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Las dos CGT y las dos CTA confluirán en una movilización el viernes 29. El conjunto de la oposición parlamentaria presentó proyectos de ley de emergencia ocupacional. Las convergencias responden a la política económica y laboral del presidente Mauricio Macri.

Ministros y legisladores oficialistas minimizan la existencia de despidos pero gremialistas, políticos y muchas personas de a pie razonan (o vivencian) distinto. Los macristas comentan que el Estado nacional “apenas” dejó en la calle a 10.000 trabajadores aunque hay 30.000 más del sector público provincial y municipal. Los números de los sindicatos estatales son diferentes, mayores. Además, habría que avisarle a las espadas mediáticas M que Cambiemos gobierna las dos provincias más grandes (Buenos Aires y Ciudad Autónoma), Mendoza (que está entre las seis más pobladas) y varios de los municipios con más habitantes (Córdoba y Mendoza, solo para empezar)... también cargan en su haber con una parva de bajas subnacionales.

Nadie cuestiona que la cantidad de despidos en la actividad privada es mayor que la estatal.

El cierre de Atucha y su impacto en Zárate evocan la etapa menemista: ciudades o pueblos paralizados por la onda expansiva de la caída de la actividad principal que dinamiza y vertebra la economía local.

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El ministro de Economía y Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sigue de parabienes, ahora por la respuesta de los mercados a la colocación de bonos de deuda. Wall Street es su guía y su hábitat, el mundo de la producción le es ajeno.

El Gobierno aduce que la devaluación dinamizó las economías regionales. Es una falacia, como revela un reciente informe de coyuntura del Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA) Las consecuencias no son óptimas para todos. Hay ganadores y perdedores: maná para las cerealeras y los grandes exportadores, alza notable de precios de alimentos en el mercado local, beneficio entre escaso y nulo para los productores de manzana, pera, leche, uvas y vino. La historia económica argentina se repite, obstinada.

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La CTA liderada por Hugo Yasky y la que conduce Pablo Micheli vienen llevando el peso de la movilización contra los despidos. Las CGT de Antonio Caló y Hugo Moyano confían en mostrar su poderío el viernes que viene.

Los líderes cegetistas aseguran que pondrán “toda la carne en el asador” para que la manifestación sea multitudinaria. En general, cuando quieren pueden: de momento se aplican a convocar a sus bases.

Será la primera demostración de fuerza desde el 10 de diciembre, tras un período de mansedumbre, en promedio. Buscan varios objetivos: el primero mostrarle los dientes al Gobierno que hasta hora los atendió con una caja frondosa, promesas y un par de cónclaves insípidos.

En la interna propia, que siempre late, el afán es poner más compañeros en la calle que las CTA y a los sindicalistas o partidos de izquierda (“los zurdos”). De las centrales peronistas solo reaccionaron los damnificados directos.

Especializarse en reclamos por el “impuesto al trabajo” ha sido ineficaz (las reformas macristas son parches, temporales y escasos). Poco solidario, además, reparan con delay los secretarios generales, cuando el agua llega al cuello de los compañeros laburantes.

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La Bancaria batalló con resultados notables, dentro del contexto. Se movilizó el primero de marzo al Congreso, fue reprimida. Convocó a paros exigiendo revisión de los primeros despidos. Logró aumentos importantes, que había cimentado en su primer cierre por suma fija incorporable al salario.

Se negociaron las reincorporaciones al Banco Central. Algunos jerárquicos prefirieron no reclamar, algunos empleados se contentaron con negociar una indemnización. Un gremio poderoso se puso firme de entrada contra una patronal próspera.

Ya que estamos los despedidos no son ñoquis, ni recién llegados a la función sino mayormente empleados que investigaban maniobras presuntamente delictivas. Selectivo, el lápiz rojo de Federico Sturzenegger.

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Las Cámaras trabajan en paralelo en sendos proyectos de ley de emergencia laboral. El Senado está más avanzado, puede llegar al recinto este miércoles. El bloque del Frente para la Victoria (FpV), parece, votaría unánimemente a favor.

La prohibición de despedir, la doble indemnización son piedras basales. Las incorporaciones posteriores a la norma no tendrán esa tutela, lo que debilita uno de los argumentos macristas-patronales.

La unidad de acción entre el FpV y los demás partidos opositores, semi opositores o pseudo opositores dejan en soledad al macrismo, por primera vez. La Casa Rosada archiva los encendidos discursos a favor del consenso y contra la escribanía parlamentaria e iza la bandera del veto. Sería un trago amargo: el Gobierno sabe que la decisión será impopular y puede erosionar su legitimidad a mediano plazo si aumenta el desempleo. De ahí que la táctica inicial sea desbloquear algunos opositores más sensibles a la prédica, a los sanguchitos o al ejemplo de Borocotó.

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El primer incentivo para los movimientos convergentes en los gremios y en el Congreso es la cruda realidad cotidiana. “La gente” no cobra de contado ni en dólares como los buitres. La inflación es sideral y nadie difiere la compra de alimentos al segundo semestre, cuando caería en picada.

El segundo, al menos en orden de enumeración, es la reaparición pública de la ex presidenta. Cristina Fernández de Kirchner ocupó el espacio de opositora frontal a las políticas del Gobierno.

Para el Frente Renovador (FR) encabezado por el diputado Sergio Massa o para los peronistas itinerantes es un desafío dejar tanto margen al kirchnerismo. Ser amigables y contribuir a la gobernabilidad ha rendido poco a los mandatarios provinciales y municipales. La mayoría de las promesas post electorales no se honran, en particular las que incluyen apoyo económico. Por ejemplo, el Gobierno retacea los fondos comprometidos para solventar los aumentos a docentes en las provincias más asfixiadas.

Cuesta aplaudir al oficialismo cuando los efectos impopulares de su acción se dejan notar, un cálculo racional aconseja no dejarle todo ese espacio a Cristina. Dirigentes empinados del FR hacen road shows cotidianos con un discurso opositor nítido que cuestiona la política económica y no ahorra críticas sobre la tragedia de Costa Salguero.

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Cristina congregó una muchedumbre frente a los tribunales de Comodoro Py. Luego promovió o aceptó una seguidilla de reuniones. Asistentes a distintos encuentros coincidieron: la vieron de buen talante, locuaz, muy centrada en la política económica como núcleo de la polarización contra el gobierno. Los artistas populares y los Curas en la Opción por los Pobres le habían pedido las reuniones. CFK les encomendó a los sacerdotes que propusieran sede del encuentro, en un lugar donde ejercen su misión pastoral y social. Fue en la Isla Maciel, entre los sugeridos.

Con los artistas la oradora abrió poco margen a preguntas o discusiones. Hubo más intercambio con los senadores del FpV (la mitad del bloque, dato importante) entre quienes había votantes a favor del acuerdo con los buitres. También con casi todos los intendentes del conurbano a quienes solicitó una pintura sobre el impacto de las medidas económicas en la vida popular de sus territorios.

Referentes de organizaciones sociales también observaron un ida y vuelta, infrecuente en años anteriores.

Cristina dialogó con quienes la bancan y agradeció los apoyos, en la calle o bajo distintos techos. Es prematuro evaluar qué hará en el futuro, cómo fluctuará su imagen, qué peso electoral podrán tener ella y el FpV en 2017. La irrupción catalizó tácticas de otras fuerzas opositoras y las movidas en el Congreso. Cambió el escenario.

El jefe de Gabinete Marcos Peña comentó que CFK debería consagrar su energía a defenderse ante “la Justicia”. Expresó los deseos no tan ocultos del macrismo. Cristina está decidida a contrariarlos.