[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El día después de la tensa reunión mantenida con la cúpula del Fondo Monetario Internacional en Miami y en medio de la reacción de algunos sectores vinculados con el establishment, el Gobierno ratificó que no realizará nuevos ajustes para pagar más a los acreedores. En respuesta a la caída record de la Bolsa de casi el 8 por ciento, los “consejos” de la ortodoxia económica de “mejorar” la propuesta de pago y las presiones judiciales de las inhibiciones sobre propiedades protegidas por convenciones internacionales, el Poder Ejecutivo respondió duramente al FMI. Sin embargo, también dio pasos que aceleran la renegociación de la deuda en cesación de pagos. Como adelantó Página/12, se anunció la conformación del sindicato de bancos que tendrá a su cargo colocar la nueva deuda con quita del 75 por ciento.
Los viejos “mercados”, cuyas últimas tareas fue asolar la administración de Fernando de la Rúa y especular con el dólar tras la desordenada devaluación, sobrerreaccionaron ayer a las presiones recibidas por Roberto Lavagna en Miami y, de acuerdo con el análisis realizado por algunos operadores, consideraron que el país se encuentra más cerca del default con los organismos, lo que se tradujo en una corrida vendedora en la Bolsa de Comercio (ver aparte). Pero, a diferencia de los tiempos de la Alianza, estos sectores perdieron su tradicional capacidad para desestabilizar las variables económicas y se prevé que la movida sólo tendrá un efecto transitorio.
Aunque la información fue difundida por el Ministerio de Economía en las últimas horas de la tarde, ayer el Gobierno salió a contrarrestar los efectos de las medidas judiciales en Estados Unidos sobre bienes protegidos por la legislación internacional. Se trata de las inhibiciones sobre bienes de las Fuerzas Armadas y la residencia de un agregado naval que favorecieron al fondo buitre NML, del que sólo se conocen sus siglas. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en vigencia desde el 24 de abril de 1964, es taxativa. En el punto 3 de su artículo 22 sostiene que “los locales consulares, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”.
En pocas palabras, los bienes que el Estado utiliza para su representación son inembargables. En consecuencia, las inhibiciones sobre propiedades argentinas que cumplen estas características resultaron extrañas al Gobierno y fueron rápidamente asociadas al juego de presiones por la compleja reestructuración de la deuda con acreedores privados. El presidente Néstor Kirchner las calificó de “pequeñas actitudes” destinadas a “crear fuegos de artificio”. En tanto que el embajador en Estados Unidos, José Octavio Bordón, aseguró que el Gobierno apelará las medidas, a las que consideró como “presiones de sectores financieros especialistas en complicar” las negociaciones. El efecto práctico de las inhibiciones es que en el caso de un potencial embargo, quienes obtuvieron la inhibición a su favor quedan primeros en la cola de los demandantes. Son los primeros en cobrar.
Aunque de los comunicados dados a conocer en paralelo por el Ministerio de Economía y el FMI tras la reunión del lunes, los que hacían escueta referencia a un diálogo “constructivo y útil”, pareció surgir la voluntad de bajar los decibeles de la disputa, el Poder Ejecutivo volvió a cargar contra el organismo financiero. En un acto en San Nicolás, cuando ya se conocían los datos de la singular caída de la Bolsa, Néstor Kirchner recordó que el Fondo fue “el auditor y contador de quienes endeudaron el país en la década del noventa” y “lo dejaron endeudarse de cualquier forma”. Además volvió a insistir, sin vuelta atrás, en que no hay margen para quienes demandan más ajuste para destinar el excedente a los acreedores. “No es un capricho, no es una posición intransigente. Cuando digo que podemos pagar el 25 por ciento de la deuda estoy hablando con la verdad. Si se paga más se va a pagar como en la década del noventa, con elhambre del pueblo, y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino”, aseguró.
Mientras esto ocurría, y como fuera adelantado por Página/12 en su edición de ayer, el ministro Roberto Lavagna daba a conocer en una conferencia la conformación del sindicato de bancos que tendrá a su cargo la tarea de realizar el nuevo megacanje de deuda (ver aparte). La diferencia es que, esta vez, la deuda vieja no se cambiará por nuevos papeles con tasas siderales, como en la ruinosa operación de julio de 2001 diseñada por Domingo Cavallo y Daniel Marx, sino por papeles que incluirán la quita global del 75 por ciento. Se trata de la herramienta que logró distender la reunión de Miami y que es considerada clave para la aprobación de la segunda revisión de las metas a cumplir con el FMI.
El sindicato quedará integrado por los estadounidenses Barclays Capital y Merrill Lynch y el suizo UBS Warburg, quienes fueron seleccionados como Organizadores Regionales. Estas entidades serán las que implementarán el proceso en todo el mundo, excluido Japón. Según el ministro, “los tres bancos tienen participación importante en mercados emergentes y en América latina y están dentro de los 10 primeros colocadores” de deudas soberanas. En el mercado local, en tanto, la operación será realizada por el consorcio formado por el Banco Nación, el Banco Francés y el Banco Galicia, aunque se aclaró que el convenio “aún no fue firmado”. En cambio, los contratos con los bancos internacionales fueron firmados ayer en Nueva York. “El FMI conoció la decisión hoy, ya que ayer durante el encuentro en Miami sólo se había anticipado que las gestiones estaban avanzadas”, destacó Lavagna. Sin embargo, fue un punto suficiente para distender el encuentro.
El próximo paso será ahora “comenzar a trabajar en los detalles de la propuesta. El interés del gobierno es que sea en el plazo más breve posible”. Para ello, Lavagna dijo que “se dialogará con toda clase de acreedores”, pero advirtió que “sin reconocimiento de ningún grupo en carácter de negociador”. Esto es, el paso para los supuestos representantes de bonistas, como por ejemplo los lobbistas de los bancos italianos, quedó cerrado.