Este es el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Atlético, Banco y Olimpo (ABO).
Imagen: Rafael Yohai.

Miguel D´Agostino quería mirarle la cara a los jueces. Ver que lo vieran. Los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 iban a decidir la suerte de uno de los nueve acusados del juicio, el único ex miembro del Ejército, Alfredo “Cacho” Feito. Su defensa había pedido que lo aparten del juicio. D’Agostino quería estar ahí para escuchar a los jueces. Más allá de todo lo que podían decir fiscales, querellas y defensas, dijo, “quiero que me vean”. “Que sepan que los que estamos esperando la respuesta somos nosotros, los testigos”, de los tres campos de concentración, aquellos organizados secuencialmente en Atlético, Banco y Olimpo.

El presidente del Tribunal aceptó.

–Está bien, los testigos que hablarán durante el juicio –explicó Rodrigo Giménez Uriburu– pueden quedarse en la sala hasta que se resuelva el planteo, pero después haremos un cuarto intermedio y luego se van. Allí era el momento del comienzo formal del juicio: las declaraciones indagatorias de los acusados.

Miércoles 28. 9 am. La sala de Comodoro Py. La hora prevista de la audiencia destinada a Feito. Nada. 9.30. La sala vacía. 10. Lo mismo. Varios pisos más arriba, D´Agostino se acercó a la ventanilla del tribunal. ¿Cuánto más será la demora? Quienes se iban acercando comenzaron a saber, así, que gran parte de los detenidos siguen en el penal de Marcos Paz. Al parecer, el único vehículo del Servicio Penitenciario Federal encargado de los traslados de los acusados por crímenes de lesa humanidad había salido a buscarlos a las ¡seis de la mañana! pero todavía no había llegado.

Las 11. Comenzó la audiencia. Giménez Uriburu leyó la resolución esperada. Feito fue condenado a 18 años de prisión en junio de 2012 durante el juicio ABO II. Llegó a este nuevo juicio acusado por el homicidio de Santiago Bernardo Villanueva y nueve secuestros y tormentos. Su defensa pidió sobreseimientos para todos los casos al entender que ya fue juzgado.

Durante el juicio pasado, la fiscalía reiteró lo que viene pidiendo hace años: que en los casos en los que existen pruebas de homicidios, los perpetradores sean condenados de modo integral. En aquel momento, el tribunal dijo que no. Que como Feito había sido acusado sólo por secuestro y torturas, no podía ser condenado por homicidio. Separó la acusación por homicidio y volvió a mandarla a la instrucción para que sea investigada de nuevo y por separado, en un circulo que toma en cuenta garantías jurídicas pero que a la vez se vuelve un inacabable dilema para la elaboración de pruebas y búsqueda de justicia, no sólo para las víctimas, sobrevivientes sino para los propios acusados. El juzgado de Daniel Rafecas finalmente le imputó el homicidio para este juicio. Entendió que los hechos quedaban re–significados por la lógica jurídica. Una vez comenzado el juicio los defensores de Feito se opusieron.

“Hemos decidido rechazar los cargos de homicidio”, dijo Giménez Uriburu en la audiencia, sin quitar la vista del escrito. D´Agostino lo miraba desde una silla varios metros atrás. “No se han encontrado elementos nuevos que modifiquen los hechos que ya fueron juzgados –explicó el juez–. Se trata al homicidio como un hecho independiente cuando en realidad no hay elementos que modifique los acontecimientos históricos”. Inmediatamente pasó a la segunda respuesta: los planteos por las nuevas acusaciones de secuestros.

Los defensores habían dicho que como ya había sido juzgado por su participación en el engranaje represivo, entonces ya había sido juzgado por cualquier delito cometido en ese marco. Los jueces, esta vez, dijeron que no. “Se trata de bienes jurídicos distintos, personas distintas, víctimas distintas, que no formaron parte de casos atribuidos con anterioridad”. Feito seguirá en juicio.

–Me gustaría explicar que como se vio hoy, este será un juicio extenso, con jornadas de varias horas y producción de prueba –señaló uno de los defensores antes de que se ordenara el cuarto intermedio–. Nuestros asistidos, para llegar a tiempo, se levantan a las tres o cuatro de la mañana, si todo sale bien, los llevan a Devoto desde donde los redistribuyen para los traslados: hoy debían haber llegado a las nueve. Hacen ese viaje esposados hasta …

–¡Y si! –dijo alguien en la sala, en un diálogo que probablemente sólo oían los familiares y supervivientes y testigos sentados detrás.

–Esperan en la alcaldía de este edifico, los martes, especialmente, permanecen más horas..

–¿Y? –volvió a escucharse.

El defensor dijo que otros tribunales permiten a los acusados no estar en las salas de audiencias, escuchen los debates en sus lugares de detención. También dijo que sabe que están presentando escritos en el ministerio de Justicia por las condiciones de detención. Habeas corpus, explicó.

La fiscal Gabriela Sosti salió rápido a decir lo que tenía que decir: “Los imputados deben asistir al debate. Lo único que la ley prevé es que estén en la sala contigua a disposición. La presencia de ellos en la sala es importante porque permite pensar en situaciones espontáneas”. Recordó que el mismo tribunal vedó la posibilidad de que los reporteros les tomen fotografías por si iban a ser sometidos a reconocimientos. Y citó un escrito del propio presidente del tribunal, en el juicio por la tragedia de Once, en el que considera indispensable la presencia “ininterrumpida de los acusados durante todo el debate como garantía máxima” de una ley que no admite interpretaciones. Giménez Uriburu dijo en esa oportunidad que sin esas presencias un juicio se trasforma en un juicio en ausencia, violando el principio de publicidad.

–Y en cuanto a lo que dicen de la incomodidad, con todo el respeto, digo que es insostenible –agregó la fiscal–. Pretenden habilitar un privilegio que la ley no habilita. Esto es un juicio oral, y esa incomodidad existe para todas las partes.

¿Será que el Tribunal les permitirá ver los juicios por video conferencia como si se tratara del Mundial? Todos los querellas adhirieron a los fundamentos de la fiscal. Alguna abrió la alternativa de la video conferencia, pero no para los que tienen domiciliarias. Los acusados finalmente no declararon. La próxima audiencia será el miércoles 6 de octubre.