados. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo; los martes y jueves atendemos a los desocupados, pero hace seis meses que no podemos meter a diez compañeros en una obra. No se mueve nada. Lo máximo que aparecen son trabajos de mantenimiento o reparación, por cinco o diez días”.

El mes de protestas, con caravanas, cortes de ruta y gestiones en las que intervinieron diputados de la zona y el intendente Osvaldo Cáffaro (FpV) lograron poca cosa. El ministro Aranguren recibió al intendente y le prometió que no habría despedidos. Dos semanas más tarde los supervisores de Uecara recibieron 600 telegramas de preaviso.

Entre cortes de ruta y la llegada a la zona de la Gendarmería, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dictó la conciliación obligatoria. El ministro de Energía no se presentó a las negociaciones, sino que mandó en representación al nuevo titular de NASA, Omar Semoloni. El directivo entregó una propuesta “superadora” al plan de despidos sin anestesia: el escalonamiento de los telegramas, y la concesión de mantener trabajando a 200 personas más que en el plan original.

Tras el rechazo por la asamblea, la NASA avanzó con su cronograma: 800 despidos en el acto; a otros 300 les tocará su turno el primero de mayo y otros 200 en junio.

A Lima, localidad donde están ubicadas las centrales, a 20 kilómetros de Zárate, se llega por una ruta que corre paralela al río, que de tanto mantenimiento –reluciente además en la tarde de lluvia–, parece recién inaugurada.

“¿A qué no sabe desde cuándo figura asfaltado este camino?”, desafía Claudio Gómez, técnico electricista, guía del viaje. Y sin esperar la respuesta, contesta: “Desde la época de Perón”.

–¿Y cuándo lo asfaltaron?

–Hará unos cuatro años.

Como la ruta, Atucha remite a una historia de abandonos y postergaciones. La construcción de la segunda central fue iniciada en 1981 por la dictadura, que anunció que estaría terminada en 1987. Pero la obra se retrasó, se fue entumeciendo progresivamente y pasó a la categoría de inviable en las sucesivas crisis que bien puede recordar quien haya superado la barrera de los 30. En 1994, Carlos Menem, tras asumir como presidente, visitó la planta y prometió dotarla del doble de personal. Dos meses después estaban todos sin trabajo. Por diez años sólo quedaron en el lugar cien empleados, con la única ocupación de cuidar los materiales.

Esa historia se saldó, no sin dificultades cuyo detalle obligaría a otras varias notas, diez años y dos gobiernos más tarde. El 3 junio de 2014, Atucha II terminó de ser armada y comenzó a funcionar. La central fue bautizada con el nombre del presidente que la reactivó.

La mención del guía a la ruta tiene que ver con que los despidos de hoy están siendo acompañados del discurso antiñoqui. El auto avanza dejando atrás campos de soja, y un predio donde quedó, suspendida desde enero, la construcción de la planta depuradora de desechos cloacales de Lima. Ya en la zona urbana espera otro pañol desierto, que guarda las herramientas destinadas antes a obras públicas municipales, parte del llamado Plan de mitigación.

Y aquí viene lo del discurso antiñoqui: Cuando el grueso de las obras de Atucha II estuvo terminado, el gobierno anterior dispuso, a través del Ministerio de Planificación, un plan de obras para no dejar gente en la calle hasta el comienzo de la construcción de Atucha III. Son trabajos que se acordaron con el municipio. “600 de los 1800 compañeros que construyeron Atucha trabajan ahí”, resume el guía. Las obras apuntaron al mejoramiento urbano: desagües pluviales, cloacas, cordones cuneta, ampliación de escuelas, la recuperación de la vieja estación de trenes de Lima, la planta depuradora. Hasta que los recursos fueron cortados por el nuevo gobierno.

El intendente Osvaldo Cáffaro ofreció poner fondos de coparticipación de la ciudad para mantener las obras del plan de mitigación. “Si no lo sostenemos habrá tremendas consecuencias sociales”, advirtió entonces. Para concretarlo, la Nación debía aportar a su vez 700 millones. El sí nunca llego.

“No hay decisión política de sostener las fuentes de empleo”, concluye Gómez.

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El polo industrial de Zárate viene de ser una de las áreas con menor desocupación del país. En la última década alcanzó altos niveles de empleo, con puestos que se sostuvieron en el tiempo. Esos años de estabilidad laboral (no solo atribuibles a la construcción de la central nuclear, pero sin duda tributarios de ella) se notan donde se mire. En el playón de estacionamiento Atucha, por ejemplo, no hay un solo Renault 12. Todos son autos nuevos. Las calles de Lima y Zárate poco tiene de parecido a la de los barrios del conurbano: los frentes de las casas están pintados, los espacios verdes parquizados, las calles asfaltadas y con iluminación.

Hay un registro de buenos sueldos. “Acá un soldador gana 14 o 15 mil pesos por quincena”, asegura Gómez. Pero en 2006, cuando el entonces presidente Kirchner decidió retomar la construcción de las centrales, la mayor parte de los oficios, incluido el de soldador, se habían perdido.

En el Centro de Capacitación “Dr. Melillo” –la escuela técnica de Lima– el director Marcelo Huidobro lo recuerda bien. Como docente, fue testigo de lo que llevó reparar ese proceso. Dirige el colegio desde 1997.

“Cuando comenzó Atucha II, en Zárate no quedaban soldadores, cañistas, electricistas ni ningún otro ista vinculado a las destrezas laborales que se aprenden en las grandes obras”, señala. “Tuvimos que salir a buscar a los jubilados para que nos ayudaran a recuperar esos conocimientos”.

La escuela participó educativamente de la construcción de la central desde el primer paso, que consistió en reabrir y pintar las barracas, que habían permanecido cerradas durante siete años. A medida que la obra de Atucha II avanzó, reconvirtió su oferta educativa a las necesidades de formación. “Nosotros, antes de la reactivación del plan nuclear, acá llegamos a dar cursos de cría de conejos. ¿Para qué iba una persona a aprender a soldar? La gente no tenía dónde ir a trabajar, ni qué comer”.

La escuela tiene actualmente el centro de formación profesional, una secundaria técnica, un bachillerato para adultos y un terciario que forma técnicos superiores en reactores nucleares. Por las aulas pasaron todos los obreros especializados que levantaron Atucha II.

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¿Qué marcas dejó en la gente cada parate de las obras? Marcelo Carrizo, de 51 años, cuenta que trabajó en Atucha a fines de los 80 y después del 2006. En el medio, tuvo que irse a Ushuaia. “Dejé a mi familia pensando que en unos meses estaba acá de nuevo, pero me costó diez años volver”. Ahora no sabe lo que hará: “Me queda cortar el pasto, o la venta ambulante. No hay otra cosa. Es estar de nuevo en el 2000, 2002”.

También Puebla, el segundo de la Uocra local, pasó diez años fuera de Zárate. Tras los despidos masivos del menemismo, se empleó en la zona como recolector de la cosecha de duraznos y se fue después al sur, a la construcción de un gasoducto. “Nos disciplinaron también, porque nos obligaron a aceptar el trabajo que había por el sueldo que fuera. Y cuidado, porque hoy, toda esta zona, que era frutihortícola, no tiene una plantación de duraznos: todo fue reemplazado por la soja”.

El trabajo en la construcción tiene forzadamente fecha de finalización y tendencia a ser migrante. Pero en este caso, el costo de una suspensión –bajo la promesa de continuar Atucha III el año próximo– puede ser mayor a lo que el macrismo propone como un paréntesis sin anestesia. La presencia de los trabajadores con capacitados, incluso desempeñándose en el plan de mitigación, era en sí mismo un elemento para garantizar la continuidad del plan nuclear. Con esa fuerza raleada, dispersa por otros territorios, también se abre una puerta a una posibilidad más radical: la del modelo de compra de una central llave en mano para Atucha III.

Lo saben los dirigentes de la Uocra, el director de la escuela técnica, los que recibieron la notificación de despido el viernes y los que quedaron sujetos a ser despedidos en la próxima tanda. Lo temen en la intendencia de Zárate y en los negocios del centro, que aún antes de las cesantías vienen sufriendo una caída estrepitosa de las ventas, que según el Centro de Comercio estuvieron en febrero pasado un 20 por ciento por debajo de febrero de 2015. Lo sabe hasta el único empleado que queda en el obrador municipal de Lima, cuidando las herramientas del pañol y un par de grúas que se oxidan bajo la lluvia.