Domingo, 2 de octubre de 2016 | Hoy
EL PAíS › LA SEMANA QUE EMPIEZA Y LA OFENSIVA JUDICIAL CONTRA CFK
La causa paralela contra la ex presidenta enfrenta el juicio de la Cámara, mientras Bonadio insiste en acusarla de traición por el Memorandum. La modelo que habla, el lenguaje de Moldes.
Por Raúl Kollmann
Esta semana se desarrollarán nuevos capítulos de la insólita batalla político-judicial alrededor del caso AMIA. El martes, la Sala II de la Cámara Federal concretará una audiencia para decidir si permite que el juez Claudio Bonadio siga adelante con un expediente en el que se pretende juzgar a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por el delito de traición a la patria debido a la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán y a la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. La otra Sala de esa Cámara Federal ya objetó la existencia de este expediente mellizo: Eduardo Freiler señaló que es intolerable y Jorge Ballestero consideró, en tono irónico, que es una situación singular. Ambos camaristas coincidieron en que se trata de una causa paralela, una colectora, basada en los mismos hechos por los cuales la Sala I ya dijo que no existe delito. En los dos expedientes actúa el fiscal Germán Moldes, que esta semana calificó de ratas y peste a los jueces que no fallaron como él creía que debían, lo que llevó a los abogados de Timerman a recusarlo por pérdida de objetividad. En otro piso de Comodoro Py, esta semana, declarará la modelo Florencia Cocucci, quien se presentó a la justicia diciendo que la extorsiona un ex representante a raíz del caso Nisman. La denuncia no parece tener nada que ver con la muerte del fiscal –aunque los protagonistas digan que sí y Cocucci declare en el expediente–, pero exhibe nuevamente los asombrosos gastos de Nisman.
La Sala II de la Cámara Federal recibirá el martes a los abogados Alejandro Rúa y Graciana Fort, quienes pidieron el cierre de la causa por traición a la patria que aceptó instruir el juez Bonadio. Dos personajes de la derecha vernácula iniciaron el expediente. El habitual denunciador Santiago Dupuy De Lome, vinculado al PRO, quien en su momento hizo el papelón de acusar falsamente a Axel Kicillof de cobrar 400.000 pesos mensuales en YPF, y el abogado José Mangiocalda, que no sólo acusó a CFK y Timerman sino que extendió la acusación a los 131 diputados y 39 senadores que votaron el Memorandum en el Congreso. Después se sumaron a la causa dos familiares de las víctimas, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, cercanos a la conducción de AMIA y DAIA, que fueron tenidos como querellantes.
Uno de los argumentos con los que se puso en marcha la colectora fue la existencia de una llamada entre Timerman y el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, en que el canciller explicaba que el camino para que declaren los sospechosos iraníes ante el juez Rodolfo Canicoba Corral pasaba por negociar con Irán. Los jueces de la Sala I, Ballestero y Freiler, tuvieron que resolver sobre esa llamada, lo que confirma lo afirmado por ambos: se armó una causa paralela sobre los mismos hechos. “Lo que en un caso se pretende llamar encubrimiento, en el otro aparece como traición a la patria”, señalaron Ballestero y Freiler, cada uno con sus propias palabras.
En su evaluación del contenido de la llamada, los dos camaristas dijeron que no existe irregularidad alguna. Que Timerman le dijo a Borger lo que era público, que Irán está acusado de poner la bomba y que venía esquivando todas las convocatorias de la justicia argentina. Pero, además, aunque los camaristas no dictaminaron sobre la validez de la llamada, ambos merodearon la idea de que usarla como prueba es ilegal ya que fue obtenida de forma clandestina. Los dos protagonistas negaron haberla grabado, es decir que el origen no es una orden judicial, sino uno ilegalidad.
En su afán de encontrar algún ángulo por el que acusar a CFK y Timerman, el juez Bonadio trata de demostrar que el Memorandum no lo armó el equipo de la cancillería, sino que fue el equipo político para favorecer a los iraníes. En verdad no cambia nada: el Ejecutivo, en cabeza de un presidente y un canciller, tiene la facultad de decidir y ejecutar la política exterior. Más allá de eso, otra vez se pretende investigar los hechos ya analizados por la Sala I, que dijo que “el Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”.
Aún así, Bonadio citó a los ex cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana y a la responsable judicial del ministerio, Susana Ruiz Cerruti, pero poco pudo avanzar en la recolección de pruebas hacia la traición a la patria. El que dió la nota fue el ex vicecanciller Roberto García Moritán, renunciante en época del kirchnerismo y convocado por Mauricio Macri para viajar con el presidente a las Naciones Unidas en ocasión de la cumbre nuclear. García Moritan sostuvo que está convencido que el Memorandum se firmó para buscar la impunidad de los sospechosos iraníes, con lo que respaldó la ofensiva contra CFK y Timerman. García Moritán alegó que en la reunión de Interpol de 2007, el ex titular de esa organización, el norteamericano Ronald Noble, dijo que se podían levantar las órdenes de captura con alertas rojas, no sólo por orden de un juez, sino también cuando los países se ponían de acuerdo. El ex vicecanciller alega que eso es lo que se puso en marcha seis años después, en 2013, cuando se firmó el Memorandum. Y para ello es que se notificó a Interpol del acuerdo.
La realidad es que no se entiende entonces por qué no se levantaron las alertas rojas y, sobre todo, cuál fue la razón por la que Irán ni siquiera puso en vigencia el acuerdo, dado que no lo hizo aprobar ni por su parlamento ni por sus consejos ejecutivos. La abogada Lucila Larrandart, defensora de Andrés Larroque, señaló: “Se trató de un encubrimiento tan inexistente que los iraníes no lo quisieron. No aprobaron el Memorandum”.
En paralelo, el ex canciller Timerman aportó un documento categórico: en la notificación a Interpol, con fecha 15 de febrero de 2013, dos semanas después de la firma del Memorandum, la Argentina dejó constancia de que el tratado no implicaba ninguna modificación de las órdenes de captura. Timerman pedía una ratificación de Interpol sobre ese punto, algo que Interpol contestó el 15 de marzo confirmando que no habría cambios en las capturas.
Todas estas idas y venidas son una nueva demostración del único objetivo que tienen las dos causas: imputar a la ex presidenta y al ex canciller por lo que sea, encubrimiento o traición a la patria. Y como no se pudo con Daniel Rafecas y la Sala I se intenta, sobre la base de los mismos hechos, con Bonadio y la Sala II.
Los abogados de Timerman, Rúa y Peñafort, pedirán el cierre del expediente Bonadio por doble persecución penal. En el estrado estarán Eduardo Farah y Martín Irurzun. El primero de la escudería que encabezó el ex espía Jaime Stiuso y el segundo reportando al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Ambos, fuertes protagonistas de la ofensiva judicial contra el anterior gobierno. El tercer integrante de esa Sala, Horacio Cattani, está de licencia y no se sabe si estará en la audiencia.
El viernes se conoció la recusación que presentaron Rúa y Peñafort contra el fiscal de Cámara Germán Moldes, que actúa en las dos causas. Ya en sus escritos, el funcionario fue advertido por la virulencia de sus términos y, sobre todo, por no aportar argumentos jurídicos, sino discurrir sobre acusaciones que no se trataban en el expediente.
Sin embargo, después que la Sala I ratificó que no existe delito en la denuncia de Nisman, el fiscal se despachó de manera nunca escuchada en el Poder Judicial: señaló que debería hacerse una desratización, en alusión a los camaristas, y luego tildó específicamente a los jueces de “peste purulenta”. Rúa y Peñafort no sólo marcaron que Moldes perdió toda objetividad, un requisito pedido a los fiscales, sino que actúa con desequilibrio y hasta con una actitud nazi, cuando habla de eliminar a fiscales, jueces y camaristas. La Sala I deberá ahora convocar a una audiencia para resolver si aparta o no a Moldes de este expediente y, en general, de todos los que tienen que ver con CFK.
Como se sabe, la causa por la muerte de Alberto Nisman se instruye ahora en la justicia federal y fue derivada por el juez Julián Ercolini al fiscal Eduardo Taiano. Durante la semana que pasó, la modelo Florencia Cocucci fue llamada a declarar por Taiano. Y aunque públicamente se dijo que su testimonio se postergó, la realidad es que declaró el miércoles pasado. Cocucci había señalado que la amenazaron por el caso Nisman pero luego se desdijo y su denuncia tuvo que ver con la relación con su ex representante Leandro Santos. Finalmente, después de varias idas y vueltas, la modelo aceptó declarar y dió detalles llamativos de su viaje a Cancún con Nisman.
La verdad de aquella travesía es que Cocucci viajó para tapar que el fiscal viajaba con otra modelo, cuyo nombre este diario mantiene en reserva. Ambas chicas supuestamente iban como amigas, pero lo cierto es que todos los pasajes fueron pagados por el fiscal. Además, Cocucci no pudo ni identificar la agencia que las había contratado para hacer fotos y admitió que las escasas fotos que se sacaron no fueron publicadas en ningún lado.
El fiscal Taiano no sólo le tomó declaración a Cocucci sino que ordenó medidas de prueba, entre ellas la certificación de la causa que hoy instruye Bonadio y que tiene que ver con las cuentas ocultas de Nisman en Nueva York y Uruguay, las propiedades no registradas en Punta del Este y en Buenos Aires y las cuatro cajas de seguridad de las que no se pudo conocer el contenido. La que destapó el velo sobre la fortuna escondida del fiscal fue su propia ex pareja, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lanzó la hipótesis de que a Nisman lo mataron por razones económicas. Desde el punto de vista pericial, la teoría del homicidio hace agua en el expediente. Todo indica que el fiscal se quitó la vida con un disparo a un centímetro de distancia, dentro del baño, sin que existan rastros ni de pelea ni siquiera de desorden y con una pistola que él pidió prestada. Aún así, Taiano decidió no dejar de lado la economía oculta, no registrada, de Nisman.
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