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Nada es veneno y todo es
veneno. La diferencia
está en la dosis.
Paracelso (siglo XVI)

La tragedia de Costa Salguero se viene comparando con la de Cromañón. Sobran motivos para hacerlo, a condición de registrar especificidades y diferencias.

Las muertes evitables de jóvenes son el primer factor común, la coexistencia de responsabilidades empresarias y gubernamentales el segundo.

Se conjugan concausas disímiles, con autores diversos. El primer reflejo de las autoridades políticas o las agencias de seguridad y de los capitalistas implicados es atribuir los daños a una sola causa o actor, siempre ajenos a la esfera de sus responsabilidades. El que arrojó la bengala, los que se apiñaron de más, los pibes que consumieron drogas. En el caso que nos duele y nos ocupa, se prolonga a “las familias” o “los padres”. Un modo perverso y taimado de limpiarse de responsabilidades o hasta de culpa penal.

El fenómeno de “la fiesta electrónica” tiene aristas peculiares. Uno, central, es la naturalización del consumo de sustancias prohibidas. Los antropólogos sociales Pablo Semán y Guadalupe Gallo describen en “La tragedia de la opinión”, excelente abordaje publicado en Anfibia: “El uso de drogas es visibilizado en el marco de una época caracterizada por un conflicto que tiene la consecuencia de no poder inhibirlo ni sancionarlo legítimamente”.

La prohibición extrema está derogada socialmente, por las costumbres y por la impotencia de las políticas represivas.

En el derecho pre-global se llamaba “desuetudo” a la abolición social de las normas y se discutía si no correspondía derogarlas. El debate es quizás imposible respecto de todas las drogas, que están ligadas a redes delictuales, tanto como a criterios individuales sobre elecciones, placeres y peligros.

El problema, entonces, trasciende a la política criminal: se extiende a zonas más trabajosas para el estado y la sociedad civil: la prevención, la demarcación de líneas, el control de daños.

Si está dado, aunque sea duro de admitir para personas de ciertas edades y hábitos, la labor pública debe expandirse a un control mucho más amplio y sofisticado que “la lucha contra el narcotráfico”. Cruzada que fracasa estrepitosamente en todo el globo, en particular en la mayor potencia mundial y en la cual los custodios son a menudo cómplices calificados. El endiosamiento de la DEA, tan caro al oficialismo, es una versión autóctona de la cruzada.

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La política, en clave micro: Se organizan y publicitan fiestas con asistencia masiva y paga, en espacios públicos o privados. Cuando se convocan 12.000 personas que se hacinarán en un espacio de por sí insuficiente hay precauciones básicas, imposibles de dejar de lado. La primera es que no concurran 20.000 como corroboró el juez Sebastián Casanello pese a que se birlaron los contadores de los molinetes.

Si el calor agrava el peligro, hay obligación de atemperarlo.

Si la hidratación disminuye las secuelas peligrosas, el suministro debe estar garantizado. Está más cerca de ser un remedio que un consumo sujeto a las crudas leyes del capitalismo. Si la provisión es baja, si se lucra con la venta, ni qué decir si se corta el agua las culpas crecen, con autores identificables.

Las líneas, los límites se borronean cuando hay consentimiento o voluntad de las víctimas. Así y todo no es lo mismo, “tolerar” que se consuma droga a permitir o incentivar su ingreso y venta dentro del local.

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Merca, birra y faso: Las adicciones sobreviven y se aggiornan desde fondo de la historia. Antes que malo, es imposible suprimirlas por ley o mediante ataques armados, estrategias del miedo o estigmatización.

Se conocen protocolos y prácticas aptos para proteger a los ciudadanos de las consecuencias más aciagas sin interferir en su derecho a pitar o mamarse mientras no perjudique material o virtualmente a terceros.

A todas se llegó tras la corroboración de los efectos perversos, enfermedades y muertes.

Fumar es lícito pero cada vez se reducen más los ámbitos para hacerlo. Las reformas inciden en las percepciones, en los imaginarios. Ahora impresiona o causa rechazo ver películas de apenas ayer con gentes pitando en aviones, taxis, lugares cerradísimos o en la cara del interlocutor.

La valiosa imposición de publicidad negativa en cada paquete no nació de gajo sino como coronación de campañas y luchas.

El lobby tabacalero es activo y maneja millonadas. El Estado uruguayo debe vérselas con un juicio promovido por Philip Morris International ante el Ciadi, tribunal instituido para que los dueños del mundo jueguen de local. La demanda se originó en medidas restrictivas, de sensata raíz sanitaria por el presidente Tabaré Vázquez, que es médico oncólogo de profesión y moderado por estilo. El reclamo original ascendió a 25 millones de dólares que es una montaña de plata, máxime si se la coteja con el PBI uruguayo.

La propaganda comercial de los cigarrillos está vedada no así la de bebidas alcohólicas que son grandes auspiciantes en los medios. Hay cervezas que “venden” asociando su consumo a las actividades deportivas, veneradas por multitudes. Es casi cómico porque un tópico de la política es proponer al “deporte” es como una herramienta para alejar a los jóvenes de las adicciones... ¿o solo de “la droga”?

La adicción al alcohol es de las más lesivas socialmente. Imposible buscar en la Argentina estadísticas certeras pero es clavado que se llegaría a una cifra sideral de daños a terceros si se adicionan los accidentes de tránsito y los crímenes que tienen al alcohol como ingrediente o disparador.

Se expanden mundialmente y por acá regulaciones que fijan sanciones administrativas, pecuniarias y hasta penales por conducir alcoholizado. El test de alcoholemia se acepta como parámetro, quedando para especialistas la controversia sobre unidades de medida. Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad, fue sancionada por exceso, cuando era diputada nacional. Nadie está exento y los cuidados impuestos también los protegen aunque en el momento de obnubilación no se percate o resista.

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Fiscal que hace de fiscal: Una expediente criminal establece roles. El del fiscal es investigar a fondo, echar luz sobre las irregularidades, sospechar, acusar, gravitar en un platillo de la consabida balanza. Los defensores recargan el otro. A los jueces les compete resolver, ellos son el fiel de la balanza. Por eso es pésimo el código procesal que todavía se aplica: permite a los jueces federales arrogarse dos funciones que son distintas.

Federico Delgado es un fiscal con criterios propios, que van desde su vestimenta hasta su lenguaje. En Comodoro Py sobran protagonistas que toman a la chacota su vocabulario rico, que se nutre de literatura o ciencias sociales. En la corporación judicial es común ser ignorante, defecto que se agrava con la arrogancia. Señorías que solo leen la revista jurídica La Ley y el diario La Nación menosprecian aportes discursivos y conceptuales que ampliarían sus estrechos horizontes.

Delgado escribe que “la sigla Time Warp es un significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas un significante vacío”. Reformula un concepto académico, no leguleyo, que vale para entrar en materia.

Parafraseemos: el sitio de esparcimiento es una pantalla, un simulacro... Delgado describe una incitación a consumir, una protección estatal para la comisión de delitos, zonas liberadas.

Un dictamen no es una condena ni el fin del proceso, regido por la presunción de inocencia. La culpa penal es estricta; debe haber evidencias sólidas que la comprueben. Las primeras revelaciones inducen a pensar que el fiscal rumbea bien.

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Vigilar y castigar: La lucha contra el narcotráfico (o aún contra “la droga”) tiene buena prensa y recepción en la “opinión pública”. El lenguaje bélico trasunta el simplismo ideológico: “guerra”, “flagelo”, “combate”. Más drones que ONG, más policías que médicos, más Seguridad que Salud Pública. La adicción pertenece a la vida privada pero interpela a la acción estatal. Es un problema social, no policial. No lo zanja, ni siquiera lo aborda, disponer una flotilla de ambulancias o profesionales que llegan tarde o que no capacitan para atender emergencias masivas.

Un toque clasista nunca está de más. La eficaz propaganda del diputado Sergio Massa proponía mandar militares a barrios populares y a villas no a reductos presentables de la Costanera.

La estigmatización se acentúa cuando se repasa la nómina de las personas encarceladas, en alta proporción sin condena. Más “mulas” que capos, más mujeres que hombres, una proporción elevada de inmigrantes de países hermanos de la región.

La discriminación contra los humildes es aciaga. Pero no debe replicarse, a modo de vendetta discursiva, virando el reproche contra personas de otras clases sociales.

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Recen por mí: La tragedia de Once es distinta a Cromañón o Costa Salguero porque ninguna de las víctimas contribuyó al desenlace fatal. El entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quiso endilgarles parte de la responsabilidad por sus hábitos como pasajeros: debió retractarse y disculparse por tanta barbarie.

Se repitió una conducta común de los funcionarios, aludida más arriba. Atribuir un solo causante un hecho social, complejo, que conjuga conductas de varios actores. El que tiró la bengala, el motorman, los jóvenes que se drogaron. Sindicar a un posible coautor como único es una versión capciosa del chivo emisario.

Recurrentemente los funcionarios o empresarios sujetos a investigación y sospechas se escudan en explicaciones que los ponen a salvo.

Casanello viene de dictar decisiones deplorables, muy sesgadas a favor del macrismo. Es un magistrado joven: un cruel azar le da una chance de comprometerse y estar a la altura. Si emprende ese camino contará con Delgado, un fiscal decidido.

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La familia y los psicópatas: El escritor y docente Daniel Link contó en su blog cómo aleccionó a sus hijos, años ha. “Les suministré un par de consejos: mejor es no drogarse hasta cierta edad, una vez que se ha completado una pasable formación mundana. Para drogarse, hay que saber hacerlo. Qué se puede mezclar y qué no, les expliqué (alcohol nunca, subrayé, nunca alcohol: no hay nada más patético que un borracho). Y les pedí que nunca compraran drogas en la calle (o, para el caso, en una pista). Si tomaban algún sintético, debían estar atentos a la temperatura corporal y tomar muchísima agua (por lo cual les convenía llevar botellas en las carteras y mochilas). Y les hice prometer que nunca, nunca, se picarían”.

Vaya una módica mención subjetiva. El autor de esta columna no hubiera podido aconsejar de ese modo por su ajenidad a buena parte de la vida cotidiana actual. Pero sí puede adscribir a otra parte del post: “Como siempre, cada vez que sucede una tragedia, todo el mundo grita sin pensar un segundo en lo que está pasando. Yo he mirado las fotos de esos chicos muertos, a los que les vendieron basura (o una cosa por otra) y que no sabían cómo tomar lo que tomaron. Tristísimo. Imagino a sus padres, que se sentirán culpables por los horrores que se escuchan y se leen en la prensa. Quisiera decirles que ellos no tienen la culpa de nada, que la culpa es del capitalismo, de los eventos de masas (se trate de un show de Madonna, un Mundial de Fútbol o una fiesta electrónica) y la escasa cultura mundana que tenemos y que somos capaces de transmitir”.

Subleva la cantidad de opineitors y funcionarios que propagaron mensajes del tipo: “cuiden a sus hijos”, “denle un beso a la noche”. Leídos fuera de contexto podrían ser edificantes y cualquiera adheriría. Bien mirados, son psicópatas a carta cabal. Trasladan culpas a quien no las tiene y no por distracción. Manipulan, distraen, sacan de foco la cuestión.

Responsabilidades, delitos, deberes de funcionarios, colusión en un negocio ruin y muy lucrativo. Ese es el eje que centra la mira en una cadena de responsables o culpables posibles.

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Sin ilusiones: Semán y Gallo añaden: “Cada vez queda más en evidencia que lo que mata no son las drogas sino la ignorancia, el doble standard de los que consumen y persiguen, la prohibición y la hipertrofia burocrática de los organismos represivos. No se trata de pensar ingenuamente que el control de daños reduce las víctimas a cero, que en Alemania o en Disneylandia, no hay usuarios que mueren”. Minimizar es la meta, tan distante.

La coexistencia de capitalismo y sistema democrático suscita contradicciones y tensiones. Los ciudadanos piden respeto a su libertad individual hibridada con custodia estatal. Retacear agua para excitar la necesidad del consumidor y subir los precios podría ser un exceso del mercado, en otra situación. En ésta, también es envenenar.

Los asistentes a la fiesta electrónica contrataron con los organizadores una noche gozosa, excitada, inolvidable y a su modo protegida, circunscripta en el tiempo y el espacio.

Los especialistas cuentan que las drogas sintéticas son connaturales a esas tenidas, lo que no implica que todos los participantes las consumieran. Pero sí que las autoridades y los empresarios no ignoraban qué y cuánto se consumiría. Más todavía: no tenían derecho a ignorarlo ni a desatender las consecuencias.

Hay indicios, según investigadores y testigos presenciales, de la “venta libre”, posiblemente de sustancias adulteradas. Otra variante del veneno.

La polémica de estos días incluye y señala al “Estado ausente”. El escenario lleva a pensar distinto. No en el estado-institución aunque sí en agencias y funcionarios que coadyuvan activa y conscientemente a la posible comisión de delitos.

La Prefectura o, por ahí, un puñado de prefectos pueden ser al unísono corresponsables y chivos emisarios. La existencia de una zona liberada, la reiteración de las fiestas, la inconducta de un batallón de inspectores señalan al gobierno de la Ciudad Autónoma.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no puede acusar a la pesada herencia porque señalaría a su líder, el presidente Mauricio Macri. Tal vez esa limitación selló su boca. Como dirigentes de otras banderas en trances similares, le hurtó el cuerpo al problema. Estaba de viaje, regresó por un ratito y emprendió vuelo de nuevo. Vecinalista y tocador de timbres de ordinario, nada hizo por acercarse a los familiares de las víctimas fatales o por acercarse las que luchan por sobrevivir. Escribió en su Facebook que reza por ellos. La fe religiosa y las preferencias espirituales son dignas de respeto... las tareas de un mandatario las exceden por todos lados. No contaminarse, no quedar pegado es un mandato clásico a menudo obra los efectos contrarios a los buscados. Es un error político, no una conducta incluida en el Código Penal.

De ellas deben ocuparse magistrados y funcionarios judiciales

Las sentencias penales, en Cromañon y Once, sancionaron a distintos corresponsables incluyendo funcionarios públicos. Es prematuro afirmar hasta dónde llega la escala ascendente de culpas. Los precedentes orientan a creer que sube bastante.

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