La alianza oficialista Cambiemos logró avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto que reforma el sistema electoral con la implementación de la Boleta Unica Electrónica (BUE) –en reemplazo de la tradicional boleta de papel– que se implementaría en todo el país a partir de las elecciones legislativas del año próximo. Con el respaldo del massista Frente Renovador, Cambiemos obtuvo ayer en un plenario de comisiones el dictamen de mayoría, que incluyó la paridad de género –un reclamo que cruzó transversalmente a todas las bancadas políticas– por el cual todos los partidos y alianzas deberán presentar al menos un 50 por ciento de candidatas mujeres, que irán intercaladas a lo largo de las listas a todos los cargos electivos (un hombre y una mujer sucesivamente o a la inversa). Sin embargo, el texto desechó el tratamiento de la subrepresentación de los distritos más poblados del país en la Cámara baja. El proyecto –que deberá contar en el recinto con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros– también reforma el sistema de las PASO, imponiendo la obligación de votar en una sola interna partidaria para todos los cargos. El Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores se oponen a la iniciativa con duras críticas que van desde la “vulnerabilidad del sistema de votación electrónico” hasta el “sostenimiento de medidas proscriptitas” para partidos provinciales y emergentes.

Cambiemos llegó ayer al plenario de las comisiones las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto –todas en manos del oficialismo– con dos negociaciones cerradas que corrieron por cuerdas separadas. La legislativa, para lograr acuerdos con la oposición “amigable” del massismo y el Bloque Justicialista que responde a Diego Bossio, imprescindibles para alcanzar los 129 votos que se necesitan en la Cámara baja para aprobar cualquier reforma electoral. (Aunque también deberá resolver el escollo que podría darse en el Senado, que ya tiene su propio dictamen sobre paridad de género como una ley separada de la reforma electoral y donde el FpV es mayoría en la Cámara alta). La otra negociación fue con la Cámara Nacional Electoral (CNE) ante el reclamo de mayor presupuesto de sus integrantes. Este acuerdo se terminó de cerrar el miércoles en Casa Rosada, en una reunión entre los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.

El proyecto establece que la CNE tendrá a cargo el escrutinio provisorio (hasta ahora en manos del Ejecutivo) y el definitivo, la designación de un delegado informático por provincia y de un delegado electoral por escuela. Además de auditar antes, durante y después de la elección el sistema informático de votación, cuyas características se desconocen ni están incluidas en el proyecto, aunque el Gobierno ya estableció en el presupuesto 2017 la partida destinada a la compra de las máquinas electorales. También estuvo en la agenda la transmisión de datos y el centro de cómputos, donde los funcionarios macristas –contrariando el relato de la “herencia recibida”– reivindicaron la capacidad técnica y profesional de la empresa estatal Arsat, a la que le confiará esas tareas.

El acuerdo parlamentario que alcanzó Cambiemos con la oposición “amigable” dio por tierra con el reclamo de la implementación gradual de la BUE, a pesar de los cuestionamientos internos en la propia alianza oficialista como el los de los bonaerenses que proponían postergar su implementación en la provincia para después de 2017.

Una de las prendas de negociación fue la incorporación al proyecto del reclamo de paridad de género. Otra fue la creación de una Comisión Bicameral (de 8 senadores y 8 diputados) para supervisar y controlar el nuevo régimen electoral y proponer soluciones o lagunas en la legislación.

Sin embargo, hasta anoche ningún diputado massista había estampado su firma en el dictamen de mayoría (tienen tiempo hasta hoy a las 10 horas). De todas maneras, el delasotista cordobés Juan Brugge, quien participó de las negociaciones en nombre del frente UNA, coincidió en que la boleta electrónica es “un avance importante y sirve para transparentar”

El BJ acompañará en general la reforma a pesar de sus críticas al “corralito” de las PASO que limita la participación de los votantes a una sola interna partidaria. Un tema que motivó el rechazo de partidos provinciales como el MPN, ya que los neuquinos que acompañen su propuesta electoral provincial en las PASO –que no va atada a ninguna fórmula presidencial– no podrán votar candidatos a presidente.

“Este proyecto de reforma electoral tiene como núcleo central el cambio en el procedimiento y el método de votación. El objetivo es dejar atrás la boleta papel para reemplazarla por una boleta única impresa por un sistema electrónico. Además, el proyecto incluye varias modificaciones de gran trascendencia para aumentar la transparencia del sistema electoral, para que haya mayor control, seguridad y certeza en los resultados, y mayor celeridad en el escrutinio”, sostuvo el macrista Pablo Tonelli, que presidió el plenario. Una visión que muchos no comparten (ver página 10).

Otra de las reformas que introduce el proyecto es que en las PASO los candidatos a presidente no llevarán compañero de fórmula y podrán designar a su vice en un término de 48 horas posteriores a su proclamación como candidato presidencial –“para favorecer alianzas electorales”– entre otros candidatos perdedores de una misma interna que también hayan competido en las primarias. Uno de los puntos más cuestionados del nuevo sistema será el formato de la pantalla de votación, donde el orden de los diferentes partidos y alianzas será aleatoria pero que en el caso de candidatos a diputados nacionales –las más numerosas– solo aparecerán los nombres de los tres primeros de la lista. “La forma no puede condicionar el contenido. Se oculta información a los votantes”, sostienen sus detractores.

Al menos 240 días antes de las elecciones primarias (para las que falta menos de 360), se deberá constituir el Consejo de Seguimiento de las Elecciones, integrado por los apoderados de las agrupaciones políticas nacionales que participen en el proceso electoral. También tendrán que nombrar fiscales informáticos partidarios para que los representen en los procesos de auditoría del sistema de emisión de sufragio, en el de recuento, transmisión y difusión de resultados provisorios, y en el escrutinio definitivo. Un calendario muy apretado que tendrán que sortear la justicia, los partidos políticos y los votantes para adaptarse a un sistema de votación que el macrismo impuso.