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El conflicto entre la Iglesia y el gobierno de San Luis se agrava cada vez más. Ayer, tres mil personas marcharon por las calles de la capital para reclamarle al gobernador, Alberto Rodríguez Saá, que le devuelva a la Iglesia el manejo de hogares y comedores de niños y ancianos.
El gobernador, que alguna vez se definió como ateo y que mantiene un viejo enfrentamiento con la Iglesia, impulsó en la Legislatura provincial una ley que estableció un nuevo sistema de protección social. Como parte de la reforma, la Iglesia perdió el manejo de cuatro hogares dedicados al cuidado de niños y ancianos en situación de abandono.
“A través de una breve, pero intensa campaña de difamación, el gobierno de la provincia de San Luis ha querido expresar su voluntad de agraviar a la Iglesia entera”, aseguró ayer el obispo puntano, Jorge Lona.
Por la tarde, monjas y sacerdotes encabezaron una manifestación por las calles de San Luis, a la que se sumaron unas tres mil personas. “Esta persecución por parte del gobierno provincial no viene de ahora sino que tiene años, pero se hizo mucho más fuerte cuando el pasado 20 de enero de este año recibimos una carta documento donde nos dicen que se rescinde el contrato”, agregó en la marcha la hermana Wittman, hasta hace poco a cargo del Hogar del Niño.