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Una semana después de protagonizar el “cuadernazo” en Callao y Corrientes, los trabajadores y trabajadoras de Madygraf, ex imprenta Donnelley, festejaron en las puertas de la Legislatura bonaerense la media sanción de la ley de expropiación de la planta de Garín, donde producen en forma autogestiva desde hace más de dos años. La iniciativa fue presentada por Guillermo Kane, diputado del PO en el Frente de Izquierda (FIT), y es la misma que la banca provincial de esa alianza había impulsado cuando Christian Castillo (PTS-FIT) era diputado. El proyecto original había obtenido media sanción en 2014, pero al no haber tenido tratamiento en el Senado perdió estado parlamentario.

Varias horas antes del inicio de la sesión, los trabajadores de Madygraf llegaron a La Plata para realizar otra entrega masiva de cuadernos. Esta vez recorrieron diversas facultades y luego se ubicaron en la plaza frente a la Legislatura. En tanto, el grupo que pudo ingresar al recinto celebró desde los palcos cuando los diputados aprobaron el proyecto.

En la sesión, Kane defendió la expropiación de Donnelley como “una herramienta para los trabajadores que vienen sosteniendo la gestión obrera”, y señaló que “el plan de fondo del FIT es la estatización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que despida masivamente o cierre, que sea financiada y sea tomada como proveedor privilegiado por parte del Estado”. Para apoyar el proyecto de ley se expresaron con su voto favorable los diputados Miguel Angel Funes (FpV), Karina Nazabal (FpV) y Ricardo Lissalde (UNA). Para convertirse en ley la expropiación de la empresa RR Donnelley adjudicada a la Cooperativa de Trabajo Madygraf debe ser también aprobada en el Senado bonaerense.

Eduardo Ayala, obrero de Madygraf, destacó que “esto se logró por la lucha y organización de los trabajadores, que hace dos años decidimos entrar y poner a producir la fábrica”, y agregó que “con los cuadernazos realizados en la CABA y en La Plata, donde se repartieron 20 mil cuadernos, demostramos que nuestra fábrica es viable y además puede prestar un importante aporte a la comunidad”. Ayala enfatizó que siguen exigiendo “al juez Gerardo Santicchia que renueve el alquiler del predio hasta tanto salga la sanción definitiva, porque sino el establecimiento iría a remate y perderíamos todos los puestos de trabajo”.