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La Corte Suprema confirmó la validez del juicio político contra el camarista federal salteño Ricardo Lona, acusado entre otras cosas por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas durante la última dictadura militar. El juez había reclamado que se interrumpiera el proceso porque antes de que se iniciara había presentado la renuncia, que no le fue aceptada por el Ejecutivo. El máximo tribunal, integrado parcialmente por conjueces, rechazó el recurso de queja.
La posición que avaló el Jury de Enjuiciamiento contra Lona fue impulsada por el conjuez Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y su colega Pablo Gallegos Fedriani, presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hasta el año pasado.
Los presidentes de las cámaras de Apelaciones intervinieron como conjueces debido a que los ministros Carlos Fayt, Eugenio Zaffaroni, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi se excusaron de intervenir en el caso. Las posiciones del resto de los jueces titulares de la Corte se repartieron así: Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano se pronunciaron contra la queja presentada por el salteño; Adolfo Vázquez aportó el único voto disidente.
Lona fue acusado por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño en sus funciones” por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas, por actuar como albacea sin autorización en una sucesión millonaria y por no investigar la supresión de identidad de un menor entregado a un matrimonio francés.
El camarista renunció cuando estaban por acusarlo, para intentar evitar su destitución, pero el Poder Ejecutivo no aceptó (ni rechazó) su presentación y el juicio político en su contra siguió adelante. Para interrumpirlo, Lona confió en la Corte. De hecho, el dictamen del procurador Nicolás Becerra le dio la razón. El funcionario argumentó que el jury debía cerrarse, pero las esperanzas de Lona de eludir su destitución se desvanecieron ayer con la decisión de la Corte. Ahora no le quedará otra que esperar al 18 de este mes, cuando el jurado de enjuiciamiento pronuncie su veredicto.
La semana pasada se escucharon en el juicio político los alegatos de acusación y defensa de Lona. La primera posición fue sostenida por los miembros del Consejo de la Magistratura Marcela Rodríguez (diputada del ARI) y Beinusz Szmukler. “Lona ha mostrado un absoluto desprecio por los derechos humanos más elementales”, aseguró en esa oportunidad Rodríguez al hablar de la Masacre de Palomitas, en la que el 6 de julio de 1976 fueron fusilados doce presos políticos que supuestamente iban a ser trasladados a Córdoba. Lona está involucrado en el hecho porque fue acusado de autorizar el viaje sabiendo que no era un procedimiento común. Rodríguez mencionó que el camarista no investigó el caso hasta 1983 y señaló que cuando los presos de Villa Las Rosas denunciaban torturas, las ignoraba.
El ex camarista Andrés D’Alessio y el abogado Luis Lozano defendieron el desempeño del juez durante el terrorismo de Estado. El propio Lona hizo uso de la palabra para acusar al juez salteño Abel Cornejo, consejero de la Magistratura, de ser el autor de una maniobra destinada a destituirlo. Dijo también que el juicio político en su contra era “el resultado de un montaje pergeñado en base a la mentira, el resentimiento y la codicia”.