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Mientras el Gobierno repite una y otra vez que no reprimirá a los piqueteros que llevan cinco días de huelga de hambre en reclamo de la restitución de los 250 mil planes dados de baja, dos fiscales federales comenzaron a seguir de cerca cada movimiento dentro del hall de entrada del Ministerio de Trabajo. Luis Comparatore y Patricio Evers tramitan una investigación preliminar, ya que entienden que “podríamos estar en la peligrosa antesala de hechos graves que desembocarían en la afectación de bienes jurídicos de gran importancia”. El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, consideró que la intervención de los fiscales fue promovida por el propio Gobierno para “no ser ellos los denunciantes” y que ahora se inicia “lo que nosotros llamamos represión judicial”.
La quinta jornada en el hall del Ministerio de Trabajo se inició ayer con la visita de una fiscal contravencional que les informó a los piqueteros que debían liberar la avenida Leandro N. Alem. Tras rechazar la notificación, los integrantes del MIJD y del Movimiento Teresa Vive recibieron una segunda noticia: los fiscales federales Comparatore y Evers resolvieron dictar una “intervención preliminar” a raíz de las informaciones de la prensa sobre la “ocupación de una dependencia oficial por parte de grupos de piqueteros”.
Aunque los fiscales no recibieron ninguna denuncia formal, ni de parte de la Policía ni de alguna autoridad nacional, entendieron que “podríamos estar en la peligrosa antesala de hechos graves”. Sin embargo, tanto el Gobierno (ver recuadro) como los propios líderes piqueteros no dejan de repetir que no se llegará al límite de la represión. “Siempre nos preocupamos por el cuidado de todos nuestros compañeros. En 11 años de lucha jamás hemos tenido algún herido o algún muerto”, expresó Castells a Página/12. A pesar de la promesa de los funcionarios, el dirigente consideró que los fiscales “recibieron instrucciones de desalojarnos y así iniciaron lo que llamamos represión judicial”.
El reclamo de los desocupados se centra en que el Gobierno ponga en funcionamiento una comisión auditora presidida por un grupo independiente “que revise y restituya los planes que se dieron de baja de manera injustificada”. La iniciativa fue rechazada de plano por los funcionarios, quienes sostuvieron ayer que “los piqueteros no son los dueños de los planes ni son auditores”. Las agrupaciones aseguran que “si se va a una auditoría todo esto se resuelve en cinco minutos. Pero el Gobierno no quiere porque demostraría que el grueso de las bajas de los planes de empleo son injustificadas”.
El que apareció ayer en escena fue el titular de la FTV Luis D’Elía, quien una vez más apuntó sus dardos contra Castells. “No se puede construir ninguna verdad a partir de una mentira” afirmó y luego repitió la misma explicación que da el Gobierno. “Lo que ha pasado es que 120 mil desocupados consiguieron trabajo y con otros 100 mil hubo problemas de carácter administrativo”, dijo. Al ser consultado por la opinión de D’Elía, quien también acusó a Castells de “ser capaz de ponerle una bomba a sus compañeros para estar en el centro de atención”, el líder del MIJD respondió irónicamente: “nosotros hablamos con sus jefes, los funcionarios del Gobierno, y no con voceros”.
Los integrantes del Teresa Vive y del MIJD ratificaron que participarán de la movilización prevista para mañana, que irá desde la sede del Ministerio de Trabajo hasta el Congreso para exigir la restitución de los 252.500 planes y la anulación de la Ley de Reforma Laboral. Además, repitieron que si “el Gobierno sigue sin escucharnos y este tema no se soluciona extenderemos los cortes a 16 provincias más. Están a 20 pasos, pero les importa poco la situación de ese cuarto de millón de personas”.

Informe: Martina Noailles.