El prefecto de la zona Río de la Plata y el jefe del Departamento Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina fueron relevados de sus cargos mientras se investiga la actuación de sus subordinados en relación con las irregularidades detectadas en la fiesta electrónica Time Warp realizada en Costa Salguero. Así lo hizo saber ayer el Ministerio de Seguridad de la Nación. Además, la cartera a cargo de Patricia Bullrich informó que “en cooperación con el Poder Judicial” se decidió suspender de forma preventiva a otros 39 efectivos de la fuerza que formaron parte del operativo de seguridad en la fiesta; 19 de los suspendidos fueron citados a prestar declaración indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello.

La medida administrativa incluye a los dos jefes mencionados por su eventual responsabilidad mediata respecto del accionar del personal bajo su mando que cumplió funciones de “policía adicional” en el Complejo Costa Salguero, entre la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16. Las citaciones del juez incluyen a los prefectos a cargo del “anillo de seguridad exterior” del predio en la Costanera.

De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, los miembros de la Prefectura recibieron una bolsa con drogas que fueron decomisadas en los molinetes de ingreso al complejo, pero no reportaron la novedad a la Justicia hasta después de que se registraron las muertes de dos jóvenes, dentro del lugar donde se hacía la fiesta, y de otros tres que fueron llevados a los Hospitales Fernández y Rivadavia, donde fallecieron.

Además de las presuntas falencias en el operativo de seguridad exterior, el magistrado apunta a la posibilidad de que hayan existido irregularidades en el control interno, dado que varios testigos afirman que la droga se vendía dentro del local, sin que interviniera ni los agentes de las fuerzas públicas de seguridad ni los de la agencia privada Siseg, contratada para el evento.

Por su parte, Diego Venturino, abogado de Siseg, aseguró que la compañía no es responsable de lo sucedido dado que el acceso al predio era custodiado, en primera instancia, por la Prefectura “que tiene poder de policía y puede hacer cacheos” a los jóvenes que ingresaban a la fiesta. Luego de pasar el primer control, según Venturino, los asistentes eran recibidos por personal de otra empresa de seguridad, contratada por los organizadores para que se encargara de verificar los tickets y hacer pasar a la gente a los salones.

“Nuestra empresa tenía otra función pactada con el organizador: le encargaron 65 vigiladores privados que estuvieran en lugares fijos y sin desplazamiento”, afirmó Venturino. “La función puntual de Siseg era evitar la intrusión en los escenarios o en la cabina del DJ, evitar tumultos y detener peleas. Los medios están mezclando mucho la responsabilidad de Siseg, que no tiene nada que ver”, aseguró el abogado. Señaló, además, que “si un vigilador ve la comisión de un ilícito, tiene que comunicarlo a las autoridades”. Los 65 vigiladores de Siseg declararán como testigos.