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Los diputados justicialistas ya decidieron: se encolumnan ciegamente detrás del incremento a las penas como única respuesta a los reclamos de mayor seguridad. En cambio, el centroizquierda –opositora u oficialista– se niega a respaldar esta alternativa. Entiende, con algunos matices, que el problema a resolver es la íntima relación que existe entre corrupción policial y el poder político. Así, este sector de la oposición rechazará, aunque sin éxito, las iniciativas justicialistas.
Alicia Castro, del bloque Frente para el Cambio, no cree en la sinceridad del entusiasmo de los diputados del PJ. Es más, duda incluso de la actitud del gobernador bonaerense, Felipe Solá, de quien dice que cultiva un perfil rayano con la indiferencia, ya que no dio muestras de querer darle una solución seria al reclamo de mayor seguridad.
“Antes que discutir los instrumentos, el Congreso debería debatir los objetivos, porque más allá de que existan delitos que necesitan un incremento de penas –como es el caso de las violaciones– el problema de fondo es la connivencia entre el poder político y la mafia penitenciaria y policial”, dijo Castro.
Prácticamente en la misma línea está el socialista Jorge Rivas, quien sostiene que el reclamo del jueves pasado –si bien legítimo y real– está más relacionado con la aplicación de políticas preventivas que con modificaciones al Código Penal. “Lo que busca el PJ es desviar el centro del debate. Y es lamentable que un personaje patético y repugnante como (Carlos) Ruckauf sea mostrado como el referente en temas de seguridad del bloque oficialista. Este hombre, antes de fugarse de la gobernación, implementó políticas de seguridad rayanas con la locura, como cuando designó a Aldo Rico, y que demostraron ser un total fracaso”, aseguró.
“Lo que plantea el PJ es básicamente un espectáculo mediático, pero que no pretende dar respuestas serias. Si así fuera, no deberían ser Ruckauf, (Jorge) Casanovas o (la ri-quista) Mirta Pérez los que traduzcan las necesidades de seguridad que exige la población”, señaló desde el ARI la diputada Laura Musa. La legisladora coincide con la necesidad de avanzar en el desmembramiento de la cadena de complicidades entre la política y la policía, pero critica la calidad de los proyectos oficialistas. “Son técnicamente malos porque en derecho penal no se puede actuar por emergencias”, agregó. Musa consideró además que todo lo que propone el PJ “es una mentira porque elude el problema, lo que equivale a transformarse en cómplices de ese acuerdo delincuencial entre política y policía. Si ello no se ataca, todo el resto es placebo”.
El kirchnerista Miguel Bonasso tampoco adhiere a la iniciativa del bloque oficialista. Considera que la seguridad ciudadana es una cuestión de Estado y, por lo tanto, “no puede ser discutido de forma espasmódica ni al compás de cualquier marcha, por más correcta o emotiva que fuera”. Bonasso entiende que hay que avanzar en una profunda reforma de las instituciones policiales –no sólo la bonaerense– y concretar la formación de una especie de FBI criollo. Rechaza de esta manera la idea de conformar una policía que se ocupe de custodiar la Capital Federal y el conurbano: “Sería una mezcla que contendría lo peor de la Federal y de la Bonaerense”, dijo. También avanzó sobre la necesidad de crear una policía exclusiva para la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, “sin divisiones clasistas” como representan las escuelas para oficiales o suboficiales: “Los grados se ganan en la calle y no en el escritorio, dejando pasar los años mientras se engorda”. Más allá de las coincidencias, la posibilidad de que el centroizquierda pueda modificar el eje del debate son escasas, hasta nulas.