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Ayelén Arroyo denunció que su papá la violaba. Lo hizo el 14 de septiembre. Pero el fiscal de instrucción Fabricio Sidoti no lo imputó, ni lo mandó detener. Dejó al lobo en el gallinero. Eso sí, mandó a realizarle un peritaje a la adolescente, pero no al acusado. Ahora el fiscal enfrentará un pedido de juicio político por su pésima actuación en el caso. Quedó en el ojo de la tormenta porque Ayelén fue degollada por su padre, por su violador serial. De ella y de sus otras hijas. Pero si la violencia machista no hubiera llegado a ese extremo fatal, Roque Arroyo, como otros tantos padres incestuosos seguiría en libertad y la causa iniciada por Ayelén, posiblemente, con destino de archivo. Como le pasa a tantas otras víctimas que no son escuchadas por fiscales y jueces, que forman el plexo de la justicia patriarcal en el país y descreen de la palabra de las mujeres, solo por ser mujeres, a la hora de denunciar distintas formas de violencia machista. O no les creen a las madres que acompañan a esas víctimas. Como le pasó a Feliciana Bilat: los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17 de la Capital Federal absolvieron el año pasado a su ex pareja, a quien la hija de ambos denunció por abuso sexual, en un fallo que es un compendio del trato discriminatorio que suelen padecer las madres protectoras –como se las llama a aquellas que acompañan a víctimas de incesto–, y las propias víctimas. Los jueces del TOC Nº 17 llegaron a afirmar que el testimonio de Bilat no era creíble porque no había derramado “siquiera una lágrima” durante su declaración. Pero no solo eso: además ordenaron que se abriera una causa judicial contra ella por la posible comisión del delito de falso testimonio y le impusieron las costas del juicio, dos acciones que deben ser leídas como formas de violencia institucional y como una abierta violación al derecho de acceso a la justicia de la víctima y de sus familiares.

C.E.R. tenía 19 años cuando denunció en 2011 a su padre por abuso sexual incestuoso en Reconquista, provincia de Santa Fe. C.E.R. podría haber sido Ayelén. Pero está viva. La joven, hoy de 23 años, recurrió primero a la Defensoría del Pueblo en su ciudad, pero no obtuvo respuesta. Quedó sola y sin patrocinio jurídico. El fiscal que tomó su denuncia no pidió las medidas pertinentes para probar el delito que ella –y tres hermanas– habían sufrido y el juez de Sentencia de los tribunales de Vera, Nicolás Muse Chemes, sobreseyó al acusado, con una sentencia también cargada de estereotipos discriminatorios por razones de género: como que las mujeres son fabuladoras; que inventan el abuso para escapar al control paterno. Muse Chemes recurrió a otro de los mitos sobre los perpetradores de casos de violencia de género que fueron desterrados hace años por los especialistas del tema: que los abusadores son enfermos.

Ese juez, que también dejó al lobo en el gallinero, es candidato actualmente a camarista penal en la provincia de Santa Fe. C.E.R. no había sido su única víctima. También como en el caso de Ayelén, otras hermanas habían sufrido la misma tortura. En uno de los casos, incluso, embarazo y abortos forzados. La candidatura de Muse Chemes acaba de ser impugnada por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario. Su pliego está en la comisión de Acuerdos del Senado. Antes esa ong y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) denunciaron el caso en el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw), de la ONU, que admitió el caso. Finalmente, el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dictó este año un decreto por el cual se comprometió a resarcir a C.E.R. por el año provocado en su vida por la actuación judicial. Pero a ese juez ahora lo quieren premiar con un ascenso.

En el medio de la conmoción social por a la seguidilla de femicidios, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, anunció que pedirá un jury de enjuiciamiento por supuesto mal desempeño para el fiscal Sidoti, que entregó el cuerpo y la vida de Ayelén a su femicida. Es lamentable lo poco que vale la palabra de una mujer, de una joven, de una niña, para jueces y fiscales en la Argentina. Hasta que están muertas. Y les estalla en la cara a los gobernantes, el reclamo por #NiUnaMenos. ¿Por qué no toman antes las medidas urgentes y necesarias para que se incorpore la perspectiva de género en la Justicia, como un estándar de calidad de justicia, para limpiar los tribunales de jueces y fiscales machistas? Con una justicia patriarcal no hay #NiUnaMenos.